SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Detrás de la demanda incoada contra el proceso de licitación para construir e incorporar dos plantas a carbón de 376 megavatios al sistema energético estarían sectores locales con fuertes intereses en el negocio de la generación, denunció este martes el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara.
Reiteró que el resultado de la licitación, que ganó en noviembre del 2013 el consorcio Norberto Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella, fue reconocido incluso por escrito por los demás licitantes finalistas, que fueron las firmas Posco, China Gezhouba Group y Sepco III Electric Power Construction Corporation.
Afirmó que adversarios al proyecto estatal, a quienes evadió identificar, pretenden amedrentar a la banca internacional y los organismos multilaterales para bloquear el financiamiento de la obra, cuyo costo global se proyectó en 1,495 millones de dólares (US$1,945 millones). De este monto, el Estado dominicano aportaría alrededor de US$400 millones, de los cuales habría desembolsado ya US$250 millones.
“Si nos bloquean el financiamiento por darles temor a los bancos, nos quedamos sin plantas” a carbón, dijo el funcionario
El pasado miércoles, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dispuso la suspensión del proceso de licitación pública internacional correspondiente a las centrales que se levantan en la zona de Punta Catalina, en la provincia Peravia. La sentencia del TSA, que Jiménez Bichara considera irracional, favoreció con una medida cautelar al Consorcio IMPE, C. por A., contraparte local de la empresa china Gezhouba Group Company Limited, CGGC.
Bichara advirtió que los sectores adversos a la iniciativa ponen en peligro el financiamiento externo requerido, al enviar copias de la referida sentencia a las potenciales fuentes de financiamiento, incluyendo al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), del Brasil, con el que el Gobierno gestiona un préstamo por unos US$700 millones para implementar la obra.
“Si nos bloquean el financiamiento por darles temor a los bancos, nos quedamos sin plantas” a carbón, dijo el funcionario en el marco de un almuerzo con editores y ejecutivos de medios, organizado por la firma brasileña Odebrecht, ganadora de la citada licitación.
Tras señalar que sectores vinculados a la generación “se sienten desplazados” del mercado con el proyecto, explicó que al Estado “no le interesa competir con el sector privado, sino abaratar el costo de la generación”.
Actualmente el 60% de la energía generada tiene un costo promedio de 0.25 centavos por kilovatio/hora, que tras la entrada en operación de la central termoeléctrica podría situarse en alrededor de 17 ó 18 centavos, apuntó Bichara.
Según las proyecciones oficiales, la Central Termoeléctrica Punta Catalina entraría en operación para el 2017, “si no hay dilaciones”, indicó.
Generadores se “chupan” el 87% los ingresos del sector
Debido los altos costos por concepto de la generación, las ataduras contractuales en condiciones onerosas para el Estado, entre otros factores, durante el pasado año el 87% de los ingresos totales del sector eléctrico (US$2,995 millones) fueron para las empresas generadoras. De esta suma, US$1,329 millones –o sea el 45%- correspondieron a transferencias del Gobierno central.
Según las cifras oficiales, el 77% se destinó a la compra de energía producida en gran medida a base de derivados del petróleo, como el fuel oil, y otro 10% por vía de “subcontratos” con empresas generadoras, lo que hace insostenible la situación financiera del sistema.
Jiménez Bichara consideró, en este orden, que incluso el déficit consolidado del sector al 2013, que asciende a US$1,229.7 millones, está “subvaluado”, pues a ello hay que sumarle los cuantiosos subsidios con que el Estado beneficia a los generadores para la adquisición de combustibles, aceites, entre otros gastos operacionales.
Insistió en que el proyecto de plantas a carbón constituye la única alternativa viable para estabilizar el sistema energético y satisfacer la demanda nacional, que crece a un ritmo de 125 megas cada año.