SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento Justicia Fiscal manifestó este martes 30 de septiembre que el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2015 aprobado por el Consejo de Ministros no cumple las metas de asignación presupuestaria establecida en la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END) para salud y educación de cara al próximo año.
Denunció que al mantener sin variaciones la actual estructura de gasto público, el anteproyecto de RD$630,934 millones, posterga la posibilidad de que los sectores más vulnerables del país comiencen a mejorar sus niveles de vida a través del acceso a servicios básicos de calidad.
El Presupuesto mantendría, según la organización, un gasto social 77% inferior al promedio de América Latina y el Caribe. Y en el área específica de salud, la asignación sería 50% menos que la media regional, mientras que en educación, a pesar del asignado 4% del PIB, la diferencia sería de 30%. Por lo cual, Justicia Fiscal criticó que todo el incremento del presupuesto será absorbido por el aumento en los intereses para los que habrá que disponer de RD$17,000 millones adicionales.
“Con la estructura fiscal vigente es muy difícil cumplir con mayores niveles de gasto social debido a la baja calidad del gasto público, el peso de la deuda y la relativa baja presión tributaria. El espacio fiscal, por el lado del gasto, se ha disminuido en los últimos años, esto lejos de reducir las brechas sociales actuales podría aumentar la desigualdad y convertirse en una seria amenaza para la cohesión social”, advirtió Justicia Fiscal.
En el marco del Seminario Internacional Fiscalidad y Desarrollo, que co-organiza junto a Oxfam, el movimiento manifestó que para el colectivo ciudadano, la eficacia en el uso de los recursos públicos sigue como una tarea pendiente, pues el ejercicio presupuestario todavía está determinado por el presupuesto histórico.
Además, resaltó que durante la última década, las transferencias corrientes se han convertido en el lado oscuro del gasto público. “En 2003, por ejemplo, representaban un 11% del éste, mientras que en 2013 alcanzaron un 25%. Es decir, 2.3 veces mayores: Al no estar desagregadas en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGEF), no se permite evaluar los niveles de dispersión e ineficiencias en la asignación de los recursos públicos”.
Sector eléctrico
Justicia Fiscal sostuvo que el sector eléctrico es otra gran muestra de la ineficiencia del sistema fiscal dominicano y de su incapacidad de sostener un gasto social que genere verdadero desarrollo humano.
Señaló que durante el período 2009-2013 las transferencias a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) para cubrir su déficit corriente, pasaron de US$450.3 millones a US$965.2 millones, sin que esto haya representado una mejoría en el bienestar de la mayoría de la población.
Indicó que en la actualidad el 54% de los hogares dominicanos reciben en promedio 7.3 horas de apagones al día. Pero los hogares del segmento A y B reciben entre 1 y 5 horas, mientras que los del segmento C y D (los de menores ingresos) reciben entre 7.3 y 9.1 horas.
Estableció que la estructura tarifaria que sustenta la distribución eléctrica subsidia a todos los sectores sociales. Pero que al estar más limitada la oferta a la población de menores ingresos versus mayores horas de apagones, el subsidio beneficia más a los sectores de mayores ingresos, lo que desde el punto de vista de la equidad es condenable.
“Los hogares más pobres no solo pagan más impuestos en proporción al ingreso, sino que están siendo perjudicados con menores subsidios generalizados que premian al que tiene mayor riqueza”, dijo Justicia Fiscal en un documento informativo donde sostiene que el problema eléctrico debe ser abordado desde el punto de vista de la justicia distributiva y no desde la provisión privada con soluciones mercantilistas.