SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, favoreció este lunes una reforma al Código de Trabajo que incluya aspectos nodales del sistema, como la reestructuración del Ministerio de Trabajo y de los procesos laborales.
Recordó que la legislación laboral vigente data de hace 22 años (1992), período durante el que se han implementado tres reformas constitucionales.
“En la reforma del Código a nosotros nos preocupa lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, una institución que precisa real y efectivamente de una reforma institucional, y también lo relativo al proceso laboral, que muchas veces no es lo suficientemente eficiente y hemos visto la cantidad de abusos que se han cometido”, dijo Castaños.
“Sobre el aumento salarial hay un reclamo prácticamente de toda la sociedad y lo que hay que ver son los estudios correspondientes, los aumentos posibles que se pueden hacer"
El directivo de Finjus apuntó que el Ministerio de Trabajo es de las instituciones oficiales que menos recursos maneja, pese a las importantes funciones que le competen. “Es uno de los ministerios a los que menos recursos se le asignan… tenemos que crear conciencia de que es uno de los más importantes, es el que maneja la seguridad Social, todo lo que tiene que ver con lo laboral, todo el régimen de pensiones”, explicó.
En torno a la reforma del Código de Trabajo que promueve el sector empresarial, Castaños señaló que está siendo objeto de controversia debido a que se tocan aspectos sensibles, como las prestaciones, las pasantías laborales y los derechos adquiridos por los empleados.
“Sobre el aumento salarial hay un reclamo prácticamente de toda la sociedad y lo que hay que ver son los estudios correspondientes, los aumentos posibles que se pueden hacer; hay un punto de proponer en vez de la cesantía un seguro de trabajo, y esas son de las cosas que se están planteando”, dijo el ejecutivo de Finjus.
La reforma del Código de Trabajo es una de los puntos que mantienen la mesa las asociaciones empresariales e industriales, como una condición previa para debatir formalmente el reajuste de 30% al salario mínimo que reclaman las centrales sindicales.