SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) objetó los requisitos para el ejercicio profesional de los economistas contemplados en el proyecto de Ley que instituye el Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, indicó que la iniciativa -presentada por la diputada oficialista Olfalida Almonte Santos- puede afectar el mercado “mediante la limitación de la competencia profesional y el establecimiento de una centralización burocrática que limitaría el emprendedurismo económico”.
La legislación establece que sólo podrán ejercer como economistas los dominicanos de origen o nacionalizados, lo que “afectaría el derecho de igualdad configurado en el artículo 39 de la Constitución, puesto que de esta disposición se desprende que las personas no pueden ser discriminadas por razón de su nacionalidad”.
Además, “la ley determinará el porcentaje de personas extranjeras que pueden prestar servicios a empresas”, dejando en manos del legislador un margen de apreciación para adoptar normas que aseguren la nacionalización del trabajo.
Finjus tilda esta exigencia de “desproporcional y discriminatoria” para los profesionales extranjeros que residen legalmente en el país y prestan sus servicios a los sectores público y privado.
Esta disposición, además, generaría trabas a la actividad económica cuando el Estado o el empresariado necesiten la asesoría en un tema que aún no se haya desarrollado en el país y que, por tanto, requieran la participación de economistas extranjeros, lo que privaría al país los aportes de economistas extranjeros altamente calificados.
Castaños agrega que la propuesta regulatoria establecería “barreras” mediante el otorgamiento de licencias o derechos exclusivos a sus colegiados. “La regulación afectará el mercado mediante la limitación irracional de la competencia, imprimiéndole una rigidez que impediría la modernización y el progreso técnico, así como los logros de ciertos objetivos relacionados al libre ejercicio de la actividad económica y el desarrollo” del país, aduce.
Esto queda reflejado “en la disposición que impone la obligación contratar únicamente las consultoras y asociaciones de profesionales en ciencias económicas que estén debidamente inscritas en el Codeco para la realización de estudios o trabajos técnicos de las áreas económicas que requieran las empresas e instituciones tanto públicas como privada; así como imponiendo la necesidad de firma y sello autenticado por el colegio, el cual cobrará una suma de dinero determinada, para que los mismos sean considerados válidos (artículo 11)”.
Atribuciones y competencias del Codeco
Señala Finjus que la normativa reserva al Codeco “un conjunto de atribuciones y competencias que afectan la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en el ámbito nacional, el análisis, diseño y diagnóstico de políticas económicas públicas o privadas, la investigación científica en el campo económico y financiero, así como la acreditación para ejercicio profesional de las y los economistas.
La normativa pretende atribuir a los economistas una serie de labores de investigación y análisis que no son de la exclusividad de estos profesionales. Sostiene que en el ámbito económico se da “una confluencia de disciplinas profesionales” como la estadística, el mercadeo, las finanzas, la administración o la sociología.
“Así que es irrazonable que se pretenda atribuir a los economistas de manera exclusiva el uso de herramientas de investigación que son comunes a otros campos científicos. El conocimiento intelectual detrás de las diferentes metodologías de investigación no es propiedad de una clase profesional, sino que es de uso universal”.
En este sentido, según Castaños, la pretensión del Codeco colocaría a los economistas en una situación de desventaja en relación a otros profesionales que pueden hacer el mismo trabajo sin trabas de acceso para su ejecución.