SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A causa de la corrupción y las deficiencias en la gestión pública se estima que entre el 10 % y 30 % de las inversiones se alejan de la República Dominicana, resaltó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.
Al impartir la conferencia “La corrupción y su impacto en el ambiente empresarial y de seguridad”, en el marco de la Reunión del Consejo de Asesoría de Seguridad en el Extranjero (OSAC), Castaños Guzmán citó el Índice de Competitividad Global 2014-2015, que coloca a la corrupción como el tercer factor más problemático para hacer negocios en el mercado local.
Además, revela que República Dominicana está entre los primeros 15 países del mundo donde más fondos públicos se desvían y en la posición número 107 de 144 en el renglón de sobornos y pagos irregulares.
El directivo de Finjus apuntó que la corrupción, a nivel internacioanl y también localmente, es el resultado de tres factores: oportunidad, beneficio y riesgo.
“La concentración de poder de decisión en una persona, sin un control suficiente, crea la oportunidad. El beneficio se deriva de los ingresos que puede obtener el corrupto (…) y el riesgo viene dado por las posibilidades de que la corrupción sea descubierta y por la dureza del castigo”, explicó.
Castaños Guzmán sostuvo que en la República Dominicana se dan estos tres factores. “Los funcionarios dominicanos poseen una amplia discrecionalidad en los cargos” que desempeñan.
Asimismo, los beneficios económicos que genera la corrupción “son bastante más amplios que el riesgo, como consecuencia de la impunidad reinante, la demostrada incapacidad o falta de voluntad de las instituciones para investigar y perseguir los delitos, la elaboración de jurisprudencias distintas para casos de corrupción versus delitos de poca monta”, entre otras.
Agregó que la falta de fiscalización y control en los órganos del Estado constituye “un caldo de cultivo” para que la corrupción aflore en sus diferentes modalidades: sobornos, captura de políticas públicas, fraude corporativo, carteles.
Estas modalidades de corrupción, como son los sobornos, las comisiones ilícitas, los contratos fraudulentos, el tráfico de influencias, la corrupción en aduanas y otras prácticas “generan un impacto desfavorable en el ambiente empresarial”, que afecta en forma directa la competitividad del país y reduce la posibilidad de captar nuevas inversiones.
En este sentido, el jurista recordó que los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial señalan que las percepciones sobre el control de la corrupción en la RD se reducen a un mínimo 23%, en comparación con los demás países.
Subrayó que aparte de que debilitan la institucionalidad, los efectos de este fenómeno son “especialmente devastadores en el mundo de los negocios al desincentivar las inversiones y generar un ambiente de inseguridad” para las empresas.
Castaños Guzmán destacó que según la Guía Negocios contra la Corrupción del Pacto Mundial de Naciones Unidas, hay una clara evidencia de que en muchos países la corrupción aumenta en un 10% los costos de los negocios y que aumenta un 25 por ciento el costo de la adquisición pública.
Al mismo tiempo, la corrupción dificulta la competencia, “falsea las reglas del juego económico, impide el funcionamiento eficaz del libre comercio y el aprovechamiento de sus beneficios crea recelos sobre el sistema de libre mercado.
Inseguridad ciudadana
Castaños Guzmán expuso que entre la corrupción y la seguridad ciudadana hay un vínculo estrecho, puesto que la criminalidad “se vale de la corrupción para lograr el apoyo de las autoridades” en sus actividades delictivas.
En tanto que la inequidad económica y social que genera la corrupción es también caldo de cultivo para el aumento de los delitos y la violencia.
Citó la encuesta Gallup-Hoy, publicada el pasado 5 de febrero, cuyos resultados arrojan que la mitad de los encuestados señalaba que la seguridad ciudadana ha empeorado en el último año, a la vez que un 66.8 % calificaba la seguridad pública como mala o muy mala.
Sin embargo, solamente el 1.6 % consideró el control de la corrupción en todos los niveles y rangos del país como una medida para reducir la delincuencia.
Otro dato ilustrativo en este sentido es que más de un 60% de la población dominicana no confía ni en la Policía Nacional, ni en el sistema de justicia.
“De hecho, la confiabilidad de los servicios policiales en nuestro país se encuentra entre los 10 peores del mundo, y la independencia judicial, entre los primeros 25 peores lugares”, manifestó el directivo de Institucionalidad y Justicia.