SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El contrato de los rayos X, autorizado por el gobierno dominicano en por lo menos cinco ocasiones, es uno de los más oscuros negocios realizados por el Estado, tomando en cuenta que desde su origen estuvo claro que no beneficiaría al Estado ni a la sociedad, y que fue concebido para enriquecer a los concesionarios.

El entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, entregó dos autorizaciones para la instalación de sistemas de rayos X en los puertos, bajo el entendido de que beneficiaría en la lucha contra el tráfico de drogas. Pero fueron muchas otras las historias que se dieron a conocer luego de la concesión. Leonel Fernández también autorizó el contrato de concesión, pero la Dirección General de Aduanas, con los directores Miguel Cocco y Rafael Camilo, fue firme en rechazar la decisión, porque era lesiva al interés nacional y porque generaba un monopolio contrario a la Constitución de la República.

Los reportajes que se publican en esta entrega fueron escritos en el 2003, y publicados por el diario El Caribe en mayo de ese año, con la historia detallada del origen del contrato y los reclamos que hacían empresas de los Estados Unidos y la República Dominicana por la concesión. Aunque Belinda de Beauchamps y sus hijos tenían la concesión, Maritza de la Estriella la reclamaba, incluso con una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos. Junior Sanz, hijo de Salomón Sanz, también reclamaba la propiedad de la concesión.

Los reportajes publicados por El Caribe en mayo del 2003 fueron cinco, escritos por el periodista Fausto Rosario Adames, hoy director de Acento.com.do y se rescatan de los archivos por la importancia que el tema sigue teniendo, con un reclamo de la empresa ICSSI, ahora propiedad del oftamólogo Salomón Melgen, y en medio de un conflicto que incluso envuelve operaciones de investigación del FBI, indagaciones sobre la ética del senador Bob Menéndez, y los intereses dominicanos que se mueven alrededor del monopolio que se estaría creando en los puertos dominicanos.

El resumen de los trabajos periodísticos es el siguiente:

El Gobierno entregó sin concurso una concesión para la revisión de los furgones que entran y salen al país por vía marítima.

La negociación se hizo en las FF.AA, y beneficia a la familia del ex secretario de ese organismo, Mayor General retirado Juan René Beauchamps Javier, asesinado hace varios años.

Los beneficiarios recibirían cada año unos 27 millones de dólares por sus servicios.

La inspección no es válida para los norteamericanos, que apoyan un sistema integral en el que participan varios países, conocido con BASC.

Una empresa norteamericana, ex socia de la familia Beauchamps, lleva un proceso judicial en tribunales de La Florida contra esa familia por fraude, y llevaría una demanda contra el Estado por haberse asociado a sus ex socios locales.

Emerge COTECNA, una empresa Suiza, que dice ser socia de los concesionarios y que traería los equipos y los montaría, pero Cotecna tiene también procesos judiciales por corrupción en varios países.

Industria y Comercio dice que el proyecto no es definitivo, y el presidente de la República suspende temporalmente el contrato.

El Caribe indaga y descubre que el Presidente otorgó la autorización dos veces, para dos empresas diferentes.

 

Los textos publicados por el diario El Caribe en el 2003 permanecen iguales, tal y como fueron publicados:

 

La segunda historia

 

Familia Beauchamps y empresa COTECNA defienden beneficios de rayos en los puertos

Empresa dice 20 países escanean contenedores navieros

Empresaria panameña denuncia estafa en su contra por parte de dominicanos

 

La familia Beauchamps, a través de Juan Beauchamps, explicó el pasado martes las bondades que tendría el proyecto de inspección de los puertos del país y que ya comenzaron a instalarse, y a través de los cuales el país podría mejorar la calidad del intercambio comercial con el mundo, especialmente con los Estados Unidos.

En una conversación en la que también participaron William J. Poppleton, Vicepresidente Senior de COTECNA, la empresa que brinda el soporte técnico a ICSSI, S.A. y Uriel Espinosa, gerente operativo de la instalación, el señor Juan Beauchamps no quiso responder las preguntas que se le hicieron, y se presentó como el traductor del vicepresidente de COTECNA.

Willian J. Poppletton explicó que los dominicanos deben pagar el sistema de escaneo de los contenedores, vacíos y llenos, porque supuestamente ya hay otros veinte países en el mundo que han adoptado ese sistema, y en países con mayores riesgos que la República Dominicana se están incluyendo cargos de seguridad a través de las mismas empresas navieras porque los países no han tomado medidas de limpieza en sus embarques.

Para justificar que los consumidores dominicanos paguen la inspección el vicepresidente de COTECNA dijo que el sistema deviene como una iniciativa de los Estados Unidos, y que países como Colombia han adoptado el sistema, lo mismo que Singapur, que tiene el mayor puerto del mundo.

“El sistema se aplica a todos los países, no solamente a Colombia, Panamá o Singapur. Este último país tiene el puerto de mayor tráfico en el mundo y a ellos también se le aplica”, dijo Poppleton.

El colombiano Uriel Espinosa dijo que además, hay un problema de drogas y se están aplicando medidas para evitar el tráfico por los puertos, “y sabemos que República Dominicana es un puente de tráfico de drogas”. Estados Unidos, sin embargo, ha dispuesto de miles de millones de dólares en ayuda a Colombia para combatir la fabricación y tráfico de drogas, sin exigir a la población colombiana pagar la inspección para detener el tráfico de drogas por los puertos, que es precisamente lo que se quiere establecer en la República Dominicana.

Estados Unidos no paga escaneo

El periodista le aclaró a Poppleton que cualquier programa para impedir el tráfico de drogas a los Estados Unidos tienen que pagarlo las autoridades norteamericanas, y la respuesta del vicepresidente de COTECNA fue como sigue:

“Estados Unidos no tiene por qué pagar el servicio de escaneo, primero que todo porque lo que están tratando es de asegurar todo el proceso de la cadena de producción desde su inicio hasta el final, y si hay un exportador o un gobierno interesado en vender a los Estados Unidos básicamente lo que tiene que acoger son las medidas que ya más de 20 países han adoptado precisamente para asegurarse de que sus despachos sean limpios y libres, sin ningún problema. Si de pronto un país no asegura que sus puertos adopten medidas que aseguren estos despachos, los norteamericanos se toman el derecho de paralizar (las exportaciones) hasta que no lo verifiquen físicamente, y eso puede tomar horas, días, semanas, y el costo implícito en un contenedor parado es bastante grande”.

Uriel Espinosa definió como una falsedad la versión de que los equipos comprados para la República Dominicana hayan sido comprados para Panamá y rechazados allí, y sólo entonces dispuestos para la República Dominicana. “Los equipos que fueron ordenados para acá son absolutamente nuevos, acaban de llegar los dos primeros, de fábrica. Las otras tres unidades ya vienen de fábrica y están en el proceso de fabricación”, declaró.

Sistema fracasó en la frontera México-estadounidense

Sobre el rechazo del sistema en la frontera de México y Estados Unidos, el gerente técnico de la empresa dominicana, hizo algunas aclaraciones, entre ellas que un país desarrollado como Estados Unidos no ha sabido utilizar adecuadamente el sistema, y que una nación subdesarrollada como República Dominicana le sacará el máximo provecho.

“Se instaló en una frontera entre México y Estados Unidos pero no ha sido usado apropiadamente. Es decir, las autoridades no le han dado el uso para el que se le colocó. Lo están usando, lo siguen usando, pero no lo están usando con la eficacia que se le debía usar. Estos son equipos de alta tecnología, eficiencia y resolución, que permiten agilizar inclusive el mismo proceso de exportación”.

Rechazaron también la versión del sector empresarial, en el sentido de que habría un retraso mensual, en la verificación de contenedores, en el caso de aplicarse el sistema, de 44,151 contenedores.

“Los equipos nuestros, que son de baja energía, tienen una capacidad de escaneo de 25 a 35 contenedores por hora. Y los grandes son mucho más rápidos, que son para contenedores llenos. No se de donde sacaron la información. Tenemos las pruebas, los resultados de 3 años trabajando con el equipo”, explicó Espinosa.

Cuando se le preguntó si tenían previsto reunirse con el sector empresarial, para discutir el tema, el traductor, el señor Juan Beauchamps, fue quien tomó la palabra, y dijo claramente que “se les va a convocar para una reunión donde se les expliquen los beneficios del sistema, ya que ellos desconocen totalmente para qué es el sistema, y le daremos una explicación de los beneficios y los servicios que les van a ofertar”.

El periodista le advirtió que en una entrevista el presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, Gustavo Tavares, había informado que COTECNA les hizo una presentación con toda la información del sistema, y que la misma no llenó las expectativas de los navieros. La respuesta del traductor Juan Beauchamps fue contundente: No tengo ningún comentario sobre eso.

Empresa panameña denuncia estafa

El Caribe hizo contacto en Panamá con la señora Maritza de la Espriella, quien ofreció una parte del historial de la empresa que representa, la International Container Security System Inc. y los detalles de su relación con Belinda y Jean Beauchamps. A continuación se resume la conversación.

¿Hay una o dos compañías que llevan las mismas iniciales?

Hay una confusión y creo que se creó deliberadamente por el grupo Beauchamps. Originalmente la compañía International Container Security System Inc, S. A. es la que originalmente empieza el proyecto. A mitad de camino, entre julio y agosto del año pasado, esa empresa nos solicita a mi socio y a mí a buscar el financiamiento para comprar el equipo que se necesita en el proyecto de la República Dominicana. Se confecciona un contrato donde a nosotros se nos ofrece, por dichos servicios, un porcentaje de las acciones de la compañía International Container Security System Inc, S. A. Ahí hay una cosa en la que usted tiene que tener mucho cuidado, porque hay otra compañía que tiene la aprobación del ejecutivo de la República Dominicana, que es ICSSI, S.A. En las dos compañías la familia Beauchamps estaba involucrada, sólo que en la International Container Security System Ink había varios accionistas, y eso está registrado en República Dominicana, y los abogados Pereyra y Pereyra le pueden documentar ese proceso. Es decir, había el grupo panameño y el grupo dominicano que era la familia Beauchamps.

¿Cómo deriva esto en una demanda en EE.UU contra Belinda y Jean?

Como le decía, nosotros firmamos un contrato con la familia Beauchamps para el financiamiento de los equipos, pero antes de firmar ese contrato los señores Beauchamps habían registrado una compañía con las letras ICSI en la República Dominicana. Usted entenderá que en muchas documentaciones, inclusive de las autoridades portuarias, se habla de la compañía ICSSI, a la que yo llamo la compañía uno, como si fuera la compañía dos. Las identifico así para evitar confusiones. Se firmó un acuerdo con la compañía uno para instalar y operar los equipos de rayos X, pero los señores Beauchamps compran una compañía ya constituida, le cambian el nombre y le ponen las letras ICSSI. S.A como si fueran las iniciales de International Container Security System Inc. ¿Usted está viendo la diferencia?, una compañía legítima es sustituida en Dominicana por las iniciales de otra compañía. Esa compañía de las iniciales antes de firmar el contrato con nosotros ya había solicitado, por la espalda de todas las partes interesadas, que le firmen la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, y de este modo se autoriza a la compañía número dos a implementar el mismo sistema que se le había autorizado a la International Container Security System Inc. la Autoridad Portuaria Dominicana.

¿Qué harán, demandarán al Estado?

Bueno, esa demanda se le va a correr traslado a la República Dominicana.

Aquí el proyecto está en marcha, y se inició la instalación de los equipos ¿Cuál es su reclamo?

Al enterarnos de lo que había sucedido, y valiéndonos de una excusa no muy clara de Jean Beauchamps, fuimos a la República Dominicana en octubre del pasado año, por invitación de Beauchamps, para llegar a un acuerdo. Fuimos mi abogado, Rafael A. Castro y mi socio Joseph Barisic y yo. Y nos sentamos y conversamos para que el mismo contrato anteriormente firmado fuese firmado por la compañía número dos, la International Container Security System Inc, Jean Beauchamps accedió a esto bajo la excusa de que él lo había hecho para el beneficio de todas las personas, tuvimos tres días allá, se revisó el contrato, y el último día que tenía que aparecer él con su señora madre no apareció y no lo firmó. Nos prometió que iría a los Estados Unidos con la señora Belinda a firmar allá y tampoco lo hizo. A raíz de eso nosotros le advertimos lo que iba a suceder, si no firmaba, que había una violación de un contrato, y él simplemente hizo caso omiso.

¿De cuánto es el financiamiento que ustedes gestionaron para la compra de los equipos?

Se gestionó por 14 millones de dólares. Se obtuvo en instituciones financieras en EE.UU, las cuales confirmaron el financiamiento, entre ellas está el Exim Bank, un banco privado de la Florida y oro banco con sucursales en Europa.

Fausto Rosario Adames

Reportaje publicado el jueves 8 de mayo del 2003, en las páginas 1 y 2 de El Caribe

 

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