SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El proyecto de instalación de rayos x para la supervisión de los furgones que entran y salen por los puertos del país es un negocio particular, que involucra a empresas norteamericanas y a ciudadanos dominicanos, establecido mediante una concesión negociada en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, y del que no se tienen detalles más que los aportados por el presidente de la República, Hipólito Mejía, en dos decretos de autorización.
Todo cuanto se conoce, hasta ahora, se debe a los decretos 898-02 y 336-03, mediante los cuales el presidente autoriza la concesión con la empresa ICSS, S.A, que nadie ha podido identificar más allá de sus siglas, dispone la tarifa que se cobraría por el servicio, y autoriza a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) a la facturación y cobro de los servicios a partir de la instalación de los equipos de rayos x.
El proyecto despertó la oposición de todos los sectores productivos del país, incluyendo al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación Dominicana de Empresas Navieras, la Asociación de Empresas Industriales de Haina, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y hasta de organismos internacionales vinculados al comercio con los Estados Unidos.
En su decreto 898-02 el presidente Mejía argumenta que el Estado debe liberar al país del narcotráfico y el terrorismo, del tráfico y trasiego de armas, del lavado dinero, del contrabando y del tráfico y carga ilícitas y prohibidas, así como el tráfico de seres humanos.
Según ese decreto la empresa ICSI, S.A. presentó una propuesta a las Fuerzas Armadas Dominicanas para reforzar la seguridad en los puertos mediante la utilización de tecnología de digitalización de imágenes de rayos x. El proyecto se conoció y aprobó por su relación con la seguridad nacional, y por eso la participación de las Fuerzas Armadas, y no porque el país requiere de un comercio marítimo seguro para sus intercambios con los Estados Unidos y otros países.
La concesión firmada por las Fuerzas Armadas con la desconocida empresa ICSI, S.A. no ha sido dada a conocer, por razones propias, aunque fue firmada el 18 de julio del año pasado. Lo que dice el decreto presidencial es que esa empresa cobrará, en nombre del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), los servicios de verificación de contenedores con rayos x que serán instalados en todos los puertos del país.
El cobro incluye los contenedores vacíos, automóviles, vans y camiones, de acuerdo con sus dimensiones. Cada vehículo deberá pagar un equivalente a 26.25 dólares, los camiones de 10 pies pagarán 42 dólares y los de 20 pies 63 dólares, así como los de 40 y 45 pies que pagarán 95 dólares. Todos estos pagos son adicionales a los que se pagan por concepto de otras leyes, y el dinero irá a parar a las cuentas de la empresa ICSI.SA.
La empresa, desconocida, pagará al Estado una compensación de un 5% mensual sobre el monto total recaudado. El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial No. 10178 del pasado 14 de noviembre, a pesar de que el decreto fue emitido el 12 de noviembre.
Presidente dice que será beneficioso
Mediante el decreto 336-03, emitido el 8 de abril pasado, el presidente Mejía dice que la aplicación de los rayos x permitirá mejorar la imagen del país ante los organismos internacionales que persiguen y sancionan el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, por lo que esto redundará “en un incremento del comercio internacional en beneficio del país”.
Ese decreto dispone el sistema de facturación y cobro del servicio de rayos x, a cargo de la Autoridad Portuaria Dominicana, para que pague el agente naviero, incluyendo los contenedores vacíos. Autoridad Portuaria fue autorizada a firmar un convenio con la desconocida ICSSI. S.A para aplicar el sistema de cobros. El decreto sólo manda que se comunique a la Dirección General de Aduanas.
La compra de los equipos
El pasado 18 de marzo el diario Financial Times publicó la información, en su sección de negocios, de que la compañía Smiths Helmann (antigua Helman Systems) recibió “una orden de compra para la primera venta de dos escáner móviles tipo “Silhouette Scan Mobile 140’s (SILH-M-140) y tres HCV Mobile 2.8 MeV’s de parte de la ICSI. S.A. de la República Dominicana”.
La información citaba el decreto 898-02, del presidente Mejía, autorizando a la desconocida firma dominicana ICSI.S.A. para utilizar la tecnología en los puertos dominicanos. Y decía que “los sistemas SILH-M-140 serán empleados para inspeccionar todos los contenedores vacíos y de trasbordo, mientras que los móviles HCV-Mobiles será utilizados en la verificación manifiesta e inspecciones eficaces y no discretas”.
En cuanto al Silhouette Scan Mobile 140, decía lo siguiente: “el sistema de inspección SILH.M-140 provee una solución económica e individual para inspeccionar cargas voluminosas. Es ideal en una amplia gama de aplicaciones, principalmente detectar mercancía ilegal. Por ejemplo, los vehículos declarados como “vacíos” pueden ser fácil y rápidamente examinados. Por tanto, un camión o contenedor puede ser analizado en solamente dos minutos sin la necesidad de abrirlo o descargarlo. Además, el SILH-M-140 puede instalarse y desmantelarse en menos de una hora, permitiendo así su uso rápido en puntos de enfoque estratégicos y cambiantes en todos los puertos cruciales de la isla”.
Financial Times decía que el proyecto tenía los auspicios de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, siendo el primero de su tipo en la Cuenca del Caribe “y tiene como objetivo reforzar las medidas de seguridad que se llevan a cabo en todos los puertos. Este proyecto forma parte de la contribución del Gobierno a los esfuerzos continuados en la guerra contra el terrorismo y su dedicación a mejorar las medidas de seguridad en la región. Los sistemas será utilizados principalmente para detectar armas, narcóticos y contrabando en cargas que salen y que entran”.
Los dos primeros sistemas se están instalando ya en los puertos de Haina Oriental y Occidental. Según Financial Times, la empresa fabricante, “para asegurar un servicio acorde a los requisitos del cliente en este importante proyecto, Smiths Helmann abrirá, conjuntamente con su representante de área, Propinsa, S.A., una oficina de servicios técnicos en Santo Domingo”.
Otras empresas interesadas
El Caribe contactó en Panamá al representante de Productos y Procesos Industriales (PROPINSA), señor Sabas Cordero, quien ofreció informaciones sobre la marcha del proceso de instalación de los dos primeros equipos en Haina Oriental y Occidental y defendió que el país se convierta en vanguardia en tecnología de seguridad en los puertos.
Sin embargo, en la presentación que hicieron los promotores del proyecto ante la Asociación de Navieros de la República Dominicana, quienes aparecieron como soporte técnico fueron los representantes de COTECNA Inspection, John M, Crowhurst, gerente general, Claude Allieu, vice-presidente, y Thomas Revillard, gerente de Scanner.
En la página de internet de COTECNA se informa que ellos tienen acuerdos con Togo, Tanzania, Senegal, Perú, Nigeria, Níger, Kenia, Ghana, Ecuador, Costa de Marfil y Comoros. Como puede observarse, ningún país desarrollado participa de proyectos como estos.
Una fuente dijo a El Caribe que en este proyecto “Hay demasiadas zonas grises, pero lo que es seguro es que los exportadores e importadores dominicanos tendrán un mayor costo para hacer sus transacciones, lo que representa otro obstáculo al aumento de la productividad y la competitividad, así como aumentos en los precios al público”.
Aunque las organizaciones empresariales tienen conocimientos sobre la procedencia del proyecto, y cuestionan en privado que se trató de una concesión entregada sin ninguna licitación a la empresa ICSS.S.A, los opositores al proyecto actúan tratando de disimular su identidad, y ayer se realizó una reunión, patrocinada por el CONEP, para tratar de explicar en qué consiste el proyecto de seguridad en los puertos del mundo, que patrocina, sin ningún costo, la organización Business Anti-Smuggling Coalition (BASC), que cuenta con el apoyo de las autoridades norteamericanas y de organismos internacionales, y que de ponerse en vigencia el proyectos de rayos x de ICSS.S.A. quería en la práctica inutilizado.
El Caribe conversó por teléfono con el señor Uriel Espinosa, encargado de Operaciones del proyecto de los rayos x, en representación de Propinsa, pero no fue posible concertar una entrevista con él. Los propietarios del proyecto le facilitaron actuar desde una pequeña oficina ubicada en la avenida Lope de Vega número 63, en el octavo piso del edificio JJ Roca, en donde el señor Jean Beauchamps, hijo del mayor general fallecido Juan René Beauchamps Javier, tiene su oficina, y en donde opera en sociedad con el señor Junior Sanz, hijo del fallecido Salomón Sanz. La empresa allí establecida es Internutritivo. Beauchamps ni Sanz estaban disponibles tampoco para conversar con los periodistas.
Fausto Rosario Adames
Reportaje publicado en el diario El Caribe el 2 de mayo del 2003, páginas 1 y 2.
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