SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Federación de Asociaciones Industriales (FAI) criticó este domingo lo que calificó de voracidad que prevalece en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que contrasta con la ineficacia para responder a la demanda de servicios de los afiliados y para garantizar servicios justos a través de la supervisión adecuada.

“El Estado, que a través de esta legislación ha sido liberado de una fuerte carga financiera, no debe renunciar a su rol de supervisor; tiene que garantizar  que el sistema funcione para que un grupo de avivatos deje de usarlo en su búsqueda desenfrenada de lucro”, manifestó Ignacio Méndez, presidente de la FAI.

Objetó una nueva resolución de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que obliga a los empleadores a “cotizar por el mínimo” cada vez que un trabajador sea registrado con una remuneración menor al salario mínimo del sector al que pertenece.

Explicó que, de acuerdo con la medida, por los trabajadores temporales que no hayan trabajado un mes completo los empleadores tienen que cotizar por el mínimo, lo cual constituye –desde su unto de vista- una distorsión que al final repercute contra el empleo y las recaudaciones del propio sistema.

"Falta una supervisión eficiente. Se agarran de cualquier excusa. Reducen costos operativos en base a negar servicios”

La FAI lamentó que medidas como estas se pongan en vigencia mientras por el lado de los riesgos de salud se producen recortes, a través de distintas estratagemas de negación de servicios a los usuarios, con el objetivo de reducir costos operativos y lograr mayores ganancias.

La organización empresarial hizo un llamado para que, en lugar de prohijar medidas que atentan contra el empleo y los ingresos del propio Sistema de Seguridad Social, el Estado juegue son rol de supervisión con eficiencia para evitar que el afán de lucro lleve a  reducir los costos mediante la castración de servicios a los afiliados.

“Hay un clamor general de todas las tácticas que están usando las ARS para evadir prestaciones de servicios en perjuicio de muchos afiliados. Falta una supervisión eficiente. Se agarran de cualquier excusa. Reducen costos operativos en base a negar servicios”, apuntó le FAI.

Asimismo, lamentó que la Ley de Seguridad Social no se haya puesto en vigencia de manera plena una década después, aunque se trata de un marco legal concebido para el desarrollo social y la elevación de la dignidad de los ciudadanos.