SAN JUAN, Puerto Rico.- Puerto Rico tendrá más dificultades para acceder al crédito en los mercados financieros si no salda sus compromisos inmediatos con los acreedores de una deuda que se eleva a cerca de 73.000 millones de dólares, alertaron hoy expertos consultados por Efe.
Destacados economistas de la isla caribeña consultados hoy por Efe señalaron que esa es la principal consecuencia de un impago, el día en el que se cumple el vencimiento de deuda de una emisión de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), entidad subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El BGF informó el pasado viernes a través de un comunicado que destinó 169 millones de dólares para el pago del vencimiento de su deuda más inmediata.
"El BGF realizará el pago de 169 millones de dólares para el servicio a la deuda de sus bonos en el día de hoy -viernes-", señaló en el escueto comunicado la presidenta de la entidad financiera, Melba Acosta.
El comunicado no hacía ninguna referencia al pago de la deuda que hoy vence del PFC, estimada en 94 millones de dólares.
El BGF no emitió hoy información alguna sobre el vencimiento de su subsidiaria, aunque el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, ya había adelantado esta semana que el Ejecutivo cumpliría con todos los pagos de las deudas que vencen a principios del presente mes con la excepción, precisamente, de la que corresponde a la PFC.
"Estamos haciendo todo lo posible para que los pagos del BGF se puedan dar y buscando alternativas de liquidez para el Banco Gubernamental. Con relación a PFC lo que hemos mencionado es que el Gobierno tiene un problema de flujo de efectivo y hasta ahora no ha habido ninguna medida que cambie ese panorama", dijo el funcionario.
Santos Negrón, antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del BGF, señaló a Efe que, en caso de no saldarse finalmente, se tratará del primer impago de deuda en la historia reciente de Puerto Rico.
El economista y profesor universitario subrayó que la consecuencia principal del previsible impago será la "reducción de la confianza hacia Puerto Rico en los mercados de deuda y una todavía mayor dificultad para acceder a financiación".
"Puerto Rico quedará con la imagen de un deudor irresponsable", destacó el economista, para quien además un impago genera que pierdan valor otras emisiones de deuda.
Martha Quiñones, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, señaló a Efe que si el Gobierno no cumple con sus compromisos la primera consecuencia será la restricción en el acceso al crédito en los mercados.
La que fuera directora de la Asociación de Economistas de Puerto Rico resaltó, sin embargo, que el Gobierno hizo bien en cumplir con las deudas del BGF, ya que un alto porcentaje de sus emisiones de bonos están en manos de cooperativas financieras de Puerto Rico, de las que forman parte casi un millón de puertorriqueños.
El presidente de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) -cuyos asociados acumulan 1.100 millones de dólares en deuda de corporaciones de la isla caribeña-, Daniel Rodríguez Collazo, dijo a Efe que una situación de impago dañaría la situación financiera de la entidades que representan.
Dijo que es consciente de que el Gobierno hace esfuerzos para hacer frente a los pagos más inmediatos, como ya ocurrió en julio, cuando las gestiones del Ejecutivo permitieron saldar el vencimiento de deuda por valor de 20 millones de dólares que controlaban las cooperativas financieras que operan en Puerto Rico.
Puerto Rico afronta una difícil situación financiera, con una deuda de unos 73.000 millones de dólares, sobre la cual el gobernador Alejandro García Padilla dijo hace unas semanas que no podrá pagarse tal y como está acordado y por ello pidió que el territorio caribeño pueda acogerse al Capítulo 9 de la ley de quiebras federal.
En este momento, Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU., no puede acogerse a dicha ley, que le proveería de una herramienta para la reestructuración de la deuda pública, ya que la norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana. EFE