SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Empresarios de la industria del tabaco, comerciantes y altos funcionarios reclamaron este martes que el Ministerio Público asuma un rol más activo en la persecución y penalización del contrabando masivo de cigarrillos, licores y otros productos que han invadido el mercado local.
Marcos Bisonó, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar) y ejecutivo de la empresa Philip Morris, indicó que “el sector requiere que se realicen operativos de incautación, judicialización y campañas de comunicación para atacar el contrabando de manera contundente”.
Según los datos de Asocigar, al finalizar el 2013 las marcas ilícitas ocupaban un 9% del mercado de cigarrillos, cifra que en la actualidad asciende al 15%. “Esto atenta directamente contra la industria local de tabaco y representa ya más de RD$1,000 millones en pérdidas de recaudaciones para el Estado”, declaró el presidente de la entidad, Manuel Cabral.
También el director general de Aduanas, Fernando Fernández, denunció el “avance vertiginoso” de este comercio ilícito, al tiempo que propuso fortalecer la “cadena logística” de persecución del delito, como única manera eficaz de afrontar el problema. Explicó que en el ámbito judicial hay un notable desconocimiento de las facultades y responsabilidades que tienen los agentes bajo su mando, en función de la legislación aduanal.
“Sobre todo tiene que jugar su papel la justicia, porque no basta que usted diga aquí lo atrapamos, aquí están los indicios… hay que sancionar, y hay que llevar a la conciencia de los que están para sancionar que es importante su rol y de que si su rol falla, todo se va abajo”, dijo el funcionario en el marco del panel “Contrabando: impacto y soluciones”, un evento auspiciado por Asocigar y las principales federaciones de comerciantes.
Fernández recalcó que “no basta con que la Aduana o el sector privado haga su trabajo” si la el Ministerio Público y los organismos castrenses no proceden legalmente contra los contrabandistas, al tiempo informó que celebrará próximamente un encuentro de trabajo con el Ministerio de las Fuerzas Armadas “para accionar en esa dirección”.
Detalló que buena parte de los productos contrabandeados ingresan por la frontera domínico-haitiana, por lo que la DGA inició hace dos años un proceso de diálogo con autoridades del vecino país. Como parte de este esfuerzo bilateral, unos 70 técnicos de las Aduanas de ambas naciones fueron certificados por especialistas en la prevención del contrabando.
“Estamos haciendo todo lo necesario para fortalecer los controles en la frontera”, aseguró el titular de la DGA, organismo que ha confiscado y destruido la cantidad de 24 millones de unidades de cigarrillos ilegales, valorados en 150 millones de pesos.
El incentivo tributario
Otro orador invitado al panel fue el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, quien planteó la urgencia de una “política nacional contra el contrabando, la informalidad y el comercio ilícito”, que incluya el endurecimiento de las penas estipuladas en la legislación penal contra estos delitos.
“No puede ser que por contrabando la pena máxima sea de 3 a 5 años de reclusión (…) tiene que haber una proporcionalidad entre el acto ilegal y la pena”, acotó Del Castillo, aunque reconoció los esfuerzos desplegados en este campo por Adunas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront).
El funcionario coincidió con los empresarios del sector, al afirmar que la alta carga impositiva del sector cigarrillos –de un 56%- incentiva el auge de los productos ilícitos, que el consumidor adquiere a precios mucho más bajos. “Hay una relación directa entre una alta fiscalidad y la práctica del contrabando, un incremento de esta práctica nociva en la medida en que el impuesto se eleva o deja de ser razonable”.
“La presión tributaria es un incentivo, sobre todo en el alcohol y los cigarrillos por el Impuesto Selectivo al Consumo, y en el caso de los combustibles también se ha demostrado eso”, apuntó.
“Pejes gordos” estarían implicados
Otra que le enmendó la plana al Ministerio Público fue la presidenta de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenacerd), al demandar que sean procesadas e identificadas las personas “poderosas”, presuntamente implicadas en el contrabando de mercancías, principalmente a través de la frontera con Haití.
“Que se den a conocer los nombres, porque ya los tienen identificados, los que vienen de Haití… hay gente tanto de aquí como de allá y son gente poderosa, porque para traficar tanta mercancía hay que tener mucho dinero”, dijo la representante del comercio por vía telefónica al portal Acento.com.do.
En el panel expuso además el director general de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas de México, Iñaki Landáburu, quien abogó por una alianza entre el sector privado y las entidades gubernamentales, que permita afrontar con éxito el auge del contrabando de cigarrillos y licores.
Advirtió que en países como México, las mafias se han apropiado de este comercio ilícito, lo que ha incrementado más aun los niveles de criminalidad y violencia.