SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La analista para América Latina Heather Berkman, de Eurasia Group, visitó la pasada semana la República Dominicana, invitada por las autoridades, y luego de obtener información y observar el sector energético y minero se formó una percepción negativa de la gestión del presidente Danilo Medina.
Heather Berkman lo expresa en su resumen, publicado por el importante grupo de análisis de inversión:
• Después de un viaje de investigación a Santo Domingo la semana pasada, hemos regresado con una visión más negativa de la dirección política de la administración de Medina.
• En materia de política macroeconómica, la falta de voluntad del Gobierno para elevar las tarifas de electricidad y los preparativos para emitir nuevos bonos soberanos significan que un nuevo Acuerdo Stand-by” con el FMI es poco probable.
• En materia de política minera, las crecientes críticas de los legisladores y de la sociedad civil sobre el contrato del Gobierno con Barrick Gold aumentan la probabilidad de que el Gobierno tratará de aumentar sus ingresos.
Con una traducción libre, de Iván Pérez Carrión, Acento.com.do da a conocer completo el informe de Heather Berkman, de Eurasia Group:
Danilo huye a las políticas que le bajen popularidad
Un viaje de investigación a Santo Domingo la semana pasada cambió nuestros puntos de vista sobre las perspectivas de la política de la administración de Danilo Medina en tres áreas clave: finanzas públicas / FMI, el sector energético y el sector minero. Las señales emitidas por el Gobierno son más negativas que cuando la administración asumió el cargo en agosto pasado.
Además, mientras que la administración de Medina aseguró rápidamente un aumento de impuestos a finales de 2012 para frenar el déficit fiscal que se disparó, ahora parece estar huyendo de políticas adicionales que podrían reducir el apoyo popular del Gobierno, en particular, en las políticas económicas.
Una encuesta realizada por Gallup y publicada la semana pasada reveló que el 76% de los encuestados desaprueba la reforma tributaria y el 77% ven a la economía en un estado malo o muy malo. Dada la vacilación del Gobierno para continuar políticas económicas impopulares, parece poco probable que haya mejoras en el funcionamiento del sector eléctrico. Por otra parte, el sentimiento popular en contra de las compañías mineras y la cruzada del propio Gobierno para obtener más ingresos podría obligar a la administración a seguir adelante con la revisión de los contratos mineros para asegurarse una partida mayor.
Con el retroceso en las políticas del sector energético, un acuerdo con el FMI parece menos probable
Mientras que el Gobierno indicó hace unos meses que estaba presionando para un nuevo acuerdo con el FMI, ahora parece que se siente lo suficientemente confiado en las condiciones del mercado mundial para emitir nuevos bonos soberanos sin conseguir antes un nuevo Acuerdo Stand-by (ASB). Tal vez lo más revelador, el gobierno de Medina ha reiterado que las tarifas de electricidad no van a subir, por lo menos hasta febrero.
El tipo arancelario y la subvención de los costos de la electricidad por parte del Gobierno han sido puntos de fricción en las negociaciones con el FMI, y la razón principal que llevó a la suspensión del último ASB con la administración de Leonel Fernández a principios de 2012. En los últimos años, la diferencia entre el costo de la generación de electricidad y la tasa arancelaria para los consumidores han sido responsables de aproximadamente un tercio de la cantidad total de la subvención del Gobierno a la empresa estatal de distribución de electricidad, la CDEEE.
Por lo tanto, un acuerdo con el FMI parece cada vez menos probable. En cambio, el Gobierno probablemente seguirá adelante y emitirá hasta US$1 mil millones en nuevos bonos soberanos el mes próximo (medida que logró el apoyo del Senado para hacerlo la semana pasada y de la Cámara de Diputados a principios de esta semana). La próxima ronda de reuniones del FMI no comenzará hasta marzo y se centrará, probablemente, en las consultas sobre el Artículo IV.
Mientras tanto, el Gobierno ha enviado señales de que presentará en breve un nuevo “pacto de electricidad”, en un intento de reducir el costo de la generación de electricidad. El vicepresidente de la CDEEE, Rubén Bichara, ha estado participando en negociaciones con los generadores privados de electricidad en los últimos meses, en un intento para renegociar los contratos y reducir los costos de electricidad; sin embargo, es probable que los generadores privados no estén dispuestos a cambiar los términos de los acuerdos a largo plazo de compra de energía (que actualmente ejecutan hasta el 2016). No está claro en este momento si esto significa que el Gobierno se encamina a una renegociación forzosa de los contratos, aunque no se descarta esa medida en este momento.
Los aumentos de las tarifas pudieran ser sólo un componente de la política del sector energético, pero las perspectivas para el sector en general no son positivas. Hubo pequeñas mejoras en los últimos años bajo la dirección de la CDEEE y con el apoyo del Banco Mundial y el BID, lo que lleva a una reducción en las pérdidas no técnicas (que incluyen el robo de electricidad y el deficiente cobro de facturas por los distribuidores de electricidad).
Sin embargo, Medina cambió a la dirección de la CDEEE al asumir el cargo, y el Gobierno transfirió más de mil millones de dólares al final de 2012 a la empresa de distribución con el fin de compensar a los generadores (las fuentes de financiación incluyen una emisión de bonos por US$500 millones y las transferencias de Petrocaribe). La CDEEE tiene planes de reducir las pérdidas técnicas (que aumentaron del 39% al 42% en los últimos meses), pero salvo una importante ofensiva contra el robo y el cobro de facturas -que probablemente debilitarían el apoyo del Gobierno- el Gobierno continuará con el rescate del sector. A largo plazo, mientras la generación de energía dependa en gran medida del petróleo importado para la generación (incluyendo Fueloil # 6 y # 2, que en conjunto representan el 41% de la matriz energética), el sector de la energía seguirá siendo vulnerable a los precios del petróleo.
El gobierno de Medina tiene la intención de apoyar la expansión de la capacidad hidroeléctrica y espera construir una planta de carbón de 600 MW, pero su capacidad para obtener financiación para ese proyecto se ven débiles por el momento. Salvo una reducción significativa de las pérdidas no técnicas y un cambio al gas, carbón u otras energías renovables en las fuentes de generación de energía, las perspectivas de mediano a largo plazo para el sector eléctrico son preocupantes.
El ruido creciente que rodea al sector minero podría resultar en una mayor participación del Gobierno
El sector minero naciente de la República Dominicana ha generado una atención considerable en los últimos meses debido al inicio de la producción comercial de Barrick Gold en la mina de oro de Pueblo Viejo, y a los informes de otras operaciones de extracción de oro en el país (incluidas las administradas por Perilya Ltd. en Cerro de Maimón, PanTerra Oro en la mina Las Lagunas, y la exploración llevada a cabo por GoldQuest Mining Corp y Unigold).
Mientras que el Gobierno siempre ha promocionado la inversión de Barrick en el país (la empresa tiene una participación del 60% en la mina y la opera, mientras que Goldcorp posee el 40% restante), un número creciente de legisladores, economistas independientes, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil han comenzado a argumentar que el Gobierno debe revisar sus contratos con Barrick Gold y otras empresas mineras para incrementar la participación del Gobierno.
Los legisladores han estado quejándose de que ellos creen que los términos del contrato minero de Barrick con el Gobierno -que fueron firmados por el Gobierno en un contrato especial y aprobado por el Congreso en 2009- son injustos, y están presionando para que se revisen. Han aumentado las preocupaciones sobre los términos del contrato, que estipula que Barrick debe ser compensado por su inversión en el proyecto de USS$3,7 mil millones (que incluye los gastos de limpieza de daños ambientales por valor de US$75 millones resultado de operaciones anteriores en la mina). Otros legisladores se han quejado de que el precio del oro era mucho menor cuando se firmó el contrato con Barrick, y teniendo en cuenta los precios más altos de ahora, el contrato debe ser revisado.
Mientras Medina que aún no habla sobre el tema, él pudiera presionar a favor de algunas renegociaciones “amistosas”, dado el creciente sentimiento popular en contra de las empresas que operan en el sector. El hecho es que a pesar del impopular incremento de los impuestos, el Gobierno todavía necesita más ingresos, y los altos precios del oro significan que el Gobierno puede ver esto como una oportunidad. Vemos las posibilidades de renegociación como algo que sólo afecta a la minería de oro, por el momento; las operaciones mineras de otros metales (como las de la mina de níquel de Xstrata) probablemente se mantendrán intactas.