SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Proyecto de Ley General de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, tiene más de seis años en los pasillos del Congreso Nacional, mientras tanto, el gobierno dominicano ha tenido que pagar miles de millones de dólares por incumplimiento de contrato, a empresas extranjeras.
En agosto de 2012 la República Dominicana fue condenada por La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional a pagar más de US$43 millones a la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa), que operaba varios peajes en el país, por incumplimiento de contrato.
Asimismo, la Corte Federal de La Florida condenó al Estado dominicano a pagar US$50 millones a Coral Gables-based Architectural Ingeniería Siglo y Sun Land & RGITC, por incumplimiento de un contrato por 1, 510 millones de pesos para el proyecto de riego Azua II – Pueblo Viejo.
El diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Víctor (Ito) Bisonó, uno de los propulsores del Proyecto de Ley General de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, explicó que la pieza fue introducida por primera vez por el Poder Ejecutivo, en el segundo mandato de Leonel Fernández, sin que hasta el momento más de seis años después esta haya sido aprobada.
Explicó que dicho proyecto tiene fundamentos de transparencia, de priorizar la inversión y de buscar la mejor propuesta, “la que más le convenga al país, no a un grupo en particular”.
“El gobierno pasado prefirió dar la concesiones ellos de alguna forma y luego este gobierno ha tenido que suspender, ya que ninguna fueron con un modelo como el que propone el proyecto” afirmó.
El legislador explicó que el de ser aprobado el proyecto de ley, habrían cambios significativos en cuanto a la concesión de obras y servicios públicos, “hay un plan de desarrollo para ver cuáles son los proyectos adecuados, a través del cual se llamaría a licitaciones internacionales, publicas, donde no habría manera de que un funcionario público se case con una compañía en especifico, sino que al país le convenga y sea el gran beneficiario de esto”.
El periodista Juan Bolívar Díaz, resaltó en un artículo de opinión, que pese al Gobierno haber rescindido el contrato con dominicana de Vías Concesionarias (DOVICON), el Estado tendrá que pagar una indemnización de 65 millones de dólares por la rescisión del contrato, por lo que la erogación total será de 135 millones de dólares, equivalentes a más de 5 mil 400 millones de pesos.
Esto, según el periodista “tiene toda la configuración de una enorme estafa en perjuicio de este pueblo pobre que todavía vive en precariedad de agua potable, energía eléctrica, alcantarillados, escuelas, hospitales, viviendas y transporte”.
Si se le suman los 50 millones de dólares que en los meses finales del año pasado hubo que pagar como indemnización a la concesionaria de carreteras (CODACSA), el monto de pérdidas asciende a 185 millones de dólares, más de 7 mil 400 millones de pesos.
“En ambos casos se trató de contratos amarrados con los funcionarios de turno, tráfico de influencia, negocios oscuros de enormes dimensiones, que quedan en la impunidad. Por eso es que esta nación es campeona mundial en corrupción y malversación. Por eso la descomposición se traduce en tanta violencia” dijo Juan Bolívar Díaz.
Mientras tanto, en estos momentos, el Proyecto de Ley General de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, se encuentra en comisiones, sin que se hayan producido reuniones, “lo que ha pasado en el último año es que se manda a una comisión y ahí se queda”, según denunció Ito Bisonó.
Por lo que entiende pareciera que no hay interés en que sea aprobado dicho proyecto de ley, “Si queremos hablar de transparencia hay que hablar de normalizar las cosas, no que sea un negocio para una empresa o funcionario que tenga la posibilidad de asociarse con una empresa” expresó Bisonó.