SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las cifras sobre crecimiento económico planteadas por el presidente Danilo Medina en el discurso de rendición de cuentas representan una histórica oportunidad perdida, debido a la limitada capacidad de orientar efectivamente este crecimiento a la garantía de derechos de la población, así lo asegura dentro de su eje de fiscalidad PolétikaRD, la iniciativa de monitoreo y seguimiento al discurso político.
“Un estudio de reciente publicación por la PUCMM señala que RD es el décimo país, entre 139 evaluados, que menos ha aprovechado los recursos para mejorar la salud y educación, y tercero (de 26) en América Latina y el Caribe (LAC). Por citar un caso, el mismo país puntero en crecimiento económico LAC es al mismo tiempo uno de los tres países con menor inversión en salud pública en proporción al PIB. De hecho, al cierre del año 2019 el gasto ejecutado en la función salud registró un pírrico 1.5% del PIB. En función a lo que tenía previsto, en el año 2019 el gobierno dejó de invertir más de RD$ 8,300 millones en Planificación, gestión y supervisión de la salud, otros RD$ 3,900 millones previstos no fueron destinados a Servicios y prevención en salud pública, otros RD$ 830 millones se le quitaron a Investigación y desarrollo relacionados con la salud y sin contar casi RD$ 440 millones menos en servicios hospitalarios”.
Endeudamiento y pacto fiscal
Además, la plataforma explica que, si se pasa balance sobre la estabilidad macroeconómica, de la cual se refirió Danilo Medina, el costo ha sido el endeudamiento.
“RD tiene el mayor endeudamiento público jamás registrado. A enero 2020, el país debe casi US$48,000 millones (dólares) entre deuda del sector público no financiero y deuda del Banco Central. Hoy en día, 1 de cada 3 pesos del Presupuesto General del Estado va destinado al pago de intereses y capital por concepto de este endeudamiento. Recursos que no se tienen para garantizar derechos”, indica el colectivo de organizaciones.
Sobre el pacto fiscal, aclaran que el presidente Medina tenía la tarea de consensuar con los sectores económicos, social y sindical un pacto fiscal que permitiera garantizar los recursos públicos suficientes para poner en marcha una agenda social de derechos, bajo los términos planteados en la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, casi 8 años después, el país sigue en el mismo punto muerto. El presidente prefirió iniciar su mandato aprovechando su mayoría congresual para aprobar, de forma unilateral, una reforma tributaria que cargó con nuevos impuestos a la clase media y la población empobrecida.
“Para su reelección del 2016 planteó además ¨conformar una nueva fiscalidad, que se caracterice por la equidad, la progresividad, la transparencia y la calidad del gasto público¨, sin embargo, al término de su gestión, los resultados son exactamente lo contrario. Esta administración no hizo esfuerzo real y consistente para controlar el dispendio generalizado e irregularidades en el gasto público, que solo en el año 2019, representó más de RD$ 154,000 millones o 3.6% del PIB, sin contar los RD$ 41,600 millones de coste anual promedio en casos de corrupción”, añaden.
PolétikaRD advierte que, en el discurso de rendición de cuentas, el primer mandatario dijo que 'recuperamos la gestión de la mayor parte de las autopistas nacionales', alegando que
con eso el país se ahorra cerca de US$ 70 millones (dólares) al año. Este planteamiento deja de lado que, la principal autopista bajo esta modalidad de gestión privada es la carretera Santo Domingo-Samaná, fruto de la cual se le han desembolsado más de RD$ 25,000 millones en 8 años a esta empresa por concepto de Peaje Sombra.
Transparencia Presupuestaria.
“Citar como logro el buen posicionamiento del país en materia de transparencia el ranking de la Oficina Internacional de Presupuesto Abierto pasa por alto que la misma publicación ubica a RD entre los peores lugares en materia de participación efectiva de la ciudadanía en la formulación y discusión/aprobación del Presupuesto General del Estado. Dicho de otra forma, en RD el Poder Ejecutivo es el único que tiene voz a la hora de tomar decisiones sobre la distribución efectiva de los recursos públicos”, enfatiza la iniciativa que está conformada por más de una docena de organizaciones de la sociedad civil y sirve como herramienta de vigilancia de los compromisos de políticos y programas electorales.