SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las empresas o contribuyentes constituidos como sociedades de la República Dominicana tributan un Impuesto Sobre la Renta (IRS) a una tasa superior al promedio aplicado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El impuesto sobre las rentas es un gravamen de tipo directo que grava las rentas o ganancias generadas por una empresa o persona jurídica.
Un análisis acerca de este impuesto del Centro Regional De Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) apunta que la RD mantuvo una tasa del ISR corporativo “muy inferior” al promedio de los países de la OCDE, como se observa en el gráfico, salvo en el año 2006 y a partir del 2011.
Sin embargo, desde entonces, las naciones de la OCDE han disminuido, en promedio, su tasa del impuesto sobre la renta, pasando de más de un 40% en 1990 a un 25% en 2014.
De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Reforma Fiscal del 2012 (253-12), la tasa del ISR para las empresas o corporaciones se estableció en un 28% para los años 2014, 2015 y 2o16.
La OCDE, conocida en algunos ámbitos como el “club de los países ricos”, es un organismo de cooperación internacional compuesto por 34 estados. Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, España, Canadá, Suecia, México e Inglaterra son algunos de los países miembros de esta organización.
En procura de “contrarrestar las distorsiones que han ocasionado” las constantes modificaciones a la legislación tributaria del país, el CREES señala que ha formulado en días recientes un Anteproyecto de Ley de Reforma al Código Tributario, en el marco de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La propuesta de la firma consultora, que lidera el economista Ernesto Selman, tiene por finalidad “simplificar el sistema tributario, reduciendo los costos de cumplir con las leyes impositivas, y aumentar la capacidad productiva del país, fruto de mayores inversiones y una menor distorsión” de las actividades económicas.
Con relación a este aspecto, el CREES plantea reducir las tasas del ISR tanto a las personas físicas como a las jurídicas, en esta última categoría a un 20% y hasta el 15% en el tercer año de implementarse el anteproyecto.