SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.-Las entidades empresariales de Santiago y la región norte pidieron que el Tribunal Constitucional haga respetar la Constitución y no avale un contrato que otorga una concesión de sistema de rayos X a favor de una empresa privada, porque equivaldría a permitir un monopolio a favor de particulares.
Las entidades que firman la nota de prensa son Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago.
Advirtieron que considerar como bueno y válido este contrato pondría en manos privadas un servicio que resulta estratégico para la seguridad del país, afecta de modo significativo los costos de todas las cargas –tanto exportaciones como importaciones- y debilita las recaudaciones del Estado.
Consideraron que la puesta en práctica de este servicio le corresponde a la Dirección General de Aduanas.
Expresaron que no se oponen al servicio, sino al hecho de que se deje en manos particulares.
Además, consideraron que un servicio como este debería apuntar a rebajar costos, ya que se supone que la automatización del proceso de verificación de los contenedores estaría llamado a crear un ahorro y a hacer más eficiente el proceso.
Las entidades empresariales de Santiago y la Región Norte respaldaron los pronunciamientos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en el sentido de que una sentencia contraria a los principios de la libre competencia causaría graves daños a la confianza que se necesita en un clima de negocios que se sostenga en el respeto a las leyes y a la Constitución.
Señalaron, además, que se violarían los principios constitucionales y las leyes prohíben las prácticas anticompetitivas y las situaciones de monopolio.
Consideraron que la puesta en práctica de este servicio le corresponde a la Dirección General de Aduanas.
“Apoyar las pretensiones de la empresa que quiere instalar estos rayos X, no es sólo inconstitucional, es también irracional”, precisaron los empresarios.