SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Sectores empresariales con un rol protagónico en las discusiones del Pacto Eléctrico externaron su desconcierto ante el contrato que suscribió el Gobierno para la instalación de otra planta a carbón de 600 megavatios, en adición a la Central Termoeléctrica de Punta Catalina que construye en la provincia Peravia.
“Obviamente ha sido una sorpresa para los sectores que estamos involucrados en este proceso; hubiésemos querido mayores niveles de transparencia y conocimiento, porque si estamos hablando de un Pacto que debe ser lo más sensato, transparente y apegado a la realidad, estas cosas debieron saberse”, sostuvo Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).
Agregó que decisiones de esa naturaleza “tienen un peso importante” en el sector eléctrico, sobre todo en el área de la generación. “En el caso de que se hubiese materializado, la inserción de una cantidad de potencia de ese nivel trastoca indudablemente el mercado eléctrico de manera significativa”, dijo Morrison, quien participó este martes en una de las plenarias del Pacto Eléctrico, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Indicó que la Ley General de la Electricidad (125-01) establece claramente que las empresas distribuidoras deben hace licitaciones públicas para la compra de energía, requisito que hasta donde se conoce no se cumplió en este caso.
Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), indicó que el contrato suscrito en el 2013 por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) -mediante un “poder especial” del presidente Danilo Medina- pone en entredicho la credibilidad y la transparencia que deben primar en el Pacto Eléctrico.
Sin cartas bajo la manga
“Aquí en el Pacto Eléctrico los actores lo desconocíamos, creo que eso no es bueno para la transparencia de este proceso, lo pone en cuestionamiento, porque aquí todo el mundo estamos sin cartas bajo la manga”, expresó Taveras, quien además es miembro directivo del Consejo Económico y Social (CES), organismo que preside monseñor Agripino Núñez Collado.
El empresario manifestó su inconformidad con la explicación ofrecida por la CDEEE, aclarando que el acuerdo de contratación de potencia con Pinegy Commercial Group fue rescindido en mayo del 2015, por alegados incumplimientos por parte de esta empresa.
“Eso es un problema, porque quizás si la parte contratante hubiese cumplido, pues ese proyecto seguía adelante, y eso no es bueno para esta discusión. Esa respuesta no nos satisface para nada”.
Antonio Taveras criticó que el Gobierno se haya embarcado en un nuevo proyecto de generación en medio, y de espaldas, al proceso de discusiones del Pacto Eléctrico, y se mostró poco optimista con los eventuales resultados que pueda arrojar la iniciativa.
“Si aquí se está articulando un nuevo esquema dentro del sector eléctrico, no debería el Gobierno estar haciendo cosas de espaldas a este pacto, porque entonces ¿qué razón tiene esta convocatoria?, expresó el directivo de la AEIH.
Taveras censuró además que no hayan sido entregadas informaciones vitales para la continuidad del proceso, como los estados financieros de las empresas distribuidoras y las relacionadas con la licitación para la construcción de Punta Catalina, que el CES ha solicitado en reiteradas ocasiones.
“Hay mucho ruido en torno a las plantas a carbón, entonces su hay mucho ruido en torno a un punto específico, al Estado le conviene aclarar eso; si a mí me están cuestionando y yo no he cometido ningún error, yo soy el primero que debo salir a demostrar que no”, expresó.