SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Trabajo, la Asociación de Industrias de Herrera (AEIH) y la Confederación Patronal de República Dominicana (COPARDOM) plantearon la revisión del Reglamento 522-06, que fija las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo en las empresas para disminuir los riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores.

Se trata de una normativa relativamente reciente, promulgada en el año 2006, que vino a sustituir un reglamento de higiene y seguridad industrial que databa del año 1966.

Jaime González, presidente de COPARDOM, entiende que la normativa es imposible de aplicar para la mayoría de las empresas del país, sobre todo para las más pequeñas.

 "A más de cuatro años de la promulgación de la actual normativa para la seguridad den salud en el trabajo, y conocido el Reglamento, vemos que no se ha logrado fortalecer o mejorar las condiciones de seguridad en salud del trabajo. Y peor aun, recibimos continuamente retroalimentación de empresas miembros de COPARDOM que señalan no sólo la imposibilidad de su aplicación, sino que la implementación de los requerimientos implica sacrificios que no pueden ser asumidos por la mayoría de las unidades productivas nacionales", argumenta el empresario.

Indica que el 98.2% de las empresas registradas en la Tesorería de la Seguridad Social hasta diciembre del año pasado, entran el las categorías de micro, pequeñas y medianas, de modo que les resulta incosteable implementar las medidas de protección a los trabajadores que ordena el Reglamento 522-06.

Asegura además que la normativa, tal como ha sido promulgada, representa "un obstáculo para el desarrollo del sector productivo y la creación y mantenimiento de empleos".

 "A más de cuatro años de la promulgación de la actual normativa para la seguridad den salud en el trabajo, y conocido el Reglamento, vemos que no se ha logrado fortalecer o mejorar las condiciones de seguridad en salud del trabajo. Y peor aun, recibimos continuamente retroalimentación de empresas miembros de COPARDOM que señalan no sólo la imposibilidad de su aplicación, sino que la implementación de los requerimientos implica sacrificios que no pueden ser asumidos por la mayoría de las unidades productivas nacionales".

Entre los puntos que entiende que hay que modificar están el artículo 7.14, que establece que "el empleador garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo que realicen".

A su juicio, este es un requerimiento inviable desde los puntos de vista financiero, pues entiende que es incosteable para las empresas, sobre todo para las micro y pequeñas; y operativo, porque "la obligación de realizar reconocimientos médicos con especialistas en salud genera distorsiones en el funcionamiento de las empresas" debido a la escasez de médicos especializados en salud ocupacional.

Cuestionó también el Artículo 14, que establece que "los programas de seguridad y salud en el trabajo serán realizados por proveedores de servicios de seguridad y salud en el trabajo, certificados por la Secretaría de Estado de Trabajo"; y a la Resolución 04-2007, que señala la cantidad de baños que debe haber en una empresa según la cantidad de trabajadores con que cuente.

González hizo estos pronunciamientos en la tertulia-almuerzo de la Asociación de Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo, encuentro en que también participó el ministro de Trabajo,  Maximiliano (Max) Puig.

Puig se mostró de acuerdo con la revisión del Reglamento 522-06, aunque no opinó sobre los capítulos específicos que entiende que deben ser modificados ni sobre los señalados por Copardom como "imposibles de aplicar". 

Puig indicó también que mientras se lleva a cabo este proceso, es necesario que las empresas cumplan con las normas vigentes, que a su entender tienen limitaciones que hay que revisar, pero también grandes fortalezas.

Entiende que con la norma vigente antes del Reglamento 225-06, se generó en el país una "cultura de incumplimiento de la ley" que persiste todavía.

Soraya Reynoso, presidenta de la  Sociedad Dominicana de Prevencionistas de Riesgos Laborales (SODOPRELA), considera que tanto los grupos empresariales como el Ministerio de Trabajo tienen razón en que hay algunos aspectos del Reglamento que deben ser estudiados, pero llama la atención sobre la diferencia que hay entre las deficiencias que éste pueda tener y la falta de compromiso por parte de las empresas para hacerlo cumplir.

"Si cumpliésemos por lo menos el 50% del reglamento actual estaríamos garantizando seguridad a todos los empleados. Y de eso es de lo que se trata. Es un asunto de responsabilidad social", señala.

Agrega que "aplicar el reglamento no es algo que les guste a las empresas, pero que no es cuestión de gusto", sino de cumplir la ley y respetar los derechos de los trabajadores.

En el encuentro también participaron el presidente de la AEIH, Wadi Cano; el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, Ignacio Méndez; el director de Preindustria, José Izquierdo; Sabino Báez, director general del Instituto Dominicano de Seguro Social; Elisaben Matos, director de la Administradora de Riesgos Laborales; Miguelina Ramírez, directora de Higiene y Salud Industrial del Ministerio de Trabajo; y César Nicolás Pénson, pasado presidente de la AEIH, quien fungió como moderador.