SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), las Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), de Hacendados (ADHA), de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) y de Constructores y Promotores de Vivienda (ACOPROVI) manifestaron este jueves su preocupación ante una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia que aprueba el “Reglamento Sobre Soluciones de Mensuras Superpuestas”.
Las entidades empresariales sostienen que en lugar de solucionar el problema de las superposiciones en los títulos de propiedad causadas por los problemas de mensuras catastrales, como fue solicitado por el sector al Alto Tribunal, el reglamento constituye “una norma contradictoria desde el punto de vista técnico, jurídico y procedimental y su ambigüedad facilitaría aún más los atentados a la seguridad jurídica en el sistema de Registro Inmobiliario”, por lo que solicitan que su entrada en vigencia sea suspendida de inmediato.
Luego de participar en un intenso proceso de discusión y consenso del borrador del Reglamento auspiciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y de haber trabajado durante largas jornadas en el primer semestre del año pasado con los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria, logrando consensuar un proyecto de Reglamento para el Control y Gestión de las Superposiciones entre Planos de Mensuras, “nos sorprende y preocupa que la SCJ apruebe algo muy distante de lo acordado y que empeora la situación”, expresaron.
La normativa “abre una puerta a nuevos problemas en la Jurisdicción Inmobiliaria”. Además, afecta tanto a los sectores productivos en sus inversiones inmobiliarias como a cualquier particular, por lo que urge suspenderlo de inmediato, señalan los empresarios.
Asimismo, permitiría “realizar cambios en los planos de mensura sin que los titulares lleguen a enterarse, ya que no están contemplados en los procedimientos”.
Es decir, que el plano de propiedad de una empresa o persona podría modificarse sin que esa empresa o titular sea enterado, lo que pondría en riesgo la seguridad jurídica y el derecho de propiedad establecido en la Constitución de la Republica
En consecuencia, apelamos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que tomen en cuenta nuestras preocupaciones y dispongan la suspensión inmediata de la entrada en vigencia de este Reglamento, con la finalidad de corregir los errores del mismo y así evitar mayores problemas de los que existen actualmente en la Jurisdicción Inmobiliaria y no se profundice la desconfianza e incertidumbre existente en el régimen de propiedad de la República Dominicana.