SANTIAGO.- El presidente del consejo directivo de la Corporación de Zona Franca, Miguel Lama Rodríguez, expresó que su acuerdo las evaluaciones hechas por Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, relacionada a la necesidad de promulgar y cumplir una ley electoral que disponga reglas claras y evite el uso y abuso de los recursos del Estado, en la campaña y los procesos de votaciones.
Lama Rodríguez, también ha valorado que el comentado discurso de Blanco Canto ante la audiencia de la Cámara Americana de Comercio, reitera las denuncias, que se habían hecho en torno proceso electoral del 15 de mayo del 2016, en el cual se produjeron fallas muy evidentes en el sistema de votación dominicano, que fue matizado por constantes cuestionamientos sobre la imparcialidad del órgano responsable de las elecciones generales.
Lama manifestó su respaldo a las propuestas Blanco Canto, titular CONEP, en el sentido de asumir cuatro pilares necesarios, para que sean parte de un pacto de entendimiento entre el gobierno y los sectores sociales dispuestos a superar las trabas del sistema político.
“Apoyamos las acciones que procuren alcanzar el fortalecimiento y la independencia de las instituciones reguladoras de los procesos electorales y el cumplimiento de la leyes, así como la Ley de Responsabilidad Fiscal que discipline el uso del presupuesto, los déficit fiscales y la deuda pública”, expuso el empresario Miguel Lama.
Lama manifestó que comparte la propuestas de que urge la aprobación de una Ley de Partidos Políticos, que contemple procesos internos apegados a la justicia y a la legalidad en bien de la militancia que aspire a cargos electivos y que evite las imposiciones.
El empresario se suma a la propuesta de que el liderazgo social, empresarial y político del país, oriente un pacto social con el objetivo de cumplir con la ley electoral que acorte los períodos de campaña y se reduzcan sus costos, que haya una ley de partidos que garantice la democracia al interior de los mismos y la ley de responsabilidad fiscal que establezca mayor rigor en el uso del presupuesto público.