SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno, a través de la Secretaría de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria otorgó la concesión para instalar los rayos X en los puertos a la empresa International Container Security System Inc, que tenía como representante a Salomón Sanz Espejo, quien gestionó ante el mandatario el sistema y contó con la aprobación de las Fuerzas Armadas, pero la familia Sanz, luego de fallecido Salomón, fue despojada del derecho por Jean Beauchamps y Belinda Galván Viuda Beauchamps, quienes se apropiaron mediante la creación de otra empresa con el mismo nombre, obteniendo un siguiente decreto de aprobación por parte del presidente de la República.
El conflicto por la concesión de los rayos X toma nuevas dimensiones, de acuerdo a los documentos obtenidos por El Caribe, en los que aparece varias veces la denuncia de fraude en Panamá, Estados Unidos y la República Dominicana, por parte de los propietarios de la empresa ICSSI, S.A. que preside la señora Belinda Galván Viuda Beauchamps, y de la que forma parte su hijo Jean Beauchamps.
La Secretaria de Estado de Industria y Comercio, Sonia Guzmán de Hernández, dijo ayer que no tiene atribuciones para intervenir en litis judiciales de empresas particulares, y que por esa razón no acogió una solicitud que en ese sentido le hiciera la compañía International Container Security System, Inc. para que le ayudara en la solución de un conflicto con la empresa dominicana ICSSI, S.A. ventilado en los tribunales de los Estados Unidos.
Reconoció que el 28 de enero del presente año su despacho recibió una comunicación en la que la empresa extranjera le informaba sobre la sentencia condenatoria que pesa contra los ejecutivos de la empresa dominicana que lleva las mismas iniciales de la extranjera, y le pedía que le ayudara a transigir el pleito contra los demandados.
En su condición de secretaria, explica, no optemperó a la solicitó, ni la respondió, porque carece de las atribuciones para intervenir en litis judiciales y menos aquellos que se ventilan en tribunales de otra nación.
La funcionaria no hizo referencia a la comunicación que le envió el sector empresarial dominicano el 24 de abril pasado, en el que la plantea la otra variante del conflicto, rechazando la instalación de los rayos X autorizados doblemente por el Poder Ejecutivo a dos empresas con el mismo nombre.
Los empresarios en contra
Las asociaciones empresariales expresaron entonces “su profunda preocupación por los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, en el sentido de otorgar a una empresa privada la autorización para cobrar servicios de verificación de contenedores en los puertos marítimos de la República Dominicana con el uso de un sistema de rayos X”.
Expresaron que la puesta en ejecución de un sistema de esta naturaleza, sin la debida experiencia logística y tarifa adecuada, “puede conllevar a efectos altamente nocivos para el comercio internacional, el mercado local y potencialmente la estabilidad económica del país”.
Solicitan a Guzmán de Hernández gestionar una reunión con el presidente de la República, Hipólito Mejía, a fin de exponerle las observaciones y alternativas para que haya un sistema de seguridad portuaria “sin que afecte el normal desenvolvimiento de las exportaciones e importaciones del país”.
La carta fue firmada por la cúpula empresarial dominicana, incluyendo a Elena Viyella, por el Consejo de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, por la Asociación de Industrias, Jorge Iván Ramírez, por la Cámara Americana de Comercio, José Manuel Armenteros por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Gustavo Tavares por la Asociación de Navieros, Arturo Peguero por la Asociación Dominicana de Zonas Francas y Samir Risek por la Asociación Dominicana de Exportadores.
El Caribe supo que el pasado jueves el sector empresarial sostuvo una importante reunión sobre el tema, en la que hubo una representación de la embajada de los Estados Unidos en el país, y que esta semana sostendrían el solicitado encuentro con el Presidente Hipólito Mejía.
Autorización a Salomón Sanz
El 4 de abril del pasado año, el vicealmirante de la Marina de Guerra Rafael E. Negrete Olivares, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, comunicó a Salomón Sanz Espejo y/o ICSS la “autorización para la prestación de servicios” en los puertos con el sistema de rayos X. Según esta comunicación, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Teniente General José Miguel Soto Jiménez, mediante oficio No. 10316, del 23 de marzo del 2002, dio luz verde a la instalación de los rayos X como parte de un sistema de seguridad nacional portuaria.
La comunicación dice que “el Superior Gobierno ha aprobado la instalación, operación y prestación de servicios, en los puertos del país, de acuerdo a su solicitud y propuestas anexas, la instalación de los equipos de rayos X a que se refiere la misma, para ser operados por las Fuerzas Armadas, a través de esta Dirección, con la finalidad de detectar en la carga que entra y sale de los puertos del país, cualquier cargamento ilícito encubierto dentro de la misma tales como: drogas, armas, explosivos, polizones, químicos controlados, material nuclear, plantas y sus derivados, animales y comestibles y cualquier otra sustancia o artículo que pueda ser utilizado por el terrorismo internacional o por violadores de las leyes nacionales o foráneas”.
La autorización dice que “estamos en la espera de que los equipos arriben al país consignados a este Cuerpo Especializado de Seguridad y propiedad de ICSS e iniciar de esta manera, las coordinaciones de lugar con los organismos competentes para la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos”.
Se desconoce bajo cuál procedimiento la empresa dominicana ICSSI, S.A. pasó a ser presidida por la señora Belinda Galván Viuda Beauchamps, pero se sabe que Salomón Sanz Espejo, fallecido el 7 de mayo del 2002, era el presidente y representante de Internacional Container Security System, Inc., la cual posteriormente designó como representante a Jean Beauchamps, a quien desde noviembre del año pasado se le sigue un proceso judicial en los Estados Unidos por fraude contra sus antiguos socios.
Abogado de Miami ratifica lo de Salomón Sanz
Ayer, el doctor Rafael A. Castro, abogado acusador en los Estados Unidos, reiteró los términos de su entrevista con este diario, y por escrito, quiso establecer que “el 25 de Julio del 2002, se firmó en Santo Domingo un acuerdo internacional para el desarrollo del Proyecto, que había de realizarse mediante la empresa International Container, referida como “ICSS.” Dicha empresa ya se beneficiaba de una autorización de la Presidencia de la República, otorgada mediante carta firmada por el Sr. Rafael A. Negrete Olivares, el Vicealmirante, M.de.G., Director del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (“CESEP”), fechada 4 de abril del 2002, para la instalación, operación y prestación de servicios en los puertos del país de acuerdo a la solicitud y propuesta presentada por el fallecido Sr. Salomón Sanz, en representación de la empresa International Container”.
Explica que con dicha autorización ya obtenida, “se le propuso a mis clientes una participación accionaria en International Container del 21% de las acciones de dicha empresa si consiguieran financiamiento para el Proyecto, que en ese momento representaba un compromiso de US$9,000,000.00 para la adquisición de los equipos y la administración de dicha empresa respecto al desarrollo del Proyecto. Mis clientes prestaron servicios en EE.UU al respecto y subsecuentemente obtuvieron compromisos financieros para el Proyecto, pero fueron rechazados por el Sr. Beauchamp, a traves de comunicación de Sergio Gonzalez-Ruiz, quien el Sr. Beauchamp usaba como agente para tratar con mis clientes. Sin el consentimiento de mis Clientes, la Sra. Galvan se apoderó de la Presidencia de International Container, luego de la dimisión de su hijo, el Sr. Juan Rene Beauchamp. Esto ocurre en secreto al mismo tiempo que se estaba negociando con mis clientes el acuerdo, y sin el conocimiento y consentimiento de estos últimos”.
Explica que el 8 de Julio del 2002, 17 días antes de la celebración del acuerdo, “se celebra la concesión entre CESEP y ICSSI, mediante la actuación de la Sra. Galvan, en representación de la empresa ICSSI. El Gobierno otorgó esta concesión a favor de ICSSI, a pesar de haberle otorgado (el mismo cuerpo gubernamental, o sea CESEP) previamente a International Container el derecho de explotar y desarrollar el Proyecto, y sin investigar si ICSSI era la misma empresa que International Container”.
Define esta actuación como fraudulenta por lo que fueron llevados a los tribunales en los Estados Unidos. “Beauchamp, y su madre, la Sra. Galvan, (fueron acusados) como complices, así como de incumplimiento contractual, robo civil, culpa, y, generalmente, enriquecimiento injusto”. La demanda en su contra es por US$80,000,000.00, y ya una corte federal dictaminó una condena civil por no comparencia.
Jean se hace pasar por Juan
Jean Beauchamps es reincidente en la sustitución de nombres de empresas y de personas. El pasado miércoles visitó al director de El Caribe, en compañía de otras personas, y se presentó como si fuese Juan, un hermano suyo, aparte de que definió su papel en la reunión como traductor. Cuando se le quiso tomar fotografías, se negó rotundamente, y en un diálogo con el periodista ratificó, frente a sus socios y el director de El Caribe, que él era Juan y no la persona de la que todos hablan, o sea Jean René Beauchamps Galván.
El siguiente fue el diálogo introductorio:
Fausto: ¿Juan es tu nombre?
Jean: Sí
Fausto: ¿Tú eres de la compañía?
Jean: No, es que mi mamá y mi hermano son los que son directores de la compañía.
Fausto: Pero entonces tú eres de la familia.
Jean: Aquí soy el traductor de esta conversación.
Fausto Rosario Adames
Publicado por el diario El Caribe el 9 de mayo del 2003, en sus páginas 1 y 2
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