SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons) rechazó este jueves que esté operando al margen de las leyes, como argumenta la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), y reiteró que no se opone a ser regulada por el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).

En respuesta a un reciente trabajo publicado en Acento, la entidad acusa a este sector empresarial de haber reiniciado en su contra una campaña de descrédito a través de medios, “con el objetivo de evadir el pago de 4 mil millones de pesos que le adeuda desde hace varios años” en violación a la ley 6-86.

El organismo descentralizado del Estado adujo que Acoprovi, “ha sido derrotada en las diferentes instancias de la justicia en más de 44 ocasiones, siendo de las más recientes decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional (TC), las sentencias 189-14, y 304-14, ratificando la constitucionalidad de la Ley 6-86, por mencionar algunas, que anteriormente había sido reconocida como tal por la Suprema Corte de Justicia”.

Su director ejecutivo, Luis Miguel Martínez, afirmó que el Fopetcons opera bajo el amparo de la ley 6-86 que le dio origen y de la ley 87-01, “ya que sigue el proceso de la resolución 343-14 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante la cual se aprobaron las Normas Mininas, que regulan los Fondos, Planes y Cajas de Pensiones complementarios que operan de manera especial” en el país.

Sostuvo que estos fallos judiciales “demuestran todo lo contrario a lo que han querido proyectar esos sectores, que aprovechando una situación como la del robo de RD$ 50 millones de pesos a una de las cuentas de ese organismo pretenden pescar en rio revuelto, con el macabro propósito de materializar sus viejos planes de eliminar la única conquista que en materia de Seguridad Social tienen los trabajadores” de la construcción.

Con relación a este fraude perpetrado en prejuicio del Fopetcons, subrayó que las autoridades notificaron con tiempo al Banco de Reservas el faltante de esos fondos y procedieron de inmediato a querellarse ante la justicia “para que se actuara de la manera más transparente posible”.

Luis Miguel Martínez, director ejecutivo del Fopetcons.

En ese sentido, el vocero del Fopetcons informó que “no ha querido entorpecer las labores de las autoridades judiciales, haciendo publicaciones que podrían distraer o confundir a los investigadores involucrados en el mismo, aunque espera que sea llevado hasta las últimas consecuencias y que los culpables paguen por los hechos cometidos, sin importar quien caiga”.

Dice no ocultan información

Agregó que cualquier información relacionada con el caso “podrá ser requerida por los interesados al tribunal correspondiente, ya que de acuerdo a las prerrogativas que le atribuye la Ley 200-04 al esa institución, se podría “incurrir en el entorpecimiento del trabajo de la justicia que maneja el expediente, por lo que en este momento se reserva el derecho de facilitar cualquier asunto concerniente” al presunto desfalco.

Refutó, asimismo, que en el Fopetcons “se le niegue información a cualquier ciudadano que la requiera sobre el funcionamiento de la institución. Con respecto a la solicitud y la denuncia que hicieron los trabajadores Albín Ortiz y José Antonio Rodríguez, de Santiago, dijo que “están siendo procesadas por los canales correspondientes para hacérselas llegar a través de la delegación de esa provincia, como se había acordado con ellos”.

Informó que contrario a lo que sostienen los sectores “que se empecinan por hacer desaparecer al Fopetcons, desde sus orígenes esa institución ha sido sometida al escrutinio público, habiendo pasado por el filtro de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas y propiciando ser regulada por las instancias de la Seguridad Social que deben acreditar” su funcionamiento.

Doble tributación

El directivo del Fopetcons también negó que exista lo que Acoprovi define como una doble tributación, “debido a que la Ley 87-01, en su artículo 36 establece que la afiliación del trabajador es obligatoria, única y permanente, por lo que siendo la ley 6-86, una norma reguladora del Sistema Dominicano de Seguridad Social, según dispone la propia Ley 87-01, en su artículo 2 letra b, se impone que todo aquel empleador que utilice mano de obra móvil u ocasional de la construcción tiene que afiliar sus trabajadores y cotizar al Fopetcons”.

Consideró “un sofisma decir que se paga doblemente y menos cuando dicha expresión viene de un sistemático evasor como es Acoprovi, cosa que no ocurre con otros constructores que si pagan al fondo y cumplen con la Ley”.

En su comunicado, el Fopetcons además acusa a “los sectores empleadores vinculados a Acoprovi” de propiciar un “boicot sistemático” a la aprobación –pendiente desde hace cuatro años- de la Protección Laboral en Salud y Riesgos Laborales para los trabajadores de la construcción. Afirma que esos sectores “colocan el costo de la Seguridad Social de los trabajadores en los presupuestos, pero no entregan el pago a las instituciones responsables de proteger” a los obreros.

Señala, asimismo, que “es evidente la existencia de un maridaje entre Acoprovi y sectores oficiales en la conspiración que se ha reeditado contra el Fopetcons y que en el pasado se expresó en la violación de las normas mínimas dictadas por el CNSS y que no han sido acatadas por la Sipen, lo que ha impedido la oportuna supervisión del Fopetcons” como lo establece la Ley 87-01.

Martínez acusa también a Acoprovi y “otros sectores” del CNSS de intentar “prostituir la base de datos del Sistema Dominicano de la Seguridad Social que opera la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), incluyendo a trabajadores extranjeros con documentos que no cumplen con el artículo 5 de la Ley 87-01, que establece que son afiliados al SDSS los dominicanos y extranjeros residentes legales” en el país.