SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Transcurridas casi tres décadas de su instauración, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons) sigue operando en medio de múltiples cuestionamientos sobre todo del empresariado del sector, litigios judiciales en torno a su legalidad y denuncias de corrupción que implican sumas millonarias.
Desde la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) hasta la Confederación Patronal (Copardom), los empresarios vinculados a la construcción han cerrado filas exigiendo la supresión de la controvertida entidad, o su eventual conversión en una Asociación de Fondos de Pensiones (AFP) debidamente regulada, en el marco de la Ley 87-01 de Seguridad Social.
En sus artículos 1 y 2, la Ley 06-86 que instituyó el Fopetcons estableció para su financiamiento la especialización de un 1% sobre el valor de todas las obras que se edifiquen en el país, incluidas las del Estado, así como la retención del 1% de los salarios que devenguen los trabajadores.
Para el sector empleador, esto constituye un esquema de doble tributación o cotización al margen del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), que incrementa innecesariamente sus costos en perjuicio tanto del clima de inversiones y de la seguridad jurídica, como de los propios obreros y presuntos beneficiarios.
“Eso afecta el clima de negocios porque supone una doble tributación; por una lado pagamos la Seguridad Social y por otro lado también tienes que pagarle al Fondo”, sostuvo el ingeniero Héctor Bretón, presidente de Acoprovi, en declaraciones al periódico Acento.
Indica que la existencia “irregular” de este organismo además fomenta la informalidad en el negocio de la construcción, así como prácticas de evasión fiscal y competencia desleal.
“Si tú estás construyendo informalmente y no pagas ningún impuesto, tú prefieres que venga esta gente del Fondo, que te van a cobrar 100 mil pesos, se ponen de acuerdo en una forma de pago, te rebajan algo y saliste de eso; pero tus trabajadores no están asegurados, no tienen cobertura de riesgo laboral, de salud, y tampoco pensiones”, argumenta Bretón.
Agrega que a la empresa constructora formal “le sale mucho más caro (tributar) a través de la Seguridad Social, pero uno puede decirle al trabajador ‘yo estoy pagándote esto, que le va a cubrir si tiene un accidente, y cuando ya esté en una edad avanzada tiene asegurado el dinero para su retiro”.
También para Joel Santos, presidente de la Copardom, el Fotpecons deviene de hecho en una "doble cotización” que debe ser suprimida. “Nosotros entendemos que es una doble cotización. Por lo tanto, no debe existir, para eso existen los regímenes bien definidos de la Seguridad Social. O que se desintegre y los trabajadores se integren a la regularidad del sistema”, aduce.
Manejo financiero
Otro de los aspectos del Fondo que más se ha cuestionado, tanto a nivel de los tribunales como en los medios de comunicación, concierne a la administración de los millonarios recursos que percibe y administra discrecionalmente en virtud de su marco legal, que también objetan los empresarios.
En su artículo 8, se consigna que los valores acumulados por concepto de la aplicación de la ley (6-86) sean "distribuidos en un 50% para los servicios sociales de las organizaciones y sus miembros, y un 50% para las pensiones y jubilaciones”.
Sobre este punto, el presidente de Acoprovi censura que la legislación permita al Fopetcons gastar el 50% de estos fondos en actividades sociales, recreativas y administrativas. “O sea que la mitad de lo que recaudan lo pueden gastar en cumpleaños, bodas, regalos, mientras que en cambio en las AFP no llegan ni a un 5%. Entonces ya tú te puedes imaginar la cantidad de dinero que ese fondo está manejando discrecionalmente”.
Bretón alude también a los casos judiciales por alegados actos de corrupción en que ha estado implicada esta entidad descentralizada, que fuera fundada con el objetivo de garantizar una “vejez digna” al obrero de la construcción.
Se refiere a la presunta estafa -a través de transferencias bancarias alegadamente fraudulentas- por la suma de RD$50 millones bajo investigación del Ministerio Público, y que en el pasado año condujo incluso al apresamiento de la propia tesorera del Fopetcons.
“Ese caso está en la Fiscalía, y nosotros tenemos entendido que ya no son RD$50 millones, sino que van más de 200 millones que se han perdido, entonces hay que ver dónde está ese dinero”, manifestó.
Atribuye a la “falta transparencia” con que opera esta estructura el hecho de que la Superintendencia de Pensiones (Sipen) determinara el pasado año que no puede regular el funcionamiento del Fopetcons, en respuesta a una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
“EL CNSS le pidió que lo evaluara, y la Sipen contestó que no puede supervisar ese Fondo por el desorden que tienen ahí dentro y porque no cumple con las normas mínimas” requeridas para ello por el organismo regulador.
Según la Ley 87-01, aquellos fondos creados al amparo de leyes especiales pueden mantenerse vigentes “siempre y cuando puedan ser supervisados por la Superintendencia de Pensiones”, afirma Bretón.
Agrega que el reglamento de Pensiones, que data del 2003, daba a los fondos complementarios como el Fopetcons un plazo de 90 días “para que enviaran sus estados (administrativos y financieros), a ver si calificaban” para ser incorporados y seguir operando.
“Esto quiere decir que para abril del 2003 este fondo tenía que mandar esos documentos, y se sabe que no lo hizo (…) O sea, ya la Superintendencia (de Pensiones) debería haberlo disuelto automáticamente”.
Trabajadores informales
Bretón refuta el argumento, enarbolado por sus directivos, de que solo el Fopetcons garantiza beneficios como la protección ante accidentes laborales y su correspondiente pensión a los obreros que laboran de manera informal en las construcciones.
“Eso es una falacia. Lo primero es que las AFP se ganan dentro de los márgenes de beneficio alrededor de un 5% más o menos, y con ese 5% que recaudan mira todo el dinero del mundo que ellos tienen, que están produciendo”.
Explica que estos trabajadores “móviles”, muchos de ellos extranjeros, pudieran ser incluidos y registrados en el sistema de SS sin mayores dificultades, a través de la página web de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
“Eso es sencillo. Tú contratas a alguien y lo registras con su cédula en la TSS con lo que va a ganar al día; al final del mes tú ves cuántos días trabajó, porque todo eso, porque todo esto en la SS va directamente a la cuenta individualizada, es automático y como trabajador tú sabes cuánto tienes en cada momento. Así cada trabajador puede ver su estado de cuentas”.
Con relación a los obreros haitianos indocumentados, recuerda que Acoprovi ha solicitado al CNSS “que acepte inscribir en la TS a aquellos extranjeros que tengan documentos, ya sea del Plan de Regularización o que tengan visa de trabajo”, para que de este modo puedan también pagar impuestos.
Señala que la mayoría de los trabajadores de la construcción que cotizan en el Fopetcons lo hacen contra de su voluntad. “Se estima que en el sector construcción laboran más de 600 mil trabajadores, no hay un trabajador que quiera estar en ese Fondo, que le descuenten ese 1% de lo que gana. Tú les preguntas y es en la Seguridad Social donde quieren estar” afiliados, afirma.
No dan la cara
Según declaraciones divulgadas en octubre del 2014 por su director ejecutivo, Luis Miguel Martínez, hasta esa fecha el Fopetcons había concedido su pensión -en un período de 28 años- a unos cuatro mil albañiles, plomeros, carpinteros y demás trabajadores de la construcción.
Un estudio de la firma Consultores Actuariales divulgado en la prensa, que fue tomado como base por la Sipen en su decisión de no reconocerlo como un “fondo complementario”, concluyó que el Fopetcons exhibe un cuadro financiero deficitario.
Según el análisis, de los activos netos del Fondo, ascendentes a RD$5,539.8 millones al cierre del 2013, unos RD$4,280.3 millones -es decir el 77.2%- correspondían a “cuentas por cobrar no recuperables en su totalidad”.
De no lograr implementar un plan que le permita superar sus debilidades administrativas y financieras, las finanzas del Fopetcons entrarán en una situación de déficit a partir del año 2024, pronostica el documento.
Este medio procuró obtener la versión de la entidad sobre los cuestionamientos que se le imputan, solicitud que se hizo a través su relacionista, Balbueno Medina, y que se quedó sin respuesta.
Tampoco fue posible, no obstante las múltiples gestiones encaminadas en ambas instituciones, conocer la posición oficial de la Superintendencia de Pensiones, ni del Ministerio de Trabajo.
Esto a pesar de que un viceministro de éste último organismo es quien preside el Consejo Directivo del Fopetcons, y de que su titular -la ministra Maritza Hernández- accedió en principio a conceder una entrevista sobre este espinoso tema.
Algunos antecedentes
Enero, 2014. La periodista Nuria Piera denuncia la “desaparición” de RD$1,168 millones en el Fopetcons, relacionados con un reclamo a la corporación ODEBRECHT para el pago correspondiente a 1% que ordena la ley 06-86, y que esta empresa habría ejecutado.
Marzo, 2014. La Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) declarar no conforme con la Constitución de la República la Ley 6-86, que crea la entidad.
Diciembre, 2014. El Tribunal Constitucional valida el decreto que crea al Fondo, y declara que se ajusta a la Constitución el decreto del Poder Ejecutivo relativo al reglamento número 683-86, instituyendo el Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Servicios Sociales de los trabajadores de la Construcción y sus afines, del 5 de agosto de 1986.
Diciembre, 2014. La Fiscalía del Distrito Nacional solicita prisión preventiva contra Moisés Rigoberto Peña, por alegadamente hacerse mediante transferencias bancarias fraudulentas con RD$50 millones del Fopetcons, según la denuncia hecha por directivos del mismo. En este mes también fue apresada por el mismo caso la entonces tesorera del Fondo, Leticia Antonia Castro.
Diciembre, 2014. La Superintendente de Pensiones niega al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons) la concesión del registro necesario para ser sujeto de la supervisión de este organismo, como dispone una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social.
Octubre, 2015. Los trabajadores Albin Ortiz y José Antonio Rodríguez solicitan al Fopetcons aclarar las informaciones sobre el presunto desfalco por 50 millones de pesos que habría ocurrido en esa entidad. Rodríguez, directivo del Sindicato de Albañiles de Santiago, denunció que el Fopetcons incurre en violación a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información.