SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) emplazó al Gobierno dominicano a aprobar el paquetazo (conjunto de proyectos de impuestos) enviado por el pesidente Leonel Fernández al Congreso Nacional, advirtiéndole que de otra manera no obtendrá recursos para enfrentar el déficit presupuestario y podría crear una crisis en los servicios públicos.

Alejandro Santos, jefe de la misión del Fondo, hizo la advertencia en el despacho del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, con quien se reunió antes de la rueda de prensa, acompañado del representante local del FMI, Mario Dahesa y de los asesores gubernamentales Magdalena Lizardo, Luis Reyes y Ramón Tarragó.

Santos dijo que informó de la situación a los miembros del equipo económico y a algunos legisladores con quienes sostuvieron una serie de reuniones el jueves sobre el fuerte impacto causado por el alza del petróleo, que se cotiza sobre los US$100 cuando en el presupuesto dominicano se proyectó a US$78, provocando un desfase en las finanzas públicas y duplicando de US$350 a US$700 millones el subsidio al sector electricidad.

“Y cuando no hay financiamiento suficiente y adecuado, hay que hacer los ajustes para volver a la sostenibilidad que se tenia antes y que, de alguna manera, estaba más o menos contemplada en el presupuesto originalmente diseñado y aprobado por el Congreso”, dijo.

Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el ejecutivo del FMI justificó que se tomen medidas para restablecer la sostenibilidad en las finanzas de la República Dominicana.

“Una barbaridad, y si sigue cayendo el nivel de tributación, es imposible proveer servicios públicos básicos”

“Desafortunadamente, la perspectiva es de que este precio (del petróleo) se mantendrá en un nivel elevado, y esa es la preocupación. No es un shock temporal, nadie espera que el precio del petróleo baje inmediatamente y se resuelva el problema. Desafortunadamente, la perspectiva es de que  siga a esos niveles elevados y que se tengan que tomar medidas difíciles para todos los miembros de la sociedad. El problema no es flexibilidad o no, se trata de un país importador de petróleo que necesita la energía para operar la economía y hay que pagarla”, sentenció.

Por su parte, el ministro Montás respondió a preguntas de periodistas que el Gobierno mantiene su posición de que el Congreso apruebe el proyecto de reforma fiscal como garantía para que sea mantenido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Y el mensaje a los legisladores es que el Gobierno necesita esos fondos y que de allí salgan estas o cualesquiera otras medidas que permitan recabarlos para el presupuesto del año”, porque en el Estado no hay ninguna intención de variar ningunas de las propuestas.

“Eso ya está en poder del congreso, por lo que esperamos que cualquier decisión congresional vaya en la dirección de garantizar al Gobierno los recursos que garanticen la ejecución presupuestaria”, reiteró Montás

Santos, de su lado, recordó que en 2010 los niveles de recaudación del Gobierno eran inferiores a lo programado hasta marzo, problema que consideró “serio y recurrente”, por lo que aconsejó a la población reflexionar que estos tres últimos años los ingresos del Estado han caído en 3% del PIB.

“Una barbaridad, y si sigue cayendo el nivel de tributación, es imposible proveer servicios públicos básicos”, dijo, y aclaró que el paquete fiscal sometido por el Ejecutivo al Congreso no es una reforma fiscal sino “pequeños ajustes” en algunas cosas para tratar de ordenar las finanzas públicas.

El funcionario anunció que la misión concluirá el lunes su labor en el país y emitirá en la ocasión un comunicado de prensa en el que explicarán el curso de las negociaciones con el Gobierno.

Argumentó que la función del FMI es alertar a las autoridades para que traten de resolver los problemas y con sus prerrogativas diseñen un paquete aceptable a la sociedad.

“Y a los legisladores corresponde determinar si la carga recaerá en gente de muy alto ingreso, ingreso medio o bajo, es una decisión interna, pero lo que invito a pensar es qué pasaría si, de repente, se encuentran con un problema serio de financiamiento presupuestal”, observó.

Recordó que las medidas que sean tomadas ahora ayudarán a facilitar que al país ingrese un monto de recursos equivalentes al 2% del PIB en financiamiento, a través de la colocación de un bono externo consignado en el presupuesto y el financiamiento del Banco Mundial y del BID que, en conjunto, podrían ser US$1,000 millones. “Y si no se logra que ingresen (esos fondos) a la economía, lo que pasará es algo más complicado que lo que estamos hablando al día de hoy”.