SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las organizaciones no gubernamentales (ONG), legalmente identificadas como asociaciones sin fines de lucro (ASFL) no son debidamente supervisadas por el Estado dominicano, a pesar que para el año 2014 se destinarán más de RD$1,500 millones del Presupuesto Nacional para financiar sus actividades.

El Estado dominicano cuenta con el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL), adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como el organismo encargado de supervisar a las ONG.

Acento.com.do entrevistó al director ejecutivo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL), Hernán Paredes, quien reveló que las ONGs están confundidas en relación con el organismo del Estado al que deben rendir cuentas.

¿Quién supervisa el desempeño de las ONGs?

La Ley No. 122-05 crea un sistema de regulación y fomento, el cual integra alrededor de 13 Ministerios de Estado, varias entidades públicas especializadas (CONANI, CONADIS, CONAPE, etc.), así como órganos rectores encargados de temas específicos de la ley como es el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, quien administra el régimen fiscal, y la Procuraduría General de la República, para el proceso de incorporación.

Una pieza clave para el correcto funcionamiento del sistema lo constituye la “Habilitación”, definida por la Ley como el proceso mediante el cual un organismo público competente, certifica que una Asociación Sin Fines de Lucro cumple con estándares mínimos de calidad, respecto de los servicios y productos que ofrece a la sociedad. Este instrumento de supervisión es responsabilidad directa de los Ministerios a través de los cuales se transfieren los recursos, sin embargo, hay que admitir que varios Instituciones han presentado debilidades para crear las normas técnicas de habilitación según estable la Ley. Es por esto último que desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) hemos venido celebrando reuniones con los responsables del tema dentro de cada Ministerio, para de esta manera comprometerlos a destinar recursos para implementar esta herramienta fundamental del sistema.

Por último, desde el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL, hemos estado solicitando recursos (Humanos, Económicos, etc.), para poder coordinar un sistema de regulación y fomento que involucra a 13 Ministerios, varias de entidades públicas especializadas y más de 5,800 ASFL en todo el país.

¿Rinden cuentas estas organizaciones de sus actividades a la dependencia que usted dirige?

Existe mucha confusión respecto de la vía expedita para que las ASFL hagan su rendición de cuentas, actualmente muchas organizaciones están haciéndolo a la Cámara de Cuentas, cuando la Ley 122-05 expresa claramente que deben enviarlo al Centro Nacional por medio de los Ministerios que transfieren los recursos. Desde el año pasado hemos venido aclarando esta situación con las entidades, y al día de hoy, hemos recibido cientos de informes que están siendo evaluados por nuestros analistas. Sin embargo necesitamos de más técnicos para poder asimilar con eficiencia tanta información que debe ser revisada.

¿Cuántas de ellas rinden informes de sus operaciones?

Muchas organizaciones están haciendo sus informes periódicos, sin embargo, existen ineficiencias del sistema que limitan el flujo de la información, por ejemplo, muchas ASFL se quejan de que a pesar de enviar sus reportes al Ministerio correspondiente, este no lo remite al Ministerio de Economía; pero también tenemos casos de ASFL que por falta de orientación hacen el informe solamente a la Cámara de Cuentas, y evidentemente esta última no está obligada a reenviarlos a nosotros. Actualmente estamos coordinando con todas las instituciones públicas involucradas en este proceso, para establecer mejores canales de comunicación y orientar mejor a las organizaciones.

Por otro lado, hemos encontrado numerosos casos de entidades de base, ubicadas en localidades muy pobres, las cuales demandan de nosotros capacitación, puesto que con los escasos recursos de que disponen no pueden pagar técnicos calificados para elaborar los informes requeridos. Desde el Ministerio de Economía estamos evaluando la posibilidad de impartir cursos y talleres especiales, pero además de esto, también estamos gestionando la contratación de técnicos para dar un acompañamiento más adecuado a cada una de estas organizaciones.

¿Por qué el Estado destina recursos a Ongs que llevan y promueven los nombres de personas particulares?

Hernán ParedesLa Ley No. 122-05 establece, entre otras cosas, que tienen derecho a optar por fondos públicos las Asociaciones Sin Fines de Lucro de cualquier tipo, siempre y cuando estos recursos sean utilizados en programas de beneficio público o servicios a terceras personas. Cuando se asignan recursos a estas entidades, el Gobierno lo hace en base a los programas, proyectos y planes que estas someten a consideración. Ahora bien, debemos señalar que el sistema de regulación y fomento a las ASFL debe ser fortalecido, sobre todo en parte la “Habitación”, la cual es responsabilidad de los diferentes Ministerios Estado. Esta herramienta, conjuntamente con una evaluación continua de otros mecanismos de control, como la “Incorporación” y la “Rendición de Cuentas”, aseguraría que los recursos públicos sean asignados a los mejores programas y proyectos presentados.

Debemos señalar también, que una de las “Líneas de Acción” de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, establece cambiar gradualmente esta modalidad de subsidios a las ASFL, y sustituirla por convenios de gestión. Sobre esto último el Ministerio de Economía evalúa la posibilidad de comenzar con algunas organizaciones piloto el próximo año.

¿Cuáles son las dificultades que usted identifica en el manejo de estas organizaciones?

Primero, hay que tener en cuenta que antes del marco jurídico vigente, y por más de ochenta años, el único marco de referencia sobre la regulación y el fomento de las ASFL en el país, era una simple ordenanza del año 1920. Por esta razón, la Ley 122-05 establece un antes y un después en materia de políticas públicas enfocadas a este sector de la Sociedad Civil Organizada, sin embargo, y precisamente por lo innovador del modelo, hemos identificado mucha confusión entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, incluso sobre aspectos fundamentales como los que mencionábamos anteriormente; pero como Gobierno tenemos la responsabilidad de socializar esta ley, la cual podría pensarse que tiene más de ocho años pues fue aprobada en el año 2005, pero sucede que su reglamento de aplicación se aprobó tres años después, es decir, en el año 2008. Tenemos programado realizar el próximo año 24 talleres en diferentes provincias del país.

Las organizaciones necesitan capacitación no solo respecto al marco jurídico de regulación y fomento de las ASFL, sino que también demandan de entrenamiento en cuestiones básicas como formulación de programas y proyectos, contabilidad, planificación estratégica, y otros más. Existen organizaciones veteranas y con recursos (públicos y privados) que pueden pagar asesores y demás, pero la gran mayoría son organizaciones muy humildes que necesitan un acompañamiento especial, tal y como lo previó la propia Ley al crear un organismo con el Centro Nacional.

Sin embargo, no solo las ASFL deben ser capacitadas, también los organismos públicos que intervienen en el sistema necesitan adecuarse y disponer de los recursos institucionales para asumir el reto representa esta, relativamente nueva, política. Eso no excluye a la unidad operativa del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL, la cual ha estado funcionando desde su creación con herramientas sumamente limitadas. Es por esto que el Ministerio de Economía pretende impulsar un plan de fortalecimiento de este organismo coordinador de la política del estado en materia de Sociedad Civil.