El déficit fiscal y la desigualdad son los dos grandes problemas de RD

República Dominicana

¿Se está convirtiendo en un país monopartidista?

Autor

Carl Meacham

 

Antecedentes

Desde que empezó el milenio, República dominicana ha tenido tres jefes de Estado: Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.

Hipólito Mejía, miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) asumió la presidencia en agosto de 2000. Aunque presidió una de las perores crisis bancarias, cambiaria y económicas, los esfuerzos de Mejía por impulsar el desarrollo económico se concentró en el acceso a los recursos y servicios del Gobierno a miles de comunidades rurales en todo el país, más que concentrarse en los mayores centros urbanos. Su administración estableció el primer sistema de jubilación basado en la seguridad social, que le propició una red de seguridad por primera vez en República Dominicana

Aunque la administración de Mejía fue culpada al principio por el derrumbe del segundo banco comercial sobre la base de una prolongada corrupción, ninguna prueba ha vinculado a Mejía a sus consejeros más cercanos a esa corrupción. Mientras que existen reportes de que hubo corrupción durante su mandato presidencial, ni la percepción pública ni pruebas firmes indican que la corrupción haya alcanzado a los más altos niveles del gobierno, manteniéndose como un fenómeno a un nivel más bajo, en lugar de un problema abarcador de todo el gobierno.

Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) derrotó al presidente Mejía en las elecciones de 20014, habiendo ya sido presidente durante los últimos años de los 90. Fernández dirigió el gobierno dominicano durante dos periodos consecutivos, durante cuyo transcurso se concentró principalmente en el desarrollo de la infraestructura tecnológica y la estabilidad macroeconómica y monetaria. Asumió la presidencia en los faldones de la profunda crisis que comenzó durante la administración de Mejía ‒y si bien estabilizó con éxito la economía del país, su política económica, en contraste con la de Mejía se vio como desatenta a los problemas sociales y la desigualdad socioeconómica.

El segundo periodo (consecutivo) de Fernández resultó más notable por su “pacto de las corbatas azules” y la reforma constitucional y judicial que facilitó. El pacto, un acuerdo entre el partido de Fernández y el presidente del PRD, Miguel Vargas ‒ a quien Fernández derrotó en las elecciones presidenciales de 2008‒ aseguró la cooperación bipartidista durante el proceso de reformas.[2] Fue durante este segundo periodo que las percepciones sobre Fernández empezaron a cambiar, con un presidente cada vez más vilipendiado ‒en particular, por el ya fracturado PRD‒ y visto como el responsable de los problemas de la oposición y el aparente crecimiento de la corrupción, el debilitamiento del Estado de Derecho, la consolidación de poder del PLD, y la erosión de la independencia del sistema judicial. El segundo periodo de Fernández estuvo también caracterizado por el incremento de las preocupaciones en reino del narcotráfico y el impacto de las organizaciones criminales trasnacionales en el Estado de Derecho dominicano.

Danilo Medina, el ex jefe de gabinete de Fernández y confidente cercano, ganó las elecciones presidenciales en 2012. Hasta ahora, el primer año de su presidencia se ha caracterizado por una mayor confianza pública en su liderazgo transparente que su predecesor ‒incluso, hasta la oposición generalmente respeta su presidencia y prioridades. Dicho lo anterior, se le ve como alguien que ha heredado un sistema ya amañado en su favor y el del PLD, que le permite, quizá, beneficiarse de un sistema sesgado, sin que tenga que enfrentar la culpa de haberlo creado. Y aun cuando aspectos de la presidencia de Medina han sido bien recibidas por la población dominicana, el problema de la creciente presencia de las organizaciones delictivas internacionales y el narcotráfico solo ha aumentado en los últimos años. En el primer semestre de 2013, un 14% de los embarque de cocaína hacia Estados Unidos ‒un total de 42 toneladas ‒se trasladó a través del Caribe, con República Dominicana destacando como un centro regional para esas actividades.

Estado de Derecho, autoridad jurídica u partidos políticos en República Dominicana

El dominio actual del PLD ha despertado una serie de preocupaciones para la gobernabilidad del país, su independencia judicial y legislativa, y el estado de la democracia dominicana. Al abordar estas inquietudes, observamos lo siguiente:

El dominio del PLD; éxitos electorales, Una oposición débil y la “Democracia de un partido único”

El PLD mantiene una abrumadora mayoría de las posiciones en el gobierno dominicano. Aunque el ciclo electoral legislativo más reciente, que tuvo lugar en 2010, vio al PRD generar 41.7% del voto popular, la votación de todas formas arrojó 31 senadores del PLD (de 32 sillas senatoriales) y cerca de una mayoría del 60% en la Cámara de Representantes. La reforma constitucional de 2010, que reestructuró toda la rama judicial, previó que los jueces de las cuatro altas cortes fueran designadas por el Consejo Nacional de la Magistratura ‒un órgano integrado por el presidente, los líderes de ambas cámaras del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un segundo juez de la Suprema Corte, y un representante de un partido no gubernamental de la cámara del Congreso. Dada la actual penetración del poder del PLD en todas las ramas del Gobierno, la mayoría del Concejo es probable que garantice el respaldo de los candidatos del partido.

Le dominio del PLD está reforzado por una oposición fragmentada, cuya falta de cohesión engendra cada vez más escepticismo sobre el estado de la democracia dominicana.  Cuando explican el dominio del partido, los actuales líderes del PLD citan el estado caótico y la división del PRD como las razones de su propio poder abarcador y su éxito electoral. Un importante asistente del presidente Medina expresó su preocupación por la imagen de la democracia cuando no existe un desafío importante para el partido gobernante, reconociendo las amplias críticas que el gobierno controlado por el PLD enfrenta por su superioridad en todas las ramas del gobierno. Cualquiera que sea el efecto sobre la percepción de la democracia, la falta de cohesión del PRD puede rastrearse hasta el “pacto de las corbatas azules” firmado en 2010 y promovido por el entonces presidente Leonel Fernández del PLD y el presidente del PRD Miguel Vargas. El pacto que aseguró la cooperación bipartidista en la radical reforma constitucional y judicial, dividió al PRD y hasta la fecha, el partido no ha logrado reunificarse.

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Cuadro 1

 

Actual Representación partidaria en la Legislatura dominicana

Legisladores

También preocupa que mediante esta supuesta interferencia sesgada en los asuntos partidarios, el Tribunal Electoral Superior (TES) haya asegurado la continua desunión del PRD. Debido a su participación discrecional en la preservación de Miguel Vargas en la presidencia del PRD ‒y la decisión de no involucrarse en la expulsión del partido del expresidentes Hipólito Mejía‒, algunos temen que el FSE esté desempañando un papel indebido y decisivo en la paralización del principal opositor del PLD. El pacto de 2010, en gran medida visto como un movimiento de Miguel Vargas para aliarse con el gobernante PLD, conjuntamente con la supuesta interferencia del TSE, han creado la impresión de una oposición dividida intencionalmente ‒para beneficio del partido de gobierno.

A pesar de la explicación del PLD de que una oposición débil solo erosiona la percepción de la democracia, parece que las instituciones democráticas en la República Dominicana están siendo amenazadas por le preponderancia de un partido único. Sin duda, República Dominicana cuenta con todas las instituciones propias de la democracia. Pero las reformas promulgadas bajos las administraciones recientes han despertado dudas, trayendo a cuestionamiento la naturales verdaderamente legítima y democrática de las instituciones.  Según la oposición, el PLD utilizó la Reforma Constitucional de 2010 para lograr el control sobre la judicatura y el proceso de nombramiento de los fiscales, mediante una reestructuración de ambas cortes y la designación de jueces y fiscales. DE los cinco jueces designados para el tribunal electoral, por ejemplo, tres son vistos como directamente susceptibles a la influencia del PLD, y los otros dos se cree que también tienen vínculos con el partido y sus líderes. Esta aparente disminución de la independencia judicial presuntamente dejó espacio para la expansión del poder ejecutivo, convirtiendo al Estado en una especie de organización movida por los poderosos intereses creados del partido gobernante. El crecimiento del poder ejecutivo, unido a la ausencia (supuestamente ayudada por el PLD) de una oposición significativa, ha dejado poco fuera de la esfera de la influencia ejecutiva.

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Cuadro 2

 

Actual representación de los partidos en el Senado

Senadores

PRSC  3%,

PRD 0%,

PLD 97%

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Independencia judicial: las Altas Cortes, cumplimiento de la Ley, y una cultura de impunidad

Los miembros permanentes de de la judicatura del país van lejos para afirmar su sentido de independencia ‒ desde los partidos políticos y desde otras ramas del gobierno. Muchos mencionaron la naturaleza bipartidaria del proceso de reforma judicial, un fruto del “pacto de las corbatas azules” del PRD-PLD, como prueba de un sistema democrático que funciona. Dicho esto, las designaciones judiciales, como resultado de ese pacto, no están sujetas al escrutinio legislativo. El poder de Concejo Nacional de la Magistratura, compuesto por los funcionarios más altos elegidos en el país, no está por designación en las manos de un solo partido. Pero el dominio actual del PLD en todo el gobierno garantiza que ese Concejo ‒y de acuerdo con la oposición, los jueces que designa‒ son leales al partido gobernante.

El efecto corrosivo de la corrupción política a un eficaz imperio de la ley, la independencia judicial y legislativa, y un sistema multipartidario ha existido durante mucho tiempo en República Dominicana, aunque en diversos grados.  Aún así, a pesar de años del clientelismo post-dictadura, muchos en República Dominicana ven los sucesos de la década pasada como una expansión sin precedentes de prácticas que antes se mantuvieron fuera de las operaciones centrales del gobierno. Una llamada “cultura de la corrupción”, en muchas formas, ha ocupado el lugar de un sistema político que antes solo estaba matizado con prácticas de corrupción. Parece existir poca (si acaso) negación de la presencia de la corrupción bajo administraciones anteriores ‒pero parece, del mismo modo, que pocos en la oposición cuestionarían la extrema amplitud y profundidad que del poder presidencial durante los años recientes de los gobiernos del PLD.

La “cultura de corrupción”, igualmente parece aplicarse de manera creciente al sistema judicial. La separación e independencia de poderes, consagrada desde la caída de la dictadura y la institucionalización de la democracia, no se vieron amenazadas hasta los primeros años 2000.  Bajo el presidente Mejía, por ejemplo, las altas cortes del país esran tenidas como legítimos y dedicados protectores de la constitución ‒muy semejantes a sus contrapartes en Estados Unidos. Esta confianza pública en la judicatura, sin embargo, empezó a erosionarse bajo la posterior administración de Fernández. Después de la reestructuración de la judicatura en 2010, la autonomía de la institución parece haber ido decreciendo sostenidamente ‒y de igual manera lo ha hecho la confianza tradicional de los dominicanos en sistema judicial.  Como expresó un ex juez, “El acontecimiento más serio es que la gentes está perdiendo su fe en la autoridad judicial, y cuando la confianza en la autoridad judicial se pierde, ‒la independencia, legitimidad, democracia‒ todo se pierde con ella”.

Las cuestiones que rodean al sistema judicial adelantan una contradicción adicional en que supuestamente hay muchas leyes en los libros que rara vez se aplican. Mientras que existe una amplia legislación para garantizar una gobernabilidad adecuada, por ejemplo, los miembros del los medios del país expresaron su seguridad de que esas leyes son escasamente (si alguna vez) hechas cumplir por el pode judicial del país. Y lo que es más, en conversaciones con líderes del partido surgieron acusaciones de que funcionarios de alto nivel del partido y gobierno recibieron pagos de delincuentes ‒entre otros, traficantes de drogas‒ para garantizar que ellos estarían fuera del alcance de las leyes.[3] En la medida en que falla la voluntad o la capacidad del sistema judicial para mantener en alto las leyes, más y más dominicanos cuestionan los motivos que están detrás aún de las decisiones más firmes que hace el gobierno. De manera creciente, existe una preocupación real de que las personas se inclinarían hacia métodos extrajudiciales ‒narcotraficantes, mafias, o la corrupción, por ejemplo‒ para solucionar problemas, socavando con ello aún más el Estado y creando una cultura de impunidad.

La corrupción y sus efectos

Parte integrante del dominio político del PLD y su aparente penetración en todo el gobierno dominicano es el papel creciente fuera del sistema político del país. Aunque la mayoría del partido en ambas cámaras del Congreso realmente contribuye a la naturaleza del largo alcance de su poder, se dice que los líderes del PLD están en la cima de una amplia red de clientelismo que se ha desarrollado durante los últimos diez años, y que conlleva una serie de implicaciones para la economía dominicana.  Nuestras observaciones son las siguientes:

Clientelismo: y lavado de dinero, FUNGLODE, y supuesta y falta de decoro (indecencia) (comportamiento inapropiado)

A través de las reformas que empezaron en 2010 y la supuesta red de clientelismo que ha crecido de manera gradual durante las tres últimas administraciones presidenciales, el PLD supuestamente a asegurado que cada rama del gobierno responda directamente al Poder Ejecutivo ‒asegurando de esta forma el lugar del partido en la cúspide de la política dominicana. De acuerdo con miembros del movimiento anti PLD, quienes han compilado amplias y extensas pruebas a estos efectos, aunque la Fundación Global para la Democracia y el Desarrollo (FUNGLODE), el presidente Fernández y sus aliados han sido acusados de blanquear enormes sumas de efectivo ‒para asegurar el otorgamiento de   contratos del gobierno.[4]

Y en la medida en que el partido consolidaba su control la población dominicana se encuentra cada vez más en una posición de relativa impotencia. Líderes empresariales del sector privado citan estos contratos y los sobornos que ellos alegan que conllevan como una fuente primaria de frustración ‒y de ineficiencia económica‒ para el único beneficio del partido gobernante.

Efectos deformantes: desigualdad sistémica, un sector privado que sufre, y la economía dominicana

La corrupción y el clientelismo que solo han crecido en los últimos años parecen haber deformado, a cambio, la economía dominicana. Actualmente, de acuerdo con miembros del sector privado dominicano el sector informal constituye cerca de la mita de la economía del país, con la corrupción del Estado y el añadido de cuestionables “tarifas y licencias” exigidas para las operaciones formales que aportan pocos incentivos para operar dentro del sector forma. Como ilustración, el empleo en sector privado (formal) creció solo 5% durante la última década, mientras que el empleo en el sector público se incrementó en un sorprendente 37% ‒con lo que ambos hablan de los efectos perversos de las políticas del PLD sobre la economía y la hinchazón del gobierno central.

El Incremento del gasto público ‒resultado de los esfuerzos por impulsar la economía después de la crisis de 2008 y el gasto del gobierno en rápido crecimiento durante las elecciones presidenciales de 2008 y 2012 han creado un déficit fiscal que se avecina para los próximos años. El presupuesto errático (y dependiente del ciclo electoral) implica graves debilidades en la economía dominicana. Y con un déficit que se acerca (y se espera que pronto exceda) el 50% del PIB ‒generalmente visto como una señal de que vienen duras condiciones económicas‒ el gobierno probablemente no podrá retornar a una economía estable y de rápido crecimiento en un futuro previsible y enfrentará una capacidad cada vez menor para pedir préstamos. Como parte del déficit fiscal del 2012 orquestado por el gobierno, el gobierno dirigido por el PLD incremento masivamente el gasto estatal en el periodo previo a las elecciones ‒y, sin que causara sorpresa, el déficit estalló, alcanzando aproximadamente un 8% del producto interno bruto. Aunque ese incremento, sin previa aprobación del Congreso, es una violación directa de las regulaciones fiscales del país, el Poder Judicial no atribuyó las consecuencias al gobierno del PLD: ‒lo cual se consideró por la oposición como una prueba de la influencia del partido oficial sobre las decisiones judiciales. Y en la medida en que el presupuesto del gobierno aún va más lejos en rojo, sus efectos negativos sobre la economía contrarrestan los esfuerzos formales por impulsar la productividad del sector privado, un mal augurio para el avance de la economía dominicana.

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Cuadro 3

Distribución de ingresos y desigualdad económica en América Latina

País Años  Quintil    2do         3er          4to      Quintil    Posición

Superior Quintil   Quintil   Quintil  Inferior

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Cuadro 4

Déficit Nacional 2004-2012

En millones de pesos dominicanos

Total de ingresos

Total de gastos

Déficit

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Además, los intentos del gobierno por estimular la economía no han logrado enfrentar la desigualdad sistémica del país, particularmente notable en el espectro del estatus socioeconómico. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 20% superior de la población dominicana controla más del 60% de los ingresos del país, mientras que el 20% más bajo recibe menos del 3% ‒lo cual fortalece la posición de la República Dominicana entre los países con mayor desigualdad de la región

Los retos que enfrentan las relaciones República Dominicana- Estados Unidos

En el contexto de los retos internos que enfrenta República dominicana, es fundamental considerar en qué medida estos desafíos afectarán la relación del país con su socio más importante: Estados Unidos. Colectivamente, estas recomendaciones abordan los problemas más centrales para el futuro de la relación EE.UU.-R.D.: el comercio, el tráfico de drogas; la inmigración; y Haití. En ese orden de ideas, se observó lo siguiente:

La República Dominicana desempeña un papel importante en varios problemas bilaterales en sus relaciones con Estados Unidos ‒incluyendo la promoción de exportaciones hacia Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio EE.UU.-América Central-República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) y su papel como socio importante para la reconstrucción y estabilización de Haití. No obstante, la residencia de haitianos nacidos en República Dominicana continúa siendo un problema crucial y sin resolver en la parte este de la isla. Este sensible problema pudiera aumentar más aún si el gobierno (dominicano) sigue demorando abordarlo.  Y el papel potencial de la nación caribeña como un futuro baluarte de EE.UU. en la lucha por impedir los flujos caribeños de droga de México, Colombia y Venezuela bien pudiera definir el avance de la relación bilateral.

Cooperación bilateral: la geografía dominicana y los esfuerzos anti-narcóticos

La “fragilidad” inherente de la posición geográfica de República dominicana ‒en el Caribe, directamente en la ruta desde la costa norte de América del Sur hacia el sur de Estados Unidos‒ lo coloca en una clara desventaja, pues los carteles de la droga que operan en la región utilizan cada vez más las deficientemente vigiladas costas del país como un punto del tránsito. La posición estratégica de la isla en el mismo medio del flujo caribeño de las drogas (además de productos y personas) hace de la eficaz administración de justicia un juego de apuestas aún más altas ‒particularmente cuando la independencia y la confianza jurídica en los tribunales continúa erosionándose. Con México y sus vecinos centroamericanos como ejemplos de los devastadores efectos de un extenso tráfico de drogas aún en los sistemas políticos más fuertemente democráticos, la estabilidad democrática y la cooperación antinarcóticos son de suprema importancia para que avancen las relaciones de Estados Unidos con la República Dominicana

Vínculos familiares: migración y la relación EE.UU.-República Dominicana

Debido a las estrechas relaciones y la proximidad geográfica entre Estados Unidos y República Dominicana, la migración entre ambos países es esencialmente una puerta giratoria ‒dados los vínculos familiares, oportunidades de empleo, y la facilidad legal absoluta de movimiento. Según una investigación de la City University of New York (CUNY), más de 1.5 millones de dominicanos viven en Estados Unidos, lo cual los convierte en la cuarta mayor nacionalidad de latinoamericanos en el país. En 2000, 91,000 de esos dominicanos no tenían un estatus legal. El elevado número de ciudadanos descendientes de dominicanos (570,000), residentes permanentes (530,000) y ciudadanos naturalizados (400,000) habla de la facilidad de movimiento entre los dos países ‒y por tanto, del potencial para que los ciudadanos dominicanos vean la migración como una opción viable ‒es en esencia, una válvula de escape, si la situación económica y política empeorase en el país de origen. Estos vínculos migratorios hacen del movimiento futuro de personas entre ambos países un aspecto central de la relación bilateral en el futuro previsible.

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Cuadro 5

Desglose de los dominico-estadounidenses en Estados Unidos

 

Residentes indocumentados   5%

Residentes permanentes       34%

Nacidos en EE.UU.              36%

Ciudadanos naturalizados     25%

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Pronósticos y conclusiones

Las trayectoria de la política dominicana en lo adelante estará determinada por un número de factores, que probablemente incluirá el futuro del dominio del PLD, la economía, las relaciones con Haití, la inmigración, y la desigualdad sistémica. El déficit fiscal que se avecina y el fracaso del Gobierno dominicano en hacer frente a la desigualdad en el país son dos debilidades graves de la economía nacional.

La historia de corrupción y un pobre Estado de Derecho en República Dominicana es larga. Pero por muy bien conocida que sea la experiencia del país con la corrupción, no se puede negar que el problema ha aumentado ‒y rápidamente‒ en los últimos años.

Mientras que la corrupción por sí sola podría no parecer algo extraordinario, cuando las prácticas corruptas calan y empiezan a erosionar los fundamentos democráticos, todo cambia. El dominio del PLD en todo el gobierno dominicano y más allá, está, cuando menos, acercándose a esa línea ‒todo ello en el contexto de fundamentos económicos débiles, en gran medida resultado del clientelismo que ha crecido con el poder del PLD.

Quizá estos problemas pudieran parecer menos apremiantes si no fuera por la increíble esperanza de República Dominicana. La mayor economía de América Central y el Caribe y por mucho tiempo el beneficiario de su propio sistema democrático estable, el país estaría en posición de asumir un papel de líder en la región, expandiendo su perfil internacional más allá de La Española y el Gran Caribe. Pero mientras persista el statu quo ‒y desde luego, si la situación empeora‒ la República Dominicana continuará retrasándose.

 

ANEXO: Lista de reuniones

Fausto Rosario Adames, Director, Acento.com

Henry Molina, Viceministro de la Presidencia de República Dominicana

Roberto Álvarez, Coordinador General, Grupo Participación Ciudadana

Francisco “Ito” Domínguez Bisonó, Diputado, Cámara de Diputados

Orlando Jorge Mera, Secretario General, Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

Guillermo Caram, Dirigente, Partido Reformista Socialcristiano (PRSC)

Guillermo Moreno, Fundador, Alianza País

Cristóbal Rodríguez, Jurista experto en derecho constitucional Tribunal Constitucional

Jorge Suero Isa, Expresidente, Suprema Corte de Justicia

Luis Abinader, Presidente, Centro de Estudios sobre Políticas Públicas

 

H. Alexander Henegar, Jefe Unidad Política, Embajada de EE.UU. en Santo Domingo

Brian Quigley, Consejero para Asuntos Políticos, Embajada de EE.UU. en Santo Domingo

Hipólito Mejía, Expresidente, República Dominicana

José Monegro, Subdirector, periódico El Día

Milton Ray Guevara, Presidente Tribunal Constitucional de República Dominicana

Mariano Américo Rodríguez Rijo, Miembro titular, Junta Central Electoral

Sobre el autor

Carlo Meacham es director del Programa para las América del CSIS. Se incorporó al CSIS desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (SFRC), donde sirvió en el equipo profesional para el senador Richard Lugar (R, Indiana) durante más de una década. Fue asesor principal para América Latina y el Caribe en el comité, la posición más alta en el equipo del Senado para la región. Como tal, viajó intensamente a la región para trabajar con gobiernos extranjeros, organizaciones del sector privado, y grupos de la sociedad civil. También fue responsable de dirigir la relación del comité con el Departamento de Estado en relación con el Hemisferio Occidental y de supervisar su presupuesto de US$2 mil millones.

Antes de unirse al SFRC, Meacham laboró en el equipo de dos senadores demócratas, Previamente a su trabajo en el Senado, trabajó en el Departamento de Comercio como ayudante especial del vicesecretario, en el Buró de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado y fue criado, parcialmente, en Chile, el país de origen de su madre. Recibió su título de BA. en la Universidad de Albany, Universidad Estatal de Nueva York, y tiene maestrías de American University y Columbia University.