SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Inc. (CONEP), pidió este lunes que se estudien y revisen a fondo las consecuencias de la aplicación de la Norma General número 13-2011, que obliga a las instituciones bancarias y financieras a retener el 1% de los intereses que devengan las empresas por sus depósitos.
De esta manera el CONEP apoya la posición común de la Asociación de Bancos Comerciales y la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidades que solicitaron a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) derogar la referida norma por contener aspectos que afectan su validez jurídica y entran en contradicción con el Código Tributario y el Código Monetario y Financiero.
El CONEP reiteró su llamado a hacer prevalecer la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho.
En un comunicado divulgado este lunes señaló que no deben adoptarse disposiciones que afecten el clima de inversión para los sectores productivos y alertó sobre el efecto nocivo del cambio constante de las reglas de juego.
“Las autoridades tienen que evitar este tipo de señales muy negativas para los sectores productivos nacionales, porque con lo que se dispone en la Norma General 13-2011 se viola ordenamiento jurídico, se genera riesgo e inestabilidad que afectan el clima de confianza en las entidades de intermediación financiera”
“Las autoridades tienen que evitar este tipo de señales muy negativas para los sectores productivos nacionales, porque con lo que se dispone en la Norma General 13-2011 se viola ordenamiento jurídico, se genera riesgo e inestabilidad que afectan el clima de confianza en las entidades de intermediación financiera”, afirmó el CONEP.
El CONEP también criticó que la citada norma fuera aprobada sin publicación previa, lo que a su juicio viola la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Advirtió que de ponerse en práctica como está contemplada, la Norma General 13-2011 afectaría muy negativamente al sector bancario, el cual a su vez, tendría que incurrir en incumplimiento o violaciones a la regulación monetaria que consagra el secreto bancario.