SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En la tarde de ayer miércoles se produjo un acuerdo entre el Gobierno y la banca que allana el camino para la aprobación de la reforma fiscal sometida al congreso nacional.

Las partes pactaron que el encaje legal, el efectivo en caja y las inversiones bancarias quedan excluidos de los activos que serán gravados con el 1% contemplado en la propuesta oficial y que dicho gravamen tendría una vigencia de sólo dos años. Acento.com.do buscó la opinión de algunos expertos en esta materia sobre las implicaciones que tendrá esta negociación.

Bernardo Fuentes: “Me parece una decisión acertada”

Este analista entiende que lo pactado entre el Gobierno y el sector bancario es un acierto para ambas partes: “Es insensato, no es lógico ponerle un impuesto a un dinero que no está generando riquezas”.

Considera además que el Gobierno, lejos de quedar afectado por la reducción de las recaudaciones que implican las nuevas condiciones, encontrará la forma de agenciarse ajustar sus números, pues estima que finalmente el Gobierno mantendrá el impuesto del 1.5 por mil al débito, una carga que, según se contempla en el proyecto de ley de reforma fiscal, sería reducida de manera gradual hasta quedar eliminada en el año 2014.

“Yo creo que el Gobierno va a posponer esa eliminación gradual que iba a empezar el próximo año. Creo que la van a posponer y se va a comenzar dentro de dos años o se mantendrá permanentemente, porque como ya este impuesto (sobre los activos) sólo va a tener dos años de vigencia, no hay por qué desmontar el otro gravamen”, explicó Fuentes.

Nelson Suárez: “Además de recaudar impuestos, que racionalicen el gasto público”.

El economista Nelson Suárez también entiende que el Gobierno se anotó un logro con haber arribado a este acuerdo, sin embargo, aclara que este esfuerzo dista mucho de ser una solución a los problemas de las cuentas nacionales.

Insiste en que el gran desatino está en la política de gasto público, puesto que de nada sirven las recaudaciones si los recursos serán mal empleados.

“El gobierno tiene una situación muy complicada en términos fiscales y que tiene que resolver para tener flujo. Pienso que es que sea más transparente en su política de gastos. La percepción generalizada es que no es muy racional ni organizado en sus gastos”, dijo.

Explica que, de todos modos, es posible que la población termine siendo impactada, aunque podría ser de una forma menos severa que con las condiciones establecidas en el proyecto de ley como fue sometido al Congreso.

Apolinar Veloz: “Los usuarios de los servicios de crédito serán quienes paguen el costo del ajuste”.

El economista Apolinar Veloz explica en un artículo publicado por este medio que serán los usuarios de los créditos quienes terminarán pagando los nuevos impuestos.

Entiende que como la economía nacional está tan lesionada, es muy probable que la inversión y el consumo financiados con créditos sufran una merma y que, en consecuencia, el Gobierno no pueda recaudar los montos esperados por esa vía. Esto, lógicamente, lo obligaría a buscar nuevas medidas para ajustar sus números.

A esto se suma la situación de la economía a nivel internacional, que no es precisamente una coyuntura favorable.

Considerando esto, Veloz sostiene que “las autoridades gubernamentales aún no comprenden el problema fiscal a que se enfrentan”.