SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aumento de la inversión en educación pública no es más que un pretexto utilizado por el presidente Leonel Fernández para mitigar los efectos de introducir un paquete fiscal que plantea aumentar las recaudaciones, pero para otra finalidad.

Así lo plantea el economista Nelson Suárez, quien considera que este argumento del primer mandatario es “simple y sencillamente para tomar la demanda del 4% para la educación para justificar una acción”.

El experto duda, de hecho, que el Gobierne alcance el objetivo de generar el excedente de 05% del PIB  a que hace referencia en el proyecto de ley depositado este martes en el Senado de la República.

“Eso era lo que se discutía en diciembre, cuando el presidente ofertó aumentar unos 5 mil 500 millones a la educación en base a un presupuesto complementario. Yo planteaba en ese momento que no había mucha probabilidad de esto porque todas las señales indicaban que no iba a haber una actividad económica tan buena como para tener un impacto positivo sobre las recaudaciones, y más sabiendo que el Gobierno subestimó el subsidio de la electricidad y que tiene que buscar ahora alrededor de 14 mil millones de dólares adicionales”, explica Suárez.

“Si vamos a seguir haciendo con el gasto público la misma pendejada que han hecho los gobiernos durante décadas, ¿para qué más recursos?

El economista agrega que le parecen justos los gravámenes propuestos en el anteproyecto de ley para los activos del sector bancario, los juegos de azar y los bienes inmuebles lujosos; aunque destaca que no servirá de nada si no cesa el derroche y se racionaliza el gasto público.

“Si vamos a seguir haciendo con el gasto público la misma pendejada que han hecho los gobiernos durante décadas, ¿para qué más recursos? Yo estaría de acuerdo con las medidas si empiezan a establecer las prioridades según las necesidades de la sociedad. Porque hay una distorsión seria en términos de las prioridades del país”, dice Suárez.

La ABA analiza las implicaciones

Mientras, el sector bancario, uno de los principales afectados, todavía no tiene una opinión formada sobre las implicaciones del nuevo paquete fiscal, que contempla un impuesto de un 1% a los activos de los bancos.

La Asociación de Bancos Comerciales (ABA), que integra a los 15 bancos de servicios múltiples, informó a través de un comunicado que “pondera el impacto que la medida podría tener sobre el flujo de créditos que garantiza el crecimiento de la economía y que, una vez terminado el análisis, fijará una posición pública sobre el particular.