SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En su propuesta de cara al Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, el sector empresarial consigna claramente su postura de que el Estado transfiera a manos privadas el control, la operación e incluso la administración de las plantas a carbón que se erigen en Punta Catalina, provincia Peravia.
Según ha manifestado el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, el interés del Estado se limita de momento a licitar y transferir al sector privado la operación y el mantenimiento del proyecto, cuyo costo se estima en unos US$1,945 millones.
Sin embargo, en su propuesta inherente al área de generación, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) plantea el inicio, “en un plazo no mayor de un año” a partir de la firma del Pacto Eléctrico, de un “proceso de licitación de las plantas Termo-Catalina para el traspaso del control de la propiedad y la operación de estas plantas al sector privado”.
En el mismo párrafo, se puntualiza que “el socio privado será el administrador de dicha empresa, con total independencia y disposición”, lo que en los hechos reduce a su más mínima expresión el control del Estado sobre la central termoeléctrica programada para generar 720 megavatios a partir del 2018.
Otro punto establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con participación de los agentes del mercado eléctrico mayorista, deberá realizar en un plazo máximo de seis meses (contados desde la firma del Pacto, pautada para el 19 de julio) “el Plan Indicativo de Generación” para satisfacer la demanda y garantizar un desarrollo a un mínimo costo y sostenible del sistema.
Además, se insta a la Superintendencia de Electricidad (SIE), a que a más tardar en 30 días tras la suscripción del Pacto actualice el reglamento de licitaciones para compraventa de energía eléctrica mediante contratos a largo plazo (emitido mediante la resolución sie-540-2011), conforme a lo dispuesto en el reglamento de aplicación de la Ley General de Electricidad (125-01).
Asimismo, el Conep indica que en un plazo similar a partir de la aprobación del Plan Indicativo de Generación por parte del Minem, “deberá iniciarse el proceso de licitación de nuevas inversiones en generación, para que en un plazo no mayor de un año” se realicen las adjudicaciones correspondientes.
Manifiesta, a seguidas, que “se deberá asegurar la igualdad de condiciones en el tratamiento fiscal a las generadoras para la construcción de nuevos parques de generación” de electricidad.
Una CDEEE menos fuerte, al margen de la generación
En la parte correspondiente al ámbito institucional y regulatorio, las propuestas del Conep también apuntan a restarle peso e influencia al rol protagónico que ejerce al Estado a través de la CDEEE y otras instituciones de carácter público.
En el punto 6 de este capítulo, se insta a modificar -también en seis meses, como máximo- el artículo 138 de la Ley 125-01, que crea y faculta a la CDEEE para “liderar y coordinar las empresas eléctricas”, desarrollar los programas de electrificación rural y sub-urbana, así como administrar y ejecutar los contratos de suministro con los Productores Independientes de Electricidad o IPP.
La propuesta del Conep, en cambio, circunscribe la “función” de la entidad gubernamental a la administración e implementación de los contratos vigentes con los IPP, hasta el vencimiento de los mismos, al tiempo que suprime por completo el resto del articulado.
“De igual forma, será atribución de la CDEEE ejercer todas las funciones correspondientes a la titularidad de las acciones en su nombre en las empresas de distribución, hasta su traspaso”, añade.
En el documento, el Conep también pide quitarle a la CDEEE el derecho a incursionar en el mercado de la generación, mediante la anulación de la Ley 394-14 (De septiembre pasado), que autoriza a esta entidad a promover, directa o indirectamente, la generación de electricidad, “debido a que crea una competencia desleal entre los actores privados y mixtos del sector y los actores públicos.
También se solicita la derogación de la Ley 124-01, que crea el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) a raíz de los procesos de capitalización, así como de su reglamento de aplicación y cualquier disposición legal “que esté relacionada con el Fonper, dado que la mayor parte de sus disposiciones no están en cumplimiento”.
Entre estas disposiciones, se citan los artículos 4 y 5, “que disponen el uso de los dividendos recibidos por las acciones a nombre del Estados, a través del Fonper, de forma que se asegure la transparencia de los ingresos”, para que estén registrados en el presupuesto general de la nación y sean consignados en la cuenta única de la Tesorería Nacional.
“En adición -agrega el Conep-, dado que las acciones privadas de las empresas distribuidoras fueron adquiridas por el Estado, no hace sentido mantener esta entidad para solamente detentar las acciones en las empresas generadoras capitalizadas”.
El Conep es la organización que aglutina a los principales sectores empresariales de RD, incluyendo a la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), la Asociación de Industrias (AIRD), las asociaciones de Exportadores (Adoexpo), Zonas Francas (Adozona), al sector turístico (Asonahores), la Cámara Americana de Comercio, las Cámaras de Comercio y Producción de Santiago y Santo Domingo, entre otras entiadades.
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