SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) manifestó su respaldo a la denuncia de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), sobre la alta carga económica que implican para muchas empresas las recurrentes demandas “dolosas” en el mercado laboral dominicano.
Según Acroprovi, el 80% de las empresas de la construcción deben pagar miles de pesos cada año debido a demandas laborales dolosas, e incluso algunas se ven obligadas a cerrar sus operaciones.
En este sentido, el Conep señaló que esta es una de las principales razones por la cual desde el año 2013 viene impulsando su propuesta de reforma al Código de Trabajo, a fin de “evitar que sucedan más embargos ilegales o demandas inescrupulosas que dejan en ruinas” a numerosos empresarios y microempresarios.
“Tenemos un Código que no se ha modificado desde hace 24 años, mientras nuestra economía y las relaciones laborales han ido cambiando al ritmo de los nuevos tiempos, lo cual implica que la legislación actual está desfasada, colocando a la República Dominicana en desventaja para ser más productivos y competitivos frente a otros países de la región”, expresó el Conep
Indicó las normativas del Código Laboral, que data del año 1992, propician “actuaciones vandálicas de abogados que se dedican a crear situaciones ficticias” para demandar a empleadores o a la compra de casos a los supuestos empleados, para su beneficio personal.
“Tenemos un Código que no se ha modificado desde hace 24 años, mientras nuestra economía y las relaciones laborales han ido cambiando al ritmo de los nuevos tiempos, lo cual implica que la legislación actual está desfasada, colocando a la República Dominicana en desventaja para ser más productivos y competitivos frente a otros países de la región”, expresó el Conep en un comunicado.
La entidad reiteró que debe culminarse el proceso de reforma con miras a una legislación laboral que promueva relaciones armoniosas entre empleadores y empleados, así como beneficios que mejoren su calidad de vida, al tiempo que contribuya con el desarrollo sostenible del país.
Sostuvo que “no es posible tener orden y paz social, buen clima de inversión, seguridad jurídica, ni competitividad si no se resuelven los problemas estructurales” de la economía nacional.