La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), Michelle Cohen, describió como una “ardua tarea” el lograr que el derecho de Competencia eche raíces en los mercados de bienes y servicios de la República Dominicana.
Cohen expresó que para esto se requiere de tiempo, esfuerzo continuo y sobre todo de una “voluntad decidida para poner fin a lo que hemos visto siempre como normal” debido al desconocimiento de las reglas que predomina en el país en este ámbito.
“Deseamos que la comunidad empresarial misma que se auto norme y eduque a sus ejecutivos y agentes de ventas, usando buenas prácticas, bajo la óptica de la Ley de Competencia, y no las ilegales”, dijo en este sentido la funcionaria, durante el lanzamiento de un sumario de publicaciones sobre la normativa de aplicación de la Ley 42-08 General de Defensa de la Competencia.
Sostuvo que por un lado, la competencia económica es una disciplina que tiene por propósito organizar la conducta y el comportamiento de las empresas, que se origina en la voluntad de los ejecutivos y directivos que autorizan las tácticas mercadológicas de venta.
Estas conductas “deben estar orientadas bajo el fino manto de la ética y el respeto mutuo a los demás competidores en los ramos que son sus rivales. Respeto y distancia que son mandatorios para que exista armonía en los mercados y no se altere el equilibrio” económico, agregó Cohen.
La directiva de Pro Competencia enfatizó el derecho de todos los sectores sociales y económicos a contar con una economía “sana, libre de distorsiones” que perjudiquen a la gran mayoría.
“Para nadie es ajeno que ocupar un puesto directivo en cualquier comisión de competencia en el mundo genera conflictos sólo por el hecho de existir, aun sin ir más allá en la toma de dictámenes”, manifestó Cohen, al puntualizar que esta entidad ha de desempeñar un rol “antagónico al accionar monopólico u oligopólico”.
Sector público
Algo que también se plantea desde Pro Competencia es “esclarecer el papel de los servidores funcionarios públicos al momento de tomar decisiones o prerrogativas sobre la actividad empresarial y comercial, tomando en cuenta que el peso jurídico de sus actos, dictámenes, normas y resoluciones puede cambiar el curso para bien o mal” de los administrados.
“Para ello, proveemos estas herramientas que sirven para enlistar un índice de verificación de la competencia por parte del Estado, a través de preguntas simples, que identifican las normas y regulaciones que permitan asignar de manera más adecuada los recursos” gubernamentales, agregó.