SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) sugirió este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, la creación en el país de un banco de bienestar social que incluya al trabajador informal y servidoras domésticas.
El vicepresidente del CNUS, Rafael (Pepe) Abreu, aseguró que esa propuesta debía ser considerada incluso por el nuevo gobierno que resultará de las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo.
Recordó que en Uruguay, el entonces presidente Tabaré Vásquez, quien visita el país como observador electoral, auspició ese banco de bienestar social tripartito (gobierno-empresa-sindicatos) que incorpora al 96% de la población uruguaya, incluidos los trabajadores informales y del servicio doméstico.
Abreu, entrevistado por los periodistas Manuel Jiménez y Ángel Barriuso en Propuesta de la Noche por Digital 15, contrapuso esa ida a las pretensiones del empresariado de que se modifique el código laboral para despojar del derecho a prestaciones al trabajador desahuciado.
Reiteró que el empresariado viola la Constitución que reconoce el derecho a organización en la República Dominicana, ya que según las estadísticas no más un 7% de la masa laboral está sindicalizada
“La Confederación Patronal, que busca esa modificación, parte del supuesto falso de que la crisis que afecta al empresariado español tiene relación con las supuestamente conquistas excesivas de los trabajadores españoles”, expresó.
Abreu recordó que después del trabajador durar veinte años vendiendo su fuerza de trabajo a una empresa, sólo puede contar con las prestaciones acumuladas luego del desahucio, peor que los patronos quieren limitar ese derecho a no más de lo acumulado en cinco años.
“Un trabajador desahuciado tiene que seguir pagando alquiler, transporte, alimentación, mientras que la seguridad social es a futuro, durar 25 años cotizando sin mancar para el derecho a una pensión que no puede garantizar una satisfacción a las necesidades diarias, permanentes”, comentó Abreu.
Reiteró que el empresariado viola la Constitución que reconoce el derecho a organización en la República Dominicana, ya que según las estadísticas no más un 7% de la masa laboral está sindicalizada.
Abreu calificó esa actitud como un atavismo en estos tiempos en los que debía existir plena libertad de organizar sindicatos durante los tres meses que la ley otorga.
“Lo primero que hacen es llamar a los obreros que integran el comité gestor del sindicato y terminan restando fuerza a ese instrumento elemental, primario, que el capitalismo debe promover como contra parte para el equilibrio”, comentó.
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