SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reclamó ayer al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito accionar en justicia para que el Estado pueda recuperar más de dos millones de tareas de tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) que son parte del patrimonio público nacional que han sido vendidas y arrendadas de forma oscura a políticos, empresarios, militares, funcionarios y relacionados de los administradores de esa entidad estatal en franca violación a las leyes y la constitución.
En ese sentido, el vicepresidente de la entidad, José Guzmán, destacó que el pasado sábado el programa Nuria en el 9 en un trabajo de investigación sobre las ventas de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar y el pago a los artistas que son contratados para promover en la Provincia de San Pedro de Macorís con fines políticos al director del CEA y jefe de la Inmobiliaria.
“Quedó comprobado al entrevistar a la gente que vive en la zona cañera o bateyes donde están ubicadas estas tierras que fueron parte de las Colonias Ureka y Regajo del Ingenio Porvenir, que han visto a importantes merengueros directores de orquestas ser llevados a esos lugares por el jefe de la Inmobiliaria del CEA para ofrecerles pagarle deudas que se tiene con estos artistas con las tierras que forman parte del Patrimonio Público Nacional”, informó Guzmán.
También se pudo comprobar en el programa de televisión producido por la destacada periodista dominicana Nuria Piera, que las 22 mil tareas que formaban parte de las Colonias Ureka y Regajo ubicadas en el Municipio de Pedro Santana de la Provincia de San Pedro de Macorís que eran propiedad del CEA, en menos de un año se han vendido, pudiéndose observar como los nuevos dueños de las tierras del CEA ya las han cercado y con los equipos del Estado o sea del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRI) y han construidos a estos “propietarios privados” seis pozos tubulares, mientras en el Batey Nuevo perteneciente a la Colonia Ureka la gente de esa comunidad lleva más de tres meses sin agua por falta de una bomba eléctrica.
“Más de dos millones de tareas de tierras propiedad del CEA en los últimos ocho años han sido vendidas, repartidas y arrendadas de forma irregular”, indicó.
En ese orden, recordó que la Ley 141/97 (Ley General de Reforma de la Empresa Pública) prohíbe o no contempla la venta y reparto de estas tierras. Por igual la Ley 19, la Ley 66 que crea el CEA y la propia Constitución de la República, lo cual ante la forma “alegre y descarada” de cómo se ha “despojado al Estado Dominicano de ese importante patrimonio”, obliga al procurador general de la República a solicitar una auditoria patrimonial a la Cámara de Cuentas para la legalidad de estos negocios para con ello proceder a la Nulidad de las operaciones y transacciones que se hayan producido con estas tierras que sean contrarias a nuestras leyes y con ello “establecer responsabilidades penales ante este vulgar latrocinio”.