SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), planteó este miércoles que el Senado se aboque a escoger como nuevos miembros de la Cámara de Cuentas a personas aptas, pero sin “lazos de subordinación” con los partidos y el poder político.
Servio Tulio Castaños enfatizó que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, funciones que no está desempeñando en la actualidad.
“Lamentablemente ese órgano no realiza acciones para perseguir administrativamente a los funcionarios que cometen irregularidades, como le facultad su Ley”, dijo el directivo de Finjus al disertar como orador invitado en el Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR).
Manifestó que es hora de que los funcionarios públicos asuman su responsabilidad por los actos que realizan en contra del Estado dominicano.
El jurista abogó porque “al término del periodo legislativo correspondiente a la Cámara de Cuentas, el Congreso se aboque a escoger a sus nuevos miembros en base a un perfil de competencia idóneo, tengan el compromiso en sus tareas y sobre todo, que no tengan lazos de subordinación con los partidos y el poder político”.
"Distorsión" de la labor legislativa
Servio Tulio Castaños afirmó que los legisladores realizan actividades que distorsionan su misión principal, “porque además de elaborar las leyes, deberían concentrarse en fiscalizar y controlar la rendición de cuentas” de los poderes públicos.
Señaló, que el Informe de Ejecución Presupuestaria de enero-junio de este año muestra que la Cámara de Diputados ejecutó un monto de RD$2,013 millones, el 50.0% de su presupuesto, “del que RD$1,568 millones se usaron para funciones relacionadas con la elaboración y aprobación de leyes, pero el resto -o sea, RD$445 millones-, se gastaron en su mayoría como ayudas y donaciones a hogares y personas’’.
Consideró que esta práctica es una “grave distorsión” de la labor legislativa. “Hemos insistido que la asistencia social es una atribución exclusiva de los órganos del Poder Ejecutivo y que el Congreso debería dedicarse a legislar, fiscalizar y controlar los actos de la Administración Pública”, sostuvo el ejecutivo de Finjus.
De su lado, el presidente de la AmchamDR dijo que el país “no puede perseguir cualquier tipo de institucionalidad, sino aquella que respete lo que recoge la Constitución” en cuanto a los organismos de fiscalización de los fondos públicos.
Gustavo Tavares apuntó que esto implica garantizar “la existencia de jurisdicciones independientes e imparciales, la proscripción de la corrupción, contar con un adecuado régimen de consecuencias, guiarse por criterios de eficiencia, prioridad y economía en el gasto público, y defender los principios de libertad, transparencia, equidad o la objetividad de las elecciones”.