SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Casa del Conductor denunció que las  empresas aseguradoras accionistas del nuevo proyecto Centro del Automovilista CAA, pretenden imponer a los clientes la contratación obligatoria de este servicio en caso de accidentes de tránsito y así cerrar en forma arbitraria e ilegal la libre elección.

“Se trata de una vulgar violación de los  artículos 4, 5 y 6 de la Ley General de Competencia,  que definen las prácticas concertadas y acuerdos prohibidos y las conductas calificadas como abuso de posición dominante; pero también esto es mancillar el derecho de los consumidores a seleccionar libremente los bienes y servicios que desean en una economía de mercado”, sostuvo la directora de la Casa, Constanza Cubbison.

Señaló que es falso que el Centro del Automovilista CAA fuera formado a raíz de un aumento de precio de un 40% en la afiliación a la Casa del Conductor y aclaró que en los últimos cinco años solo ha reajustado su tarifa en un 20%, muy por debajo del índice de inflación acumulada; mientras que algunas aseguradoras agrupadas en el nuevo centro han obtenido margen de hasta un 129%, sobre el precio de venta, por la simple comercialización de ese servicio.

Explicó que el margen de utilidad de la Casa del Conductor era de un 10%, las aseguradoras estaban percibiendo ganancias de más de 1000% al ofrecer el servicio de asistencia en sus pólizas. “Estamos en disposición de mostrar las pruebas de este dato sobre la base de cotizaciones, pues algunas aseguradoras no suelen desglosar sus precios”.

“Estamos en disposición de mostrar las pruebas de este dato sobre la base de cotizaciones, pues algunas aseguradoras no suelen desglosar sus precios”

La también presidenta del consejo de CMA de Servicios restó validez al argumento de que la nueva empresa fue constituida para evitar un incremento en el precio de afiliación.

Cubbison retó a las aseguradoras, que han constituido un grupo dominante para desarrollar una actividad especulativa no permitida en la Ley de Seguros, a explicar a los ciudadanos si las pólizas que ellas mismas venden mantienen precios estáticos en el tiempo o son ajustados conforme con la inflación.

Deploró el presidente del nuevo centro, Osiris Mota,  aprovechara su condición de vicepresidente de la estatal Seguros Banreservas para ejercer una posición dominante y lograr que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, le otorgara un contrato con todo tipo de privilegios.

“Obtuvo otro tipos de privilegios, apenas 24 días después de su registro mercantil, mientras que CMA debió agotar un proceso de tres años y cumplir numerosas formalidades para desarrollar su proyecto”, resaltó.

Dijo que Mota también incurre en una violación del numeral 7 del artículo 80 de la Ley 41-08 de la Función Pública que prohíbe: “Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir”.

Agregó que la creación del Centro del Automovilista CAA constituye una flagrante violación de  la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas, que en su artículo 146 prohíbe a las empresas de seguros “Participar en sociedades mercantiles de responsabilidad ilimitada y explotar por su cuenta instalaciones mineras, establecimientos mercantiles o industriales, fincas rústicas o cualquier otra empresa de carácter especulativo”.

Manifestó entender que esa disposición del legislador pretende garantizar que las aseguradoras  puedan dedicarse única y exclusivamente a la venta de sus pólizas y a  recibir las reclamaciones de sus asegurados.

Asimismo, consideró que el acuerdo de los 11 compañías de seguro para desarrollar una actividad de carácter especulativo ajena a la misión que le asigna la Ley 146-02, configura la condición propia de un cartel, donde empresas de un mismo sector se ponen de acuerdo para reducir o eliminar la competencia, creando una estructura monopolística que le permite controlar el mercado para obtener los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores.