SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Regina Herrera sólo conoce la tierra y sus frutos: la yuca, la batata, maíz y otros frutos. Como pequeña productora, vive de lo que produce su pequeño campo en Mana, Yaguate, provincia San Cristóbal. Explica de lo poco que crece en sus tierras, reserva un poco para replantarlo y seguir cultivando.
No deja de resaltar la preocupación sobre su futuro en el campo, de promulgarse la Ley Nacional de Semilla, propulsada por el representante de la provincia Duarte, Amílcar Romero.
La iniciativa, que ya fue aprobada dentro de la Cámara de Senadores, ha despertado gran inquietud ante las organizaciones campesinas y expertos en agricultura, debido a los artículos expuestos en la propuesta, debido a que el mismo pretende, según indican, privatizar el patrimonio genético dominicano.
“Esta Ley pretende privatizar la semilla, producir un proceso de certificación y/o patentización, muy relacionada con todo un monopolio de empresas privadas nacionales y transnacionales”, afirma Fátima Portorreal, miembro de la Articulación Nacional Campesina (ANC).
La antropóloga, revela que el proyecto de Ley surge como una intención aparente de instaurar un instituto que certifique la semilla, lo cual considera positivo, sin embargo, asegura que la Ley promueve la privatización y abre las puertas al uso de semillas transgénicas, las cuales han sido probadas como dañinas para la salud y el ecosistema.
“Este es un proyecto que habla de mejorar la calidad de la semilla, por lo que surge la inquietud sobre quién controlará la semilla, por qué las semillas deben pasar al sector privado, dónde queda la participación campesina”.
El pasado 27 de Mayo, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), dio el visto bueno a la modernización de la Ley 450-06 sobre Protección de los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales, que data del 2006 en el país, reconociendo que imponer a un campesino al uso exclusivo de semillas certificadas restringiría a los productores de plantar material germinado en sus cultivos.
Pero, ¿cómo se privatiza la semilla? Portorreal explica que el proyecto de Ley Nacional de Semillas obligaría a los productores a certificar una semilla, a través del registro genético del material de siembra. Sin embargo, este proceso acarrearía costos que no podrían ser sufragados por los pequeños campesinos, por lo que sólo las grandes compañías nacionales como Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO) – empresa en la cual el senador Romero desempeña funciones como Vicepresidente Corporativo de Ventas y Mercadeo, desde el año 1994 –, o internacionales como la Bayer y Monsanto podrían tener las puertas abiertas para la apropiación de dicho material.
Asimismo, el proyecto prohibiría el uso y comercialización en el país, de las semillas que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que surge el temor de que un productor que utiliza una semilla y que no puede certificar el material genético empleado, no pueda continuar con su uso, y tenga, necesariamente, que adquirir los productos para siembra que ofrezcan las corporaciones cuyo material ha sido registrado, planteando sanciones penales y civiles en su artículo 86, a quien “produzca semillas con fines comerciales sin la inscripción en el Registro de Multiplicadores de Semillas o en el Registro de Plantas Acondicionadoras de Semillas”.
Para esto, el proyecto, en su artículo 48, propone la creación de la Oficina Nacional de Semillas (ONASE), como una entidad autónoma y descentralizada del Estado dominicano, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, especializada en el diseño y ejecución de la política nacional de semillas y que estaría sectorialmente adscrita al Ministerio de Agricultura, quien ejerce sobre ella la potestad de tutela, a los fines de verificar que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones establecidas en la ley.
“Esto obliga a que todas las semillas sean registrada y prácticamente termina limitando la posibilidad de una práctica utilizada en todos los países, en los que los campesinos reciclan y procesan sus propias semillas, de forma que la única posibilidad de manejar semilla, serían semillas comerciales”, explica el profesor Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Según el catedrático, esta situación colocaría una carga enorme sobre la producción agrícola y significaría el robo masivo de la información genética contenida en los materiales de siembra.
“Lo que en un inicio puede ser considerado como una deficiencia en la producción agrícola tecnificada, que es la diversidad, constituye la riqueza del material genético de siembra”, detalla Carvajal, sobre el material empleado por los pequeños productores, porque en esa no homogeneidad, radica una de las principales capacidades de supervivencia de este material de siembra.
“Cuando los campesinos recuperan, salvan la mejor semilla. Esa selección implica un trabajo intelectual no registrado que de repente estaríamos anulando”.
Tal es el caso de los campesinos en Mana, Yaguate, quienes han recibido como herencia de sus padres este tipo de producción agrícola, cultivando y reutilizando el mejor producto, a fin de obtener resultados que garantice la persistencia de sus frutos, por lo que entienden que prohibir el uso de sus semillas, significaría el fin de la clase campesina.
“La información genética siempre va a manifestarse en una serie de propiedades del material agrícola que se siembre. Si ese material ha sido seleccionado durante mucho tiempo por los campesinos u ocurrió de manera natural, no es posible que una compañía se la quiera apropiar. Le está robando a la sociedad y la naturaleza algo que debe ser gratis, porque está ahí”, puntualiza Carvajal.
“Cabildeo transgénico”.
“Aunque la Ley habla de mejorar las variedades de semilla, sabemos que detrás de todo esto hay un interés comercial, no para mejorar la calidad de vida de campesinos y campesinas a través de la semilla”, afirma Juana Ferrer, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA).
De igual forma, Fátima Portorreal, asevera que el proyecto está tratando de pasar con celeridad a través de ambas Cámaras para que sea aprobado, respondiendo a intereses particulares, por lo que los campesinos productores de alimentos de las pequeñas y medianas empresas no tendrían posibilidad de competir contra las grandes productoras como Monsanto, empresa proveedora de productos químicos para la agricultura (herbicidas, venenos y productos transgénicos – organismo cuyo material genético ha sido modificado usando técnicas de ingeniería genética – ) que durante años ha estado rodeada de controversias debido a la supuesta peligrosidad de sus productos sobre la salud humana, fauna, plantas y sobre el medio ambiente en general.
“Hay muchos capitales vinculados a los productos transgénicos, manteniendo la venta de productos como los glifosatos – herbicida no selectivo de amplio espectro –, los cuales están siendo prohibidos en otros países. Sin embargo, las empresas fertilizantes siguen moviendo capitales para mantener su venta”, asegura Portorreal.
En enero de 2005, Monsanto convino pagar una multa de 1.5 millones de dólares por soborno a un funcionario indonesio. El 25 de mayo de 2013, se realizaron protestas contra la mayor productora mundial de semillas transgénicas y contra compañías similares, en más de 40 países del mundo y cientos de ciudades en coordinación, motivados por la falta de rótulos a los productos transgénicos, pese a que las evidencias de que perjudican la salud humana y por la opresión realizada por la transnacional contra los agricultores.
A su entender, la vinculación de Monsanto con el proyecto de Ley se manifiesta con la mención de los productos transgénicos dentro del documento introducido y aprobado en la Cámara de Senadores, productos los cuales, según expertos en medioambiente y salud, han advertido que el uso de este tipo de materiales podrían afectar los suelos, los bosques, así como otras semillas y plantas.
De igual forma, Luis Carvajal indica que la Ley de semillas, como otras, ha tenido un “cabildeo intenso” realizado por grandes empresas multinacionales como Monsanto, sin embargo, asegura que el problema no es la existencia de transgénicos, sino la seguridad en el manejo de los productos de la biotecnología, por lo que no se trata de satanizar el transgénico como producto, sino que el desarrollo de la transgénica ha tenido como destino fundamental el control de la agricultura.
“El país debe entrar en la biotecnología. La biotecnología terminará imponiéndose en el mundo, pero debemos tener un protocolo propio, primero de bioseguridad, segundo para protegernos de las patentes, tercero para reconocer, inventariar y patentizar (como Estado) nuestros genes y cuarto, para tener una analítica adecuada para poder diferenciar un material transgénico o si no lo es”.
Reporteros de Acento.com.do, intentaron contactar al senador por la Provincia Duarte, Amílcar Romero, sin embargo, se encontraba fuera del país, por lo que se suministró la información a su oficina sobre la realización de este artículo, ante la respuesta de que esta se comunicaría tan pronto el legislador estuviese en suelo dominicano.
Rechazo.
El 02 de junio, la Articulación Nacional Campesina (ANC) entregó una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, en la que advierte sobre el peligro de la Ley Nacional de Semillas para la clase campesina, considerando el proyecto como grave amenaza para el futuro de la agricultura nacional.
“El hecho de que se cobre por un material de siembra que tenga propiedades con materiales trabajado y que se obligue al uso de ese material en la agricultura comercial, presenta cuatro negaciones: primero, se impone un esquema de comercialización, segundo, cobro de arbitrios por algo que no se debe cobrar, tercero se limita la libertad de los productores y cuarto, se homogeneíza la producción en el país, incrementando la inseguridad alimentaria. La Ley, lejos de fortalecer la seguridad alimentaria, la debilita”.
“Todo lo que significa guardar semilla, intercambiar semilla, manejo de semilla, ya no estaría en mano de ellos, sino que se crearía una institución que manejaría todas estas cosas”, sentencia Fátima Portorreal, externando nuevamente su temor ante la privatización.
De su lado, Luis Carvajal, resalta que el primer artículo de la Ley debió establecer en su objetivo garantizar la permanencia y el uso libre del material de siembra y un segundo artículo, debió colocar sobre el Estado ser el garante de los campos de hemoplasma y el único titular de cualquier gen que ocurriese de manera natural o que haya sido producto de la selección a lo largo del tiempo por parte de la población dominicana o que estuviese libre de patente en cualquier parte, de esa manera se convierte en una ley que busca proteger la agricultura dominicana.
“De aprobarse esta Ley, campesinos como yo tendríamos que dejar de producir”, afirma Juana Ferrer, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), quien expone que actualmente existe una comisión que estudia la creación de una contra propuesta, integrada por miembros de la ANC y que incluye a la diputada nacional, Guadalupe Valdez.
Andrés Jacinto Martínez, pequeño productor campesino de café, entiende que la Ley significaría el final de un sistema ancestral, que ha aprendido de su padre y de sus abuelos. Toma parte del café que ha sembrado, utilizando parte de ese producto para su reproducción, por lo que el gobierno debe, señala, “no debe aprobar esta Ley”, clamor que se ha extendido por el pequeño poblado de Mana.
“Sería casimente como cortarnos la cabeza de una vez, porque ahí mismo vamos a desaparecer”, expresa. “Ese es el futuro que tiene el campesino. De inmediato que nos corten la cabeza y que hagan lo que ellos quieran. Es que no quieren ya que el campesino produzca, que vivamos”.
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