SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara Americana de Comercio (AmchamDR) externó su inconformidad con las acciones y decisiones que desde el propio sistema de justicia dominicano se han estado emitiendo, de manera sistemática, a favor de funcionarios imputados de hechos de corrupción.
Mary Fernández, presidenta del Comité Legal de la entidad, dijo que en el país no se están cumpliendo a cabalidad los mandatos constitucionales, como tampoco los compromisos asumidos con organismos internacionales en materia de transparencia en la administración de fondos públicos.
“Pero aún más preocupante es que cuando se trata de castigar alegados hechos de corrupción, vemos cómo se está desarrollando de manera paulatina pero sistemática un patrón de acciones y decisiones emanadas del propio sistema de justicia, que sirven más a los intereses que desean perpetuar la impunidad, que al interés común de constituir un freno a las mismas” sostuvo.
Fernández señaló que aunque representan casos excepcionales, hay instituciones que sí trabajan en aras de la transparencia y el respeto a las leyes, como las direcciones General de Contrataciones Públicas, de Medicamentos Esenciales (Promese) y el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor.
Durante su participación en el seminario contra la corrupción, que celebró la AmchamDR este jueves, Fernández recordó los mecanismos e instituciones para combatir la corrupción están consignados no sólo en las leyes, sino incluso en la Constitución, que dedica su artículo 146 a la proscripción de la corrupción.
“Cuando en diciembre pasado se programó esta actividad… no pensamos que la misma coincidiría con un momento en el que la sociedad dominicana se encuentra estremecida, luego de recibir en plena Semana Santa dos decisiones de ‘No ha lugar’ a inicio de juicio de fondo contra funcionarios públicos acusados de actos de corrupción”, agregó.
“Políticos empresarios”
Del tema también habló en un tono similar el presidente de la AmchamDR, Gustavo Tavares, quien resaltó la preocupación del sector, pero sobre todo de la inversión extranjera, por la competencia desleal que significan los privilegios de algunos “políticos empresarios” que han incursionado en la actividad empresarial.
“Se menciona constantemente al capital del narcotráfico, que no tiene costo financiero y que no tiene que maximizar retorno. Y de igual manera nos preocupa el ‘político empresario’”, manifestó.
Agregó que “hoy también preocupan las ventajas abrumadoras que tienen (estos políticos), entre ellas el bajo costo de su capital, la emisión de títulos de propiedad sobre tierras, permisos, acceso a subsidios especiales y la desatención de sus obligaciones” tributarias.
“De ahí la importancia -dijo- de un poder judicial independiente e imparcial que ejerza su autoridad partiendo de que todos somos iguales ante la ley, capaz de emitir fallos que lo legitiman por su calidad no solo técnica, sino moral”.