LONDRES, Reino Unido (Judith Mora/EFE).- El voto por el "brexit" en el referéndum del 23 de junio golpeó a la libra esterlina, que ha caído un 18 % desde entonces, y pone en aprietos a la economía británica, con un menor crecimiento previsto y un destacado aumento del déficit.
El ministro de Economía, Philip Hammond, reconoció en noviembre que el Gobierno conservador acabará la legislatura, en 2020, con un déficit presupuestario acumulado de unos 122.000 millones de libras (143.000 millones de euros), frente al superávit que preveía lograr si los británicos hubieran decidido permanecer en la Unión Europea (UE).
Esto tendrá efectos en la deuda neta -actualmente de 1,64 billones de libras (1,92 billones de euros, un 83,3 % del PIB)-, que se disparará a un 87,3 % del Producto Interior Bruto este año y a un 90,2 % en 2017-18, para después bajar progresivamente hasta un 84,8 % en 2020-21, según los cálculos oficiales.
El golpe a las arcas del Estado, que socava la promesa de disciplina fiscal del Partido Conservador, se debe a que el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, prevé tomar prestado más dinero para financiar infraestructuras que impulsen la economía y compensar el descenso de los ingresos tributarios por el retroceso de varios sectores productivos, en especial la manufactura.
Los riesgos asociados con el "brexit", que, según los planes de May, empezará a negociarse a finales de marzo, han llevado además a rebajar la previsión de crecimiento de aquí a 2020, de manera que se estima que la economía nacional se expandirá 2,4 puntos porcentuales menos en ese periodo de lo que lo habría hecho si el país se hubiera quedado en la UE.
Gracias a la fortaleza intrínseca de la economía británica, se espera que el PIB crezca más de lo anticipado este año, de un 2 a un 2,1 %, pero menos en los siguientes, con un 1,4 % en 2017 -de un 2,2 % estimado anteriormente-, un 1,7 % en 2018, un 2,1 % en 2019 y en 2020 y un 2 % en 2021.
Desde el voto a favor de abandonar el bloque europeo, los principales indicadores económicos se han mantenido sorprendentemente estables, con el desempleo en el 4,8 % -su nivel mínimo en una década- y un ligero repunte de la inflación hasta el 0,9 %, aunque se prevé que ésta siga subiendo en los próximos años hasta al menos el 3 %.
El incremento del índice de precios al consumo (IPC) responde en buena medida a la devaluación de la libra, que se desplomó después del plebiscito y se mantiene volátil, en unos 1,24 dólares y 1,17 euros, ante la reticencia del Gobierno a precisar su estrategia negociadora.
La posibilidad de que se negocie un "brexit" duro -que implicaría salir del mercado único- genera inquietud entre los inversores y las empresas, algunas de las cuales, sobre todo del sector financiero, han amenazado con trasladar sus sedes fuera del Reino Unido.
Para incentivar que se queden, May ha sugerido que el impuesto de sociedades podría llegar a caer hasta el 15 % en 2020 -en línea con lo que ha barajado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump-, si bien el compromiso en firme del Gobierno es que se reduzca del 20 al 17 % en el quinquenio.
La depreciación de la libra esterlina, que ha favorecido algo las exportaciones pero perjudica a los consumidores británicos -motor de una economía basada en la demanda-, se debe también a las medidas de política monetaria tomadas por el Banco de Inglaterra.
La institución rebajó en agosto los tipos de interés hasta el mínimo histórico del 0,25 % y aumentó la dotación de su programa de expansión cuantitativa, con el que compra bonos de deuda pública y privada, hasta 445.000 millones de libras (521.000 millones de euros).
Además, la entidad, dirigida por el canadiense Mark Carney, redujo de 0,5 a 0 % el ratio de capital de reserva contracíclico exigido a los bancos, a fin de liberar liquidez que permita aumentar la capacidad de préstamo a los negocios.
Al panorama incierto por la negociación del "brexit", que plantea varios interrogantes constitucionales en el Reino Unido, se añade la incertidumbre por la futura dirección del Banco de Inglaterra, pues Carney, cuestionado por los euroescépticos, ha indicado que dejará el mando en junio de 2019, al terminar el periodo oficial de negociaciones con Bruselas.