Fuente: Bloomberg

Hace siete años, EE. UU. encabezó un esfuerzo para abordar un problema que enfrentan los gobiernos de todo el mundo. Cada año, las personas logran evitar pagar un estimado de US$2,5 mil millones en impuestos a la renta, una suma gigantesca que podría usarse para combatir la pobreza, actualizar la infraestructura o reducir las tasas impositivas para los ciudadanos respetuosos de la ley.

Ahora, sin embargo, EE. UU. se está convirtiendo en uno de los mejores lugares del mundo para ocultar dinero al recaudador de impuestos. Es una distinción que el país haría bien en eliminar.

En 2009, en medio de crecientes déficits presupuestarios y un escándalo de fraude tributario en el banco suizo UBS AG, el Grupo de los 20 países desarrollados y en desarrollo llegaron a un acuerdo: ya no tolerarían la red de paraísos, compañías ficticias y cuentas secretas que habían incitado a la evasión fiscal durante mucho tiempo.

Un año después, EE. UU. aprobó la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, que exigía que las instituciones financieras extranjeras informaran sobre las identidades y los activos de posibles contribuyentes de Estados Unidos al Servicio de Impuestos Internos (ISR) de la unión.

En lugar de utilizar su poder para establecer un sistema equitativo de gobernanza global, exige un estándar del resto del mundo que (Estados Unidos) se niega a aplicarse a sí mismo.

Bajo la amenaza de perder el acceso al sistema financiero de EE. UU., más de 100 países, incluidos los paraísos tradicionales como Bermuda y las Islas Caimán, están cumpliendo o han acordado cumplir.

Se esperaba que EE. UU. actuaría en reciprocidad, al compartir datos sobre las cuentas de los contribuyentes extranjeros con sus respectivos gobiernos. Sin embargo, el Congreso rechazó las reiteradas solicitudes de la administración de Obama para realizar los cambios necesarios en el código tributario. Como resultado, el Tesoro no puede obligar a los bancos de EE. UU. a revelar información, como saldos de cuentas y nombres de beneficiarios reales.

EE. UU. tampoco ha adoptado el denominado Estándar Común de Informes, un acuerdo global según el cual más de 100 países se proporcionarán automáticamente más datos de los que requiere la FATCA (Ley para el Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras).

Mientras que el resto del mundo proporciona la transparencia que Estados Unidos exigió, Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en la nueva Suiza. Las instituciones financieras que atienden a la élite mundial, como Rothschild & Co. y Trident Trust Co., han trasladado cuentas desde paraísos offshore a Nevada, Wyoming y Dakota del Sur.

Los abogados de Nueva York están comercializando activamente el país como un lugar para poner a descansar activos. Un multimillonario ruso, por ejemplo, puede colocar activos inmobiliarios en un fideicomiso de EE. UU. y estar seguro de que ni las autoridades tributarias de EE. UU. ni el gobierno de su país sabrán nada al respecto. Ese es un nivel de secreto que ni siquiera Vanuatu puede ofrecer.

Desde una cierta perspectiva, todo esto puede parecer bastante inteligente: cerrar paraísos fiscales extranjeros y luego robarles sus negocios. Ese sería el tipo de pensamiento que está minando la posición de Estados Unidos en muchas áreas, desde el comercio hasta el cambio climático. En lugar de utilizar su poder para establecer un sistema equitativo de gobernanza global, exige un estándar del resto del mundo que se niega a aplicarse a sí mismo.

Eso no es liderazgo.