Santo Domingo, 2 ago (EFE).- El Banco Central de República Dominicana (BCRD) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) analizaron el alcance de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su incidencia en el sistema financiero nacional.
Los directivos del BCRD, representados por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, y los de la ABA, por su presidente, José Manuel López Valdez, intercambiaron impresiones sobre esta nueva ley "que cumple con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y las mejores recomendaciones internacionales, los nuevos conceptos que introduce y los requisitos de debida diligencia que impone a las instituciones financieras".
"Esta nueva ley contra el lavado de activos, que pone a la normativa local a tono con los estándares internacionales establecidos por el Gafilat, debemos aprovecharla para seguir protegiendo al sistema financiero, evitando el blanqueo de capitales ilícitos y el financiamiento del terrorismo", dijo Valdez Albizu en un comunicado emitido por el BCRD.
La ABA, por su lado, resaltó el impacto que la nueva ley tendrá en los nuevos sujetos obligados financieros y no financieros, que deberán contar con programas de cumplimiento y de debida diligencia, de acuerdo con el comunicado.
Los banqueros sugirieron que tan pronto se apruebe el reglamento de la nueva ley, con las modulaciones en los deberes de debida diligencia que la propia norma autoriza, se pueda entrenar debidamente a los oficiales de cumplimiento de los bancos.
La ABA propuso la creación y difusión de una campaña de información y concienciación de la nueva ley de lavado de activos, de manera que toda la población, y en especial los nuevos sujetos obligados, conozcan sus detalles, mandatos y penalidades.
Por otra parte, los ejecutivos de la ABA señalaron que la Ley de notarios ha incrementado excesivamente las tarifas para la legalización de documentos relacionados con préstamos hipotecarios y ha hecho más complejo los procesos, en perjuicio de los clientes.
Al respecto, la consultora jurídica del BCRD, Olga Morel de Reyes, explicó que cuando se trate de legalizaciones de firmas, la nueva Ley del Notariado prevé que las partes arriben a un acuerdo sobre el pago.
Dijo que la tarifa prevista por la ley únicamente se aplica para los actos que instrumenten los notarios.
De su lado, Valdez Albizu informó que ya está en fase de elaboración el reglamento de aplicación de la nueva ley de lavado de activos y confió en que la Presidencia de la República lo socializará con todos los sectores destinatarios de esta legislación, a fin de recibir observaciones.
Igualmente, ofreció la colaboración del BCRD para proponer modificaciones a la Ley del Notariado, así como para la campaña educativa sobre la Ley contra el lavado de activos.EFE