SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento “Bájame la Gasolina” depositó este lunes ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo contra el ministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo, al cual acusa de alegadamente retener información de dominio público.

La entidad cívica sostiene que García Arévalo ocultad datos sobre el cálculo del precio de los combustibles, en supuesta violando a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Asimismo, adelantó que de no progresar este recurso, el próximo paso será el sometimiento penal del funcionario.

El movimiento procedió a someter al funcionario por lo que considera una violación del Artículo 10 de la  Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

“Bájame la Gasolina” a través de su coordinador Juan José Lomba, remitió una comunicación al Ministerio de Industria y Comercio el 26 de Mayo del año en curso solicitando  una copia certificada de las facturas de importación de combustibles fósiles y derivados de petróleo por el periodo comprendido entre el  1 y el 26 de Mayo.

Las facturas debían contener la descripción del importador, la procedencia de la mezcla y la calidad de la misma, así como los costos de importación. Aparte de esto solicitaban una definición de las 12 variables  que componen el precio de paridad de la importación, entre otros detalles.

La respuesta fue referirlos a la página web del Ministerio, donde según los demandantes no se encuentra la información requerida, lo que para ellos representa una denegación de la información, lo cual está penado por la ley de libre acceso a la información si no se le da respuesta en un plazo y de una forma previamente establecidos.

En la presentación de la demanda  asistieron en apoyo Juan Ignacio Espaillat, ex presidente de ANADEGAS; Julio César de la Rosa Tiburcio, de ADOCCO, Álvaro Caamaño, de “Bájame la Gasolina”; Ramón Pérez Figuereo, del CNTU, así como el coordinador general del sometimiento, Juan José Lombas, del movimiento “Juventud Patria para Todos”.

Pérez Figuereo manifestó que “el país tiene derecho a saber cuál es el criterio que utiliza aquí para fijar los precios de los combustibles, cuál es el criterio que utiliza aquí para calcular lo que se hace desde industria y comercio y cuál es el precio al que se compra el petróleo en este país.”

Por su parte, Álvaro Caamaño, de “Bájame la Gasolina” dijo que no se detendrían ahí y que de ser necesario acudirían a la vía penal para hacer valer la ley.