SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, solicitó al director general de Aduanas, Fernando Fernández, reconsiderar las medidas adoptadas que facilita el mecanismo de ventas al mercado local por parte de las empresas de zonas francas, para que de ese modo el Consejo Nacional de Zonas Francas pueda obtener recursos para operar.
El Consejo Nacional de Zonas Francas lo dirige la señora Luisa Fernández, hermana de la arquitecta Alma Fernández, directora del INVI. El Consejo aumentó el costo de sus servicios considerablemente a todas las empresas de zonas francas del país.
El Consejo Directivo de Zona Franca, que preside el ministro de Industria y Comercio, le solicitó hacer la gestión ante el director de Aduanas, para solicitar que revoque las medidas que facilita las ventas de esas empresas al mercado local, “pues el mismo ha afectado considerablemente los ingresos financieros de dicho Consejo”.
Explica que luego de promulgada la Ley 139-11, con la cual se procura aumentar los ingresos del gobierno y cumplir el acuerdo con el FMI, “se procedió a modificar el artículo 17 de la ley 8-90, sobre Zonas Francas, en lo relativo a la eliminación de requisitos de desempeño y permitir que las empresas de zonas francas puedan vender sus productos en el mercado local sin límites cuantitativos, y al mismo tiempo establece que para realizar dichas ventas deben comunicarlo al Consejo Nacional de Zonas Francas, sin embargo, en la práctica este procedimiento no se cumple”.
José del Castillo Saviñón admite en su carta que el Consejo de Zonas Francas “cubre más del 80% de sus gastos administrativos-operativos con recursos provenientes de diferentes servicios que brinda a las empresas del sector, para los cuales el organismo rector ha especificado tarifas mediante resoluciones”.
Explica que en los últimos 12 meses los ingresos del Consejo Nacional de Zonas Francas se han reducido, como consecuencia de que las empresas del sector “ya no solicitan autorización para vender bienes y servicios en el mercado local, lo cual es debido a que ya no constituye un requisito del proceso aduanal para la liquidación de los mismos”.
Vale decir, que el ministro de Industria y Comercio le está solicitando al director general de Aduanas que viole la ley, para que el Consejo de Zonas Francas tenga fondos para sus actividades.
Según el ministro de Industria y Comercio, el Consejo Directivo de ZF está obligado a producir algunas adecuaciones en las fuentes de sus ingresos, pero que está consciente “de que no es el momento para conciliar este tema con los representantes del sector, además de que se visualiza como un proceso pausado”.
Claro está, ya las empresas de zonas francas se sienten agobiadas por la cantidad de exigencias y cobros que les hacen, que no pueden seguir haciendo por razones legales, pero que buscan imponer de manera administrativa por la vía de Aduanas.
Lo que solicita José del Castillo Saviñón, en su carta, es “comprensión” al director general de Aduanas, y que establezca por la vía administrativa una media “que nos permita continuar con las aprobaciones de dichas ventas, y se les exija a las empresas de zonas francas la debida autorización del Consejo en el proceso de liquidación y servicios hacia el mercado local”.
Ay!!! Los cobros que realiza el CNZF son abusivos
En el país existen unas 400 empresas de zonas francas, hay además otras 50 empresas instaladas en zonas francas especiales, que tienen vocación exportadora y que por lo complejo de su producción industrial no pueden estar en un parque de zona franca.
Cada zona franca paga mensualmente una cuota al Consejo Nacional de Zona Franca, además de que el CNZF cobra tarifas que han sido elevadas excesivamente en el período de la licenciada Luisa Fernández.
Por ejemplo, para clasificar un parque de zona franca antes costaba 30 mil pesos y ahora cobran 400 mil pesos. Clasificar una zona franca especial cuesta 400 mil pesos, que los cobra y administra el CNZF. Una reclasificación cuesta 210 mil pesos, un cambio de nombre cuesta 17,400 pesos, un traspaso de beneficio cuesta 55 mil pesos, un traspaso de beneficio a zona franca especial cuestas 130 mil pesos, un traspaso de beneficio a operadora de ZF cuesta 210 mil pesos, un cambio de ubicación cuesta 55 mil pesos.
También se cobra por el permiso de instalación de empresas en parques de zonas francas 110 mil pesos, permiso de instalación de parques 420 mil pesos, modificación de área de parques 110 mil pesos, renovación de permisos de zonas francas 130 mil pesos entre muchos otros cobros.
Estos cobros incluyen carta de no objeción, 12 mil pesos, exoneración de ITBIS para vehículos 8 mil pesos, carta de exoneración de combustible 4 mil pesos, certificar una copìa cuesta 3 mil pesos, modificar una actividad cuesta 8 mil pesos. Es decir, se cobra por todo.
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