La auditoría externa del Banco Providencial para el año 2015, disponible al público en el portal de la Superintendencia de Bancos, da indicios de la anormal situación con la liquidez y las cuentas por cobrar, que la Junta Monetaria plasma como graves violaciones regulatorias en su Tercera Resolución del 19 de mayo 2016.
La liquidez inexistente y una deuda por cobrar incobrable explican un “hoyo financiero”, o desfase entre activos y pasivos de aproximadamente RD$800 millones, un 80% del activo que presentaba como bueno y válido la entidad bancaria. Es esto lo que para las autoridades fundamenta su intervención para proteger a todos los depositantes y los acreedores bancarios, utilizando aportes de un fondo especial y capital privado para crear una entidad bancaria nueva, líquida y solvente.
De acuerdo al reporte de la firma Montero de los Santos & Asociados, el Banco Providencial presentaba como liquidez disponible “depósitos en tránsito” por RD$115 millones. En tránsito significa que es un efectivo que está en otra empresa por un corto tiempo, como los pasajeros de largos vuelos internacionales que tienen que detenerse en un país máximo por el par de horas en que llegará el otro avión. New York no cuenta entre sus visitantes a un pasajero en tránsito; tampoco una empresa que tiene depósitos en tránsito de terceros puede clasificarlos como suyos, no les puede buscar alojamiento permanente, vinieron de paso. Por eso es correcto que en los libros del Banco Providencial se registren como disponibilidad inmediata para cubrir cualquier urgencia financiera. ¿Pero por dónde andaban “de tránsito”?
La empresa donde temporalmente estaban estacionados era en Herbon Envíos S.A., una remesadora propiedad de la familia Hernández Bona; dueña a su vez del mismo banco que decía que con ellos estaban sus depósitos. Siguiendo el protocolo que mandan las normas de auditoría, una carta fue enviada a los accionistas de Herbon Envíos para verificar la existencia y el monto de estos depósitos que los accionistas del Banco Providencial alegaban se encontraban en su poder, listos para ser retornados en el corto plazo o a requerimiento inmediato. Como era de esperar, los Hernández Bona confirmaron a los auditores que era verdad que tenían de los Hernández Bona depósitos en dólares por el equivalente en pesos de RD$115 millones. Ser juez de su propia causa, como bien advierte La Biblia, es una posición muy cómoda y si es descartable para el Juicio Final, con más razón no se debe tomar tan a la ligera en una auditoría financiera. La verificación de coartadas, por dolorosa que sea en parientes cercanos, no admite excepciones en investigaciones forenses criminales o financieras.
Los dueños del Banco Providencial también mostraron a los auditores externos un balance general donde decían tener en Caja, es decir, en el bolsillo, el monedero o la cartera del banco, billetes y monedas que sumaban RD$51 millones. Pero esa bonanza de liquidez ahí no terminaba. En Efectivo en Tránsito decían tener RD$147 millones, regados en diferentes agentes de cambio que hacían operaciones de divisas con éste dinero de su propiedad.
Un agente de cambio compra y vende dólares con pesos que son propios o “a consignación” por parte de un tercero y, como es un negocio donde todos los clientes respetan el famoso letrero “Hoy no fío, mañana sí”, el efectivo siempre está en la caja. No hay riesgo para los propios ni para los ajenos. Parece que los accionistas explicaron al auditor que no había nada que temer, que esa disponibilidad vivía rotando tanto entre el banco y los agentes de cambio que por eso usaban su propia compañía de seguridad para transportar el efectivo. En los balances mensuales que publican los supervisores por eso es que el Banco Providencial sale como el “Rey del Cash” y el cierre del 2015 no es excepción.
En efecto, con los RD$115 millones que tenían depositados en otra empresa de la familia, los RD$51 millones de efectivo en bóveda y los RD$147 millones en billetes guardados en las cajas de los agentes de cambio, la liquidez disponible era de RD$313 millones, la más alta entre los bancos de ahorro y crédito. Todo bien en los libros de diciembre 2015, excepto que…terminó el año con un desencaje, sin disponibilidades para cubrir el requerido de encaje legal. El Rey del Cash sobregirado en el Banco Central en el 2015 por segundo año consecutivo, tal como dice la auditoría:
“Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el monto requerido para encaje legal asciende aproximadamente a RD$ 44,814,129 y RD$30,822,128 respectivamente, el Banco mantenía efectivo en el Banco Central de la República Dominicana para estos fines por un monto de RD$24,319,985 y RD$ 31,169,181, los cuales para los años 2015 y 2014, no exceden la (sic) cantidades mínimas requeridas a esas fechas.”
Extraña que de la liquidez excepcional de RD$313 millones no se hubiese podido tomar 25 millones para estar al día con el encaje en el 2015. En el 2014, hay un error en la estimación de la auditoría sobre el encaje, tal vez de un 0 por 8, porque el valor requerido se acerca más a RD$38 millones y el desencaje aproximadamente de RD$7 millones. Lo curioso de estos dos desencajes es que con tan sólo la liquidez que se reportaba estaba en caja, en la propia bóveda del Banco Providencial, era posible cubrir varias veces el faltante del monto requerido. En 2015, el efectivo en caja era RD$51 millones y podía cubrir dos veces el faltante; en 2014, RD$71 millones, que daba para poner 10 veces lo que le faltaba. ¿Cómo se explica esto?
La auditoría hace un comentario que pone en duda la existencia de los casi RD$200 millones reportados como efectivo que estaban en la caja del propio banco o en tránsito con los agentes de cambio hacía operaciones de divisas. El Presidente del Banco y el Contralor les dijeron que ese dinero estaba ahí, pero ellos no pudieron abrir la bóveda para contar el efectivo o visitar las diferentes agencias para validar que por ahí estaba “de tránsito” el dinero del Providencial.
Esto dicen textualmente: “Estos saldos incluyen un monto de RD$198,575,173, pero no fue posible verificar el arqueo físico de los valores que la componen debido a que esa fecha no habíamos sido nombrados auditores externos de la Entidad y no fue posible satisfacernos de su razonabilidad mediante la aplicación de otros procedimientos alternos de auditoria.” Esto se parece a dar este testimonio en Nuremberg, hace 70 años: “Dicen que esas cenizas provienen de cuerpos humanos, pero fui trasladado por mi comandante a ese recinto cuando ya no quedaba ningún detenido ahí, no tenía a mano los instrumentos para determinar la procedencia y confié en la palabra del oficial me aseguró eran por tecnología innovadora de calefacción…”
Con las cuentas por cobrar, los auditores externos del Banco Providencial también dieron fe pública a la palabra de los dueños de que todo estaba como mandan las normas, las buenas costumbres y la prudencia religiosa entre su banco y su propia empresa de remesas, innovadora, reconocida mundialmente y galardonada por corresponsales extranjeros. Esto explican sobre el saldo de las cuentas por cobrar: “Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de US$7,031,018.34 con una prima de RD$413,463,998.66, está compuesta por adelantos a empresas captadoras de remesas en el extranjero, aunque hemos recibido la confirmación del saldo de esa cuenta por parte de las empresas deudoras, se observa que durante el periodo enero – mayo de 2015, esta cuenta registró movimientos que permiten clasificarla como una cuenta por cobrar recurrente.”
Esta es la cuenta por cobrar del Banco Providencial, propiedad de los Hernández Bona, que la Tercera Resolución revela correspondía en su totalidad a Herbon Envíos, remesadora propiedad de la misma familia dueña del banco. De nuevo los auditores recibieron conforme una confirmación de los Hernández Bona, con el logo de la Remesadora Herbon Envíos, de que debían al Banco Providencial, el banco de ahorro y crédito propiedad de los Hernández Bona, la suma de RD$413 millones. Se limitan a comentar que “estiman” es una operación de tipo recurrente, una realidad evidente con una simple inspección de las informaciones públicas sobre la evolución de esta cuenta, en los estados disponibles en el portal de la Superintendencia de Bancos.
Cinco meses más tarde, los accionistas y administradores del Providencial declararon a los supervisores que los destituyen de la entidad por malos manejos, de acuerdo al contenido de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria del 19 de mayo 2016, que esa cuenta, además de recurrente, estaba en una situación de incobrable; que su propia remesadora ya no contaba con los recursos para pagar a su propio banco, y que tampoco existía en su Banco Providencial la liquidez por más de RD$300 millones que los libros decía tenían en efectivo en caja, distribuido en agencias de cambio y en depósitos en tránsito con su compañía de envíos familiar. De acuerdo a ese documento, los accionistas admitieron tener contabilidad falsa por cerca de RD$800 millones.
A estas irregularidades se suma recientemente las imputaciones de haber realizado captaciones de terceros por una inmobiliaria de su propiedad, en otra franca violación a las normativas financieras que se explica en los actos judiciales han conducido al arresto de los Hernández Bona y la imposición de medidas de coerción con arresto domiciliario y prisión preventiva. Alegan en su defensa haber sido víctimas del despojo de los activos de su entidad, que presentaba problemas simples por un desfase en el tránsito de los recursos, de fácil comprensión para el que conoce superficialmente el entramado especial de las actividades de remesas y canje de divisas. También que se les ha robado su patrimonio personal que construyeron de los dividendos del sano manejo de sus operaciones bancarias y de remesas, en una encerrona orquestada en contubernio por las autoridades y accionistas extranjeros. Los estrategas del complot contra ellos son los funcionarios del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, los miembros de la Junta Monetaria y los accionistas que aportan capital para fundar el Banco Activo Dominicana.
A éstos últimos los acusan de ser los que llaman la atención al Banco Central de que el Banco Providencial estaba presentando deficiencias en su encaje legal. Algo así como avisarle al Gobernador que el funcionario que vigila el cuadre al final del día de las disponibilidades que cada banco tiene en su cuenta con la autoridad monetaria, ha estado durmiendo frente a la pantalla por varios meses y se tragó el cuento de un desencaje providencial sin verificar los números. Las disponibilidades en esa cuenta suben y bajan en línea vía el sistema conocido como LBTR (Liquidación Bruta en Tiempo Real), concebido y puesto en marcha en la administración del actual Gobernador, por eso la imputación resulta extraña a todo el conocedor y usuario de ese sistema.
También los acusan de haber entregado a las autoridades una auditoría falseada sobre el banco, contratada a un tercero en un proceso de debida diligencia llevaban con la entidad. Las resoluciones de la Junta Monetaria, sin embargo, al citar aspectos de esa auditoría privada muestran que hay coincidencia con las mismas debilidades que fueron citadas por los auditores externos contratados por el Banco Providencial, para entregar como información pública estados auditados a la Superintendencia de Bancos: gravísimas irregularidades en la información sobre la liquidez, que se probó inexistente, y autocuentas por cobrar calificadas por ellos mismos de imposible recaudo.