SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El paulatino, pero continuo desmonte arancelario del arroz importado desde los Estados Unidos, a partir del 2016, pende como una filosa guillotina sobre la cabeza de los productores dominicanos, que se vislumbran en plena desventaja frente a sus competidores norteamericanos.
De ello no tiene la menor duda César Espaillat, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), quien teme un colapso generalizado del sector para dentro de diez ó doce años, a raíz de que el arroz estadounidense empiece a ingresar “totalmente libre de aranceles” al mercado local, lo que en virtud del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA) ocurrirá en el 2026.
“Ese es el susto de nosotros, porque a partir del 2016 se empiezan a bajar los aranceles que paga el arroz en Aduanas, de 99% a un 7% anual; para el 2022 bajaría al 50% y ahí todavía podemos competir, pero no cuando puede entrar exento todo el arroz” que se importe desde el denominado Gigante del Norte, indicó Espaillat.
Competir de tú a tú con EE. UU., misión imposible
Advirtió que bajo las condiciones actuales del tratado y los altos costos de producción, los arroceros dominicanos no tienen forma de competir con sus homólogos gringos, ya que la gran mayoría cultivan el cereal en pequeños terrenos, y muchos son parceleros de la época de la reforma agraria que se implementó en los años setenta.
“El apoyo del Gobierno ha sido extremadamente timido; se habla de una reconversión, pero no sabemos a qué es que vamos”
Según las cifras de Fenarroz, el 95% de los arroceros dominicanos cultiva el cereal en un área menor a las 100 tareas, y de esta catidad el 90% lo hace en menos de 50 tareas, con unos crecientes costos de producción y “muy poca rentabilidad”.
El escenario es muy distinto en Estados Unidos, donde el promedio de los productores siembra en alrededor de 15 mil tareas, además de los subsidios y los seguros a los que tienen acceso para garantizar sus inversiones ante las plagas y otras dificultades.
Espaillat afirma que hasta ahora las autoridades “no han hecho casi nada” para proteger eficazmente al sector arrocero, del que dependen económicamente “alrededor de 200 mil personas”, de manera directa e indirecta, entre ellas más de 30 mil productores.
“El apoyo del Gobierno ha sido extremadamente timido; se habla de una reconversión, pero no sabemos a qué es que vamos”. En el país actualmente hay alrededor de 1 millon 250 mil tareas sembradas de arroz, concentradas en provincias como Cotuí, La Vega, Nagua, San Francisco, Mao y Montecristi, que tienen al arroz como su principal actividad comercial.
Para elevar su competitividad, los arroceros precisan de un apoyo más activo del Estado en aspectos como la nivelación de tierras y producción de variedades de alto rendimiento, al tiempo que “lo ideal” fuera excluir al rubro del tratado de libre comercio.
“Esperamos que antes del 2020 nuestras autoridades puedan renegociar, o mejor excluirnos del acuerdo en la parte con los Estados Unidos, porque Centroamérica no es competidor nuestro” en este renglón, declaró el agroempresario al periódico Acento.