Santo Domingo, 3 jul (EFE).- El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, afirmó hoy que el informe sobre la central Punta Catalina presentado la semana pasada por la comisión investigadora del proceso de licitación que adjudicó la obra a la empresa Odecrecht, es un documento "objetivo y equilibrado".
En un comunicado remitido por la Presidencia, Isa Conde opina que es "un informe bien elaborado, que tomó tiempo hacerlo, bastante objetivo. Me gustaron las recomendaciones, pues hay muchas cosas que se pueden mejorar".
A su entender, ahora corresponde pasar la página en lo que concierne a esa obra, y abogó por la concentración en aspectos fundamentales vinculados con el desarrollo eléctrico nacional.
Una de las recomendaciones de la comisión es que "Punta Catalina debe ser terminada y que el Estado dominicano adquiera los terrenos, propiedad de la familia Vicini, en los que se construye la central".
El informe, presentado el viernes por la comisión designada hace seis meses por el presidente de la República, Danilo Medina, señala que la licitación y adjudicación de la termoeléctrica se hizo "mayormente conforme a la ley", y no se encontraron indicios de pago de sobornos en el proceso.
De igual modo, que no hubo sobrevaluación de la obra y que el precio de 1,945 millones de dólares acordado en el contrato es un seis por ciento inferior a de otras plantas similares en América Latina, apunta la nota.
Otra afirmación contenida en el informe es que la solución del problema energético existente en el país pasa por la central, que diversificará la matriz energética y reducirá el costo promedio de generación.
En cuanto a las recomendaciones, "fueron que Punta Catalina debe ser terminada y que el Estado dominicano adquiera los terrenos, propiedad de la familia Vicini, en los que se construye la central".
Recomendaron, además, revisar la Ley de Compras y Contrataciones con el objetivo de que el Estado fortalezca su capacidad de negociación en futuras compras de bienes y servicios de obras públicas.
La constructora brasileña adjudicataria de los trabajos es objeto de investigación en la República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares. EFE