SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, externó su rechazo a que se deje sin efecto el pago que deben hacer las distribuidoras de electricidad a las administraciones municipales por el uso del suelo y los espacios públicos, correspondiente al 3% de sus ventas brutas.
Indicó que las alcaldías objetan que este arbitrio sea sustituido por un cargo tarifario a los usuarios para el mantenimiento del sistema de alumbrado público, como ha planteado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) en el escenario del Pacto Eléctrico.
“Nosotros no compartimos esa visión, habrá una mesa de diálogo donde expondremos nuestra posición, y nuestra posición es que se mantenga el 3% que se les cobra a las distribuidoras y comercializadoras por el pago que hacen los usuarios”, dijo De los Santos, quien preside la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).
Explicó que, de hecho, son “muy pocos” los municipios del país en donde se ha podido implementar esa parte de la Ley General de Electricidad (125-01), además de que cada distribuidora lo hace con distintos mecanismos.
“En el caso de Santo Domingo Este, por ejemplo, no se ha podido llegar todavía a un acuerdo, porque no se han hecho las evaluaciones, las mediciones correspondientes, y por lo tanto es una ley que está ahí, preo se cumple en muy pocas administraciones locales”, manifestó.
De los Santos sostuvo que las alcaldías pondrán sobre la mesa su postura en el marco del Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico. "Lo que queremos es que cuando se apruebe el Pacto haya un marco regulatorio, un protocolo igual en todas las distribuidoras, para todos los ayuntamientos, porque ahora aquí cada administrador de las Edes tiene un esquema diferente y así ha sido casi imposible llegar a un acuerdo”, apuntó.
En su propuesta, el sector empresarial sugiere modificar el procedimiento que regula la red del alumbrado público, para transferir a los usuarios el costo de este sistema, que en la actualidad corre por cuenta de las alcaldías.
Con relación a las alcaldías, se planeta “eliminar la responsabilidad de pago de los ayuntamientos a las empresas distribuidoras por las inversiones en el alumbrado público, tales como su instalación, mantenimiento y pago de su consumo eléctrico, sustituyendo dicho pago por un cargo tarifario a los usuarios finales”.
De implementarse este mecanismo, se eliminarían de la legislación “todas las legislaciones que lo establezcan, la obligatoriedad de las distribuidoras de pagar un tres por ciento (3%) de sus ventas brutas a las alcaldías por los derechos de paso y uso de suelo”.
Además de los postes de iluminación, el sistema de alumbrado público comprende los semáforos, los espacios para publicidad que consumen electricidad y que rentan o concesionan las alcaldías, así como los edificios donde operan las oficinas administrativas de las alcaldías y sus dependencias.
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