SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El acceso a crédito que haga posible la recuperación económica, la vuelta de los empleos suspendidos y perdidos, la reapertura de empresas, retomar la ruta del crecimiento y del bienestar social, se ha convertido en una urgencia ante los efectos de la pandemia del COVID-19, expresó Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Marranzini señaló que para ese acceso a crédito en condiciones favorables a la recuperación se requieren muchas políticas que faciliten al sector esas metas y la meta de crecer en las exportaciones. Consideró que una de esas vías es la establecida en la Ley 45-20 o de Ley de Garantías Mobiliarias.
El presidente de la AIRD hizo uso de la palabra al presentar a María del Pilar Bonilla, conferencista invitada en un Webinar organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) con el tema de “Garantías Mobiliarias: una herramienta de acceso al crédito”. La actividad también contó con la participación de Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las Mipymes y la moderación de Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD.
El proceso prevé que la Ley entre en vigencia en diciembre del presente año. El viceministro Méndez expresó que la Ley tiene un plazo y hay cosas que hay que operativizar, pero no descartó que pudiese adelantarse la publicación del registro dada la emergencia que vive el país. Expresó que muchas MIPYMES no son sujetos de crédito, pero con las garantías mobiliarias el crédito podría dinamizarse. La reapertura de la economía va a requerir muchos recursos. También se comprometió a trabajar para que en el menor tiempo posible se tenga aprobado el fondo de garantía.
Una legislación moderna
Bonilla expresó que con la Ley 45-20 República Dominicana cuenta con un régimen legal de garantías mobiliarias que es moderno, flexible, eficiente y legalmente apropiado por lo que se abre una puerta muy importante para la obtención de crédito por parte de las empresas del país.
Bonilla, abogada y notaria, con ejercicio profesional por más de quince años, en el área corporativa, especialmente en temas de garantías reales mobiliarias, indicó que la forma de hacer negocios con los bienes muebles es muy distinta de la de bienes inmuebles y que el régimen legal establecido en la Ley 45-20 se ha hecho pensando en la realidad de los negocios en República Dominicana.
Señaló que actualmente a la hora de ejecutar una garantía mobiliaria no se sabe qué lugar ocupa el acreedor en relación al mueble, hay una gran falta de certeza jurídica y la ejecución es poco clara en la realidad, se carece de información adecuada y transparente a terceros. La nueva Ley supera todos estos obstáculos y facilita la relación acreedor-deudor, así como la obtención de crédito.
Al hablar de la experiencia de otros países, explicó que la obtención de crédito por parte de las empresas es un tema clave de competitividad y que República Dominicana se quedó rezagada en el uso de las garantías mobiliarias con relación a Centroamérica y Colombia, no porque esté haciendo mal las cosas “sino que los otros la están haciendo mejor”.
Para que funcione el régimen de garantías mobiliarias, dijo, se necesitan cuatro puntos: un marco legal, un sistema de publicidad, procesos de ejecución claros y régimen prudencial, todo lo cual es establecido en la Ley 45-20, aprobada en el país y que se espera entre en vigencia en diciembre del presente año.
Este nuevo marco legal facilitaría el surgimiento y/o consolidación de nuevos productos financieros como el leasing o el factoring. La AIRD ha pedido al gobierno la aprobación del factoring. En ese sentido, Bonilla consideró que la normativa para el factoring debiera permitir que todas las facturas se puedan vender.
“Se regula de modo general en la Ley de Garantías Mobiliarias. Es un marco legal que puede ayudar a dinamizar un poco lo que puede hacerse con las cuentas por cobrar. Eso ayudará a oxigenar a las PYMES que tienen complicación en cuanto a la liquidez”, señaló.
Retos y oportunidades
Entre los retos señalados en el seminario, se señaló el de la implementación de un registro totalmente electrónico de modo que pueda cumplir a cabalidad todos los principios que la Ley establece en términos de publicidad, el cual se hará mediante una plataforma de acceso remoto.
El país tiene también el reto de la capacitación, tanto al sector empresarial, como al sector financiero y al poder judicial. “Los jueces deben conocer la herramienta para poder dictar sentencias y precedentes de acuerdo a la Ley”.