La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) rechazó que el empresariado haya motivado o ejercido presión para lograr la destitución de Michel Cohen como presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), que se produjo el pasado martes.
“Eso no es cierto”, dijo Circe Almánzar sobre las versiones que atribuyen a sectores empresariales e industriales haber gestionado la sustitución de Cohen, a raíz de que el organismo divulgara sendos estudios sobre las condiciones de competencia y alta concentración en los mercados de las cervezas, los medicamentos y los seguros.
Almánzar sostuvo que el sector privado ha mantenido siempre la posición de que Pro Competencia sea conformado y funcione como el órgano sancionador y fiscalizador de los mercados que está llamado a ser, en función de la Ley General de Defensa de la Competencia (42-08).
“Somos los primeros que hemos llamado la atención sobre la importancia de que el organismo se conforme como manda la ley, para que pueda gozar de la legitimidad, porque para que funcione bien tiene que contar con la suficiente credibilidad y actuar como lo que es, un órgano colegiado sancionador y fiscalizador de las practicas de mercado”, expresó.
“Se han designado ya tres personas supuestamente como presidentes, al margen de lo que establece la ley, porque la ley establece que es la misma Comisión, el pleno de la Comisión que designa los presidentes… y ahí ha habido un error en la forma de designación, que no sabemos por qué”
Señaló que no se puede “estar buscando en otros actores lo que realmente ha sido un problema de funcionamiento cabal de la institución”, dijo Almánzar, al reiterar la necesidad de que sea designado el director ejecutivo de Pro Competencia, única instancia facultada para hacer investigaciones en torno a prácticas de mercado anticompetitivas.
“En la en la medida en que esa institución no se conforme adecuadamente, no va a gozar de la credibilidad necesaria para poder hacer los estudios e indagaciones y convertirse en lo que es, un tribunal”, enfatizó.
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Almánzar reiteró el respaldo del sector industrial a la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entidad que rechazó en duros términos y consideró ilegales la realización y publicación de las citadas investigaciones de mercado por parte de Pro Competencia.
Adujo, en este sentido, que la Comisión debe funcionar como un tribunal y guardar confidencialidad “hasta el momento en que determine la multa que va a establecer, porque precisamente tiene la facultad de multar, de sancionar a aquellos que abusan de prácticas desleales, anticompetitivas y que no cumplen” con las reglas del mercado.
“Lo que sí llamamos la atención, y la volvemos a llamar, es que la propia ley establece que la Comisión no entra en funcionamiento hasta que no esté designado el Director Ejecutivo”, manifestó. Almánzar apuntó que los empresarios se han limitado a sugerir el “perfil” profesional que debe tener quien sea electo para esta posición, absteniéndose de recomendar candidatos.
Designación al margen de la ley
La ejecutiva de la AIRD indicó que la recién designada presidenta de Pro Competencia, la comunicadora y abogada Yolanda Martínez, cumple los requisitos estipulados para ocupar el cargo, pero que su elección se produjo de manera irregular, “al margen” de lo que establece la Ley 42-08, al igual que la de sus predecesores.
Apuntó que la legislación atribuye esta facultad al pleno de los comisionados, o sea, al Consejo Directivo de Pro Competencia.
“Se han designado ya tres personas supuestamente como presidentes, al margen de lo que establece la ley, porque la ley establece que es la misma Comisión, el pleno de la Comisión que designa los presidentes… y ahí ha habido un error en la forma de designación, que no sabemos por qué”, explicó.
Puntualizó que Martínez en lo personal “cumple con el mandato” de la ley. “Ahora, la forma en que fue designada habría que ver si realmente se designó cumpliendo con lo que establece la ley; pero repito, es un comisionado más, hay varios comisionados que se le ha vencido el tiempo, y el fiscal facultado para implementar las investigaciones tiene que ser designado. Esa es la prioridad”.