SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ponderó los esfuerzos realizados por el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial para emitir la resolución 17-2015, que establece la obligatoriedad de la fuerza pública en la ejecución de las sentencias emanadas de los tribunales.
Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD, indicó que la disposición "organiza de modo claro el proceso para la ejecución de sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos, evitando así el desorden que imperaba en algunos actos o la inefectividad" de las decisiones judiciales.
Esta resolución tiene carácter transitorio hasta que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sancionen la Ley que corresponde, según ordena el Tribunal Constitucional en sentencia del 2013.
Agregó que la resolución fortalece la seguridad jurídica en el país y permite fortalecer el trabajo conjunto de la fuerza pública y el Ministerio Público, lo cual es muy importante.
“Es muy importante que el ministerial actuante en un desalojo o un embargo esté acompañado de la fuerza pública, la cual debe ser canalizada según establece la Ley Orgánica del Ministerio Público”, expresó Almánzar.
El Ministerio Público tiene la obligación de otorgar el auxilio de la fuerza pública y notificar a los órganos competentes de este requerimiento, sostuvo la empresaria. “En ocasiones nos hemos encontrado con desalojos arbitrarios, acompañados de turbas, y en otras, en cambio, hemos tenido sentencia que no se ejecutan porque sus beneficiarios no cuentan con la fuerza pública y tampoco arman grupos. Con la resolución se tiende a evitar la arbitrariedad y también la ineficiencia”, indicó Almánzar.