SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La ex superintendente de Competencia de El Salvador, Celina Escolán, afirmó que el proceso establecido en la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia para casos de conductas anticompetitivas en el mercado garantiza sus derechos fundamentales, tanto a la parte investigada como al denunciante.
Al participar como oradora principal en el desayuno empresarial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Escolán indicó que “la buena fe comercial se presume siempre, como parte del conjunto de condiciones y requisitos mínimos de carácter jurídico y procesal que definen el debido proceso”.
La magistrada de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador sostuvo que de acuerdo a lo que establece la legislación, la garante del debido proceso y el respeto de las garantías constitucionales de los administrados es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La funcionaria explicó que la Ley 42-08 tiene como principio el de unidad de ordenamiento de la economía y reconoce el derecho constitucional a la libre empresa, comercio e industria
“Sus artículos consignan el derecho a ser oído, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial; el derecho a la presunción de inocencia y a tener un juicio público, oral y contradictorio”, precisó Escolan, quien es consultora en materia de competencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Declaró que las resoluciones de esa jurisdicción, con capacidad técnica y profesional incluso para revisar actos administrativos del Estado, estarán dotadas de predictibilidad, certeza legal y podrán ser recurridas, de conformidad con la legislación.
De su lado, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia) Michelle Cohen, garantizó que en “esta Comisión primará el apego a los principios de la Ley 42-08, particularmente a la obligación de garantizar el principio de inocencia, equidad, justicia y confidencialidad al momento de arbitrar los sometimientos por conductas anticompetitivas”.
Cohen declaró que el sistema de competencia está íntimamente vinculado a la urgente necesidad de consolidar las garantías jurídicas en la República Dominicana, por lo que llamó a todos los sectores influyentes en la estructuración de políticas y al aparato productivo a aunarse para contar con este marco institucional.
La funcionaria explicó que la Ley 42-08 tiene como principio el de unidad de ordenamiento de la economía y reconoce el derecho constitucional a la libre empresa, comercio e industria.